25 de ene. de 2010

Democracia vs. Dinero: Sigue ganando (el) dinero



Nuestro corresponsal en NY, JGB, nos envía nota sobre el reciente -y terrible- fallo de la Corte norteamericana -"Citizens United"- en materia de financiamiento de campañas. El fallo es tan reaccionario que implica un retroceso respecto del histórico y ya muy preocupante fallo "Buckley v. Valeo" (un fallo tan malo que hasta el propio John Rawls, filósofo que muy raramente se ocupó del análisis de casos judiciales "reales" lo tomó como paradigma de lo que una Corte nunca debería decir). Va el escrito de JGB. También, link directo a la página de los amigos de Sin permiso, acá, donde se publicó originariamente.


Otro Golpe al Corazón del Proyecto Democrático: Dinero y Campañas en Estados Unidos

Juan González Bertomeu

La Corte Suprema de los Estados Unidos, con su decisión de invalidar una ley federal que ponía límites a los gastos electorales de las empresas, acaba de debilitar la ya vapuleada democracia norteamericana. La sentencia, pronunciada por la mayoría conservadora de la Corte, se alinea con otras de los últimos años que también refuerzan el poder de las corporaciones.

La actividad política cuesta dinero. Los candidatos deben asegurarse que sus proyectos lleguen a los votantes; para eso deben utilizar los modos que estimen más efectivos. Un siglo atrás, las ideas políticas se daban a conocer –casi exclusivamente- mediante panfletos de baja circulación y en mítines públicos. Los candidatos viajaban y exponían sus puntos de vista en pueblos y ciudades correspondientes a sus distritos electorales. La aparición de la radio –primero– y la televisión –luego– alteró dramáticamente esta situación. La gente, así, se acostumbró a escuchar ideas por estos medios, movilizándose menos que antes, especialmente ayudada por sistemas políticos que no incentivan la participación popular activa.

Un minuto en televisión resulta muy costoso, y por eso los candidatos necesitan reunir ingentes sumas de dinero. La irrupción de internet y otras manifestaciones de la revolución cambió en parte esta realidad, bajando los costos de la comunicación y haciéndola más fluida. La campaña presidencial de Barack Obama, basada en un uso óptimo de la tecnología disponible, es el ejemplo más claro de este punto. Con todo, su impacto sigue siendo limitado, en parte porque mucha gente carece de acceso a internet u otros medios digitales, y porque la popularidad de la televisión sigue y seguirá siendo enorme.

En las sociedades democráticas actuales, entonces, el dinero ejerce una significativa influencia sobre la política en general, y sobre el acceso a los cargos en particular. Un aspecto particular acerca de la relación entre el dinero y la política gira en torno a la oportunidad efectiva que cada ciudadano tiene de influir (de hacerse oír) en la toma de decisiones. El principio democrático según el cual cada persona vale un voto (no más y no menos que eso) resulta burlado cuando grandes disparidades económicas hacen, por un lado, que ciertos individuos tengan un acceso asegurado a la arena política (mediante contribuciones a los fondos de campaña o, incluso, auto-financiando una postulación), mientras que aquellos con menores recursos ven significativamente disminuidas sus posibilidades de lograrlo.

En pocos lugares se ha debatido tanto sobre el tema del financiamiento de las campañas políticas como en los Estados Unidos. Esta semana, en el caso Citizens United, la Corte Suprema resolvió la cuestión del peor modo posible, permitiendo a las corporaciones gastar de manera ilimitada a la hora de promover a un candidato. Al hacerlo, el alto tribunal invalidó buena parte de la ley federal sobre financiamiento político McCain-Feingold (aprobada en 2002, y así llamada por el nombre de los legisladores que la habían promovido, el primero de los cuales quien sería rival político de Obama). La sentencia mostró la división aguda existente puertas adentro de la Corte, entre los cinco jueces conservadores que firmaron el voto de mayoría (redactado por Kennedy, y secundado por Scalia, Roberts, Alito y Thomas) y los cuatro disidentes, progresistas moderados (Stevens escribió el agrio voto minoritario, acompañado por Breyer, Ginsburg y Sotomayor).

La decisión sobre la validez de la ley fue gratuita, pues el caso no exigía una opinión sobre ella. Su argumento principal fue que los límites a los gastos de las corporaciones o de los sindicatos promocionando a un candidato violan su derecho a la libertad de expresión (en cambio, los límites a las contribuciones directas a una campaña son válidos). Algo similar, aunque más tímidamente, había insinuado la propia Corte en 1976, en el famoso caso Buckley v. Valeo [424 U.S. 1 (1976)]. En el caso Buckley se discutía la validez de una ley de 1974, aprobada con el objeto de disminuir el peligro de corrupción en el sistema político, pero también de mejorar las condiciones de igualdad en el acceso al poder, para que la mayor riqueza de los candidatos o su mayor capacidad para recaudar fondos no constituyeran circunstancias excluyentes y definitorias en una campaña. Entre otros puntos, la ley establecía –de manera similar a la ley McCain-Feingold– un límite a las contribuciones políticas a favor de candidatos para cargos a nivel federal, y fijaba un límite a los gastos por parte de individuos o grupos “relacionados con un candidato claramente identificable”.

En su decisión en el caso Buckley, la Corte equiparó las contribuciones a favor de los candidatos con el propio discurso político (protegido por la Primera Enmienda), de especial importancia en un sistema democrático. Al reducir la cantidad del discurso, los límites en los gastos y contribuciones sólo podían resultar válidos si podían superar un escrutinio especialmente estricto: si se demostraba que la restricción al discurso era absolutamente necesaria debido al especial peso de las razones para adoptarla. El alto tribunal convalidó las restricciones de las contribuciones, afirmando que las limitaciones sobre los montos que alguien puede donar a un candidato o comité importan sólo una restricción marginal sobre la capacidad del individuo en cuestión de involucrarse en un libre juego discursivo. Pero invalidó casi totalmente las limitaciones a los gastos de campaña, rechazando como fin legítimo de la ley el de tender a “igualar la capacidad relativa de los individuos y grupos de influir en el resultado de las elecciones”. En su frase más controvertida, la Corte sostuvo que “el concepto de que el gobierno puede restringir el discurso de algunos miembros de la sociedad con el fin de ampliar la voz relativa de otros es completamente ajena a la Primera Enmienda, la cual fue designada para ‘asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas.’”

Uno de los más criticables de Buckley es que reconoció por primera vez que las corporaciones –y no sólo los individuos— gozan del derecho a la libertad de expresión. Este criterio es el que reforzó ahora la Corte en el caso Citizens United, dejando a un lado varias decisiones adoptadas luego de Buckley, en las que había convalidado límites semejantes (especialmente los casos Austin y McConnell). La Corte afirmó que los topes a los gastos corporativos (o de los sindicatos, que evidentemente cuentan con menor capacidad económica que las grandes empresas) durante las campañas son inválidos, hiriendo con ello de muerte los inusuales intentos por parte del Congreso de poner un coto al poder que las empresas ejercen sobre la política.

Las contribuciones de dinero, en efecto, podrían constituir una forma de expresión pública de las preferencias de los ciudadanos, o un modo de comunicar ideas, y gozar por ello de alguna protección. Esto se vio tal vez del modo más claro en 2008, durante la campaña presidencial de los Estados Unidos, cuando una enorme cantidad de norteamericanos manifestó su entusiasmo con Barack Obama donando dinero a su campaña, en general muy pequeñas sumas. Sin embargo, la noción de que aquellos mejor posicionados económicamente puedan tener una voz casi infinitamente mayor que el resto resulta antidemocrática. Como dijo el juez White en su disidencia en Buckley, “los gastos en este caso producen un discurso (protegido por) la Primera Enmienda... Pero éste es precisamente el punto: ellos producen tal discurso, no constituyen discurso por sí mismos.”

Al invalidar ahora los límites a las campañas, la Corte insinuó (al igual que en Buckley) que la garantía de la libertad de expresión fue establecida para asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas. Pero esta afirmación es doblemente tramposa en estos casos. La posibilidad de oír voces diversas y antagónicas se encuentra fuertemente condicionada por motivos económicos. Aquellos que menos tienen enfrentan dificultades casi insuperables para comunicar sus ideas. La libertad de expresión no sólo se ve amenazada por parte del Estado sino también por la situación de poderío económico de la que gozan ciertos individuos y grupos sobre el resto de la sociedad. Paradójicamente, es la propia Corte la que impide el cambio de esta situación.

Por otra parte, reconocer que las empresas tienen derechos constitucionales o humanos (derechos que en ciertos casos son tan fuertes como los de las personas físicas) es ignorar una realidad obvia: las empresas, a diferencia de los seres humanos, son una mera creación del Estado, y logran constituirse, crecer y construir su poder gracias a las facilidades que el propio sistema legal les brinda. Hacerlas gozar de derechos es, entonces, beneficiarlas artificialmente, por partida doble. Las corporaciones, ahora, tienen derecho a gastar enormes sumas de dinero para beneficiar a un candidato; mejor dicho, para beneficiarse a sí mismas al apoyar a un candidato en condiciones de llevar adelante sus propias propuestas. Como sostuvo la minoría en su disidencia, “[l]a diferencia entre vender un voto y vender acceso es una cuestión de grados…, y la venta de acceso por parte de un candidato no es algo cualitativamente diferente a que éste brinde una preferencia especial a quienes gasten dinero en su nombre.”

Con su decisión, la Corte norteamericana asestó un fuerte golpe al proyecto democrático. Lo hizo en un momento en que, además de padecer otros problemas graves, el sistema político norteamericano está asediado por el poder de las corporaciones. La sentencia refuerza esta dominación, subordinando potencialmente las plataformas políticas de un partido o de un candidato a sus designios, y contradiciendo el ideal democrático de la igualdad entre los ciudadanos. Convierte a la política en una réplica burda del ya disfuncional mercado económico, en el que el valor de una obra o idea se mide por el precio que otros quieren cobrar o pagar por ella, aunque sólo unos pocos pueden realmente cobrar o pagar lo que consideran que esa obra o idea genuinamente vale. Citizens United desata completamente la arena política a las fuerzas del mercado económico. Que, como sabemos, es cualquier cosa menos igualitario.

10 comentarios:

Anónimo dijo...

RG,
Más allá de la posición filosófica del artículo, me interesa tu opinión sobre "fallos de la Corte de US que no me gustan".

Digo, llamás a la desobediencia o lo aceptás como órgano superior, independiente y siempre bien ponderado en este foro que es la COrte de US? Qué te queda? esperar que un par de viejitos se mueran, que coincida con presi democrata, poner un par de los tuyos, traer de nuevo el tema y fallar en contra. Unos 10 a 20 anios no?

un fallo de la Corte de US es un fallo de la Corte de US...no?

rg dijo...

no te entiendo anonimo. Hace mil anios que escribimos aca, criticamente, sobre la corte de los estados unidos; hace anios tambien que escribimos criticamente sobre el control judicial. y aparte, este post trata de un analisis sobre un fallo concreto, no un llamado a la rebelion antijudicial

Anónimo dijo...

Definitivamente, los recursos económicos en campaña deberían estar regulados en pos de la igualdad de peso en el planteo de las eventuales propuestas políticas de los candidatos y la independencia de los mismos respecto de determinados factores de poder Se trata de una contienda de ideas -acaso, de un diálogo entre ellas- y no de la competencia en el mercado de bienes y servicios -cruelmente desregulado desde otro punto de vista-.

fahirsch dijo...

Sin que implique un juicio, señalo que toda la plata que tenía no le sirvió a Ross Perot para ser electo presidente.
Y Obama, fundamentalmente con las pequeñas contribuciones junto U$D 747.8 millones contra U$D 351.6 de McCain. De hecho los demócratas juntaron 1079.5 millones de dolares contra 606.9 millones de los republicanos (http://tinyurl.com/2pykl5)
Al que le interesa puede bajar de esas páginas la información sobre los donantes. Igual que aquí en la Argentina (En la página de la Justicia Electoral en el caso del informe del Partido Justicialista para la elección presidencial el pdf dice:"AVISO
EL INFORME FINAL DE CAMPAÑA FUE PRESENTADO POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ANTE LA SECRETARÍA ELECTORAL DE LA CAPITAL FEDERAL. SIN EMBARGO EL SOPORTE MAGNÉTICO DEL MISMO NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES TÉCNICAS PARA SU PUBLICACIÓN EN ESTA PÁGINA WEB, RAZÓN POR LA CUAL LA ENTIDAD FUE INTIMADA A FIN DE QUE SUBSANE DICHA CIRCUNSTANCIA.---------------------------------").
Obviamente tener dinero le ayudó a de Narvaez a hacer campaña, sobre todo para movilizarse, etc. Y seguramente las agrupaciones de izquierda más chicas no tuvieron las mismas facilidades. pero creer que dispone de plata en abundancia determina quien gana no se da con los hechos experimentales.
En 1973 Nueva Fuerza gastó un montón de dinero; no creo que hubo muchos argentinos que no hubieran sentido hablar sobre el partido. El resultado fue: nada.
Quizás sea una apreciación mía, y limitada a Buenos Aires, pero mi sensación es que en las tres últimas elecciones la propaganda televisiva y radial fue substancialmente inferior a las anteriores. En cambio fue mayor por Internet (substancialmente más barata). Obviamente no puedo decir lo mismo del costo de llevar gente a los actos

Diego Rodríguez dijo...

Un comentario sobre un punto del artículo. Si creo que la libertad de expresión es protegible en las personas jurídicas. Los diarios, los medios, las editoriales, son personas jurídicas, y estas son la forma en que las personas se agrupan para llegar a fines comunes. Es claro que no se puede violar la integridad física de una persona, pero un diario puede tener una línea editorial crítica al gobierno de turno, y en ese caso, no viola la libertad de expresión que la cierren?
Saludos,

Diego Rodriguez.

juani bertomeu dijo...

Sin duda, Diego, pero ahí el reconocimiento del derecho es instrumental, para que el diario lleve a cabo su trabajo y con ello se beneficie la sociedad.

Esto no sucede en el tema de los aportes a las campañas. Los jueces tratan aquí al derecho de un modo no instrumental, como si fuera intrínsecamente valioso que las empresas pudieran expresarse (digo, presuponiendo que los gastos de campaña son expresión).

Abrazo,

j.

Diego Rodríguez dijo...

Como aporte a lo que señalas de instrumentalidad, es interesante lo que dijo la Corte IDH en el caso Cantos. Básicamente, ahí dice: si dos campesinos tienen un tractor, en una "simple asociación", y les es confiscado por el gobierno, gozarán de la protección del sistema interamericano. Pero si estos dos mismos campesinos, para solucionar problemas legales constituyen una sociedad, o una fundación, o una asociación civil, con personalidad jurídica distinta de la personalidad física de los dos campesinos, y viene el estado y se los confisca, no goza de la protección?

En cuanto a las campañas, creo que la decisión de la USSC es mala, muy mala. Pero coincido que el dinero no lo es todo. Y tb. pienso que la solución no es una prohibición absoluta. Un abrazo,
Diego R.

Seba dijo...

Estimados,
Relativo más al nombre de la entrada que al fallo de la Corte, quiero llamar la atención sobre otra forma en el dinero gana cuando se relaciona al poder político. El ejemplo es Chile, a dos días de que Piñera fuese elegido, las acciones de la empresa con que controla el 26% de la aerolinea LAN, tuvieron un alza del 20%, equivalente a todo el dinero que gastó en su campaña más un millón y medio de dólares para el bolsillo (unos 140.000.000.000 de pesos chilenos). Al otro día tuvieron un alza del 60% (imagínense cuánto será)
Por el momento, el electo presidente aún tiene el control de estas acciones, así como las de un canal de televisión y las de un equipo de Fútbol entre otras cosas y no se sabe cuándo las dejará.

Es evidente, en el caso chileno, que su poder económico, (expresado en el control de medios de comunicación entre otras cosas), fue muy influyente en la opinión pública durante los últimos años, logrando introducir discursos que no tienen relación con la realidad del país... la influencia realmente existe.

La cosa es que tanto antes como después de las elecciones, la relación dinero - política trae problemas a los derechos y a la democracia, distorsionando el acceso a todo tipo de bienes en forma igualitaria y ayudando a extremar las desigualdades ya existentes.

saludos

http://botellaalmar-cs.blogspot.com/

juani bertomeu dijo...

Juicio político ahí, incluso antes de haber asumido.

j.

boudu dijo...

fahirsch

es interesante lo de Perot, te recuerdo que se retiro el voluntariamente y con chances de ganar. Luego creo q incluso se arrepintio.