Derecho y hambre

Con mucho atraso, una nota que al final no publiqué y me quedó en el tintero:


La pregunta más importante de la filosofía política moderna se refiere al uso legítimo de la coerción estatal: cuándo es que el Estado puede reclamar, legítimamente, el ejercicio de la fuerza? Esa pregunta general se torna más acuciante y grave cuando se piensa en la coerción de tipo penal. ¿Cómo puede ser -nos preguntamos- que el Estado, con toda la capacidad de amenaza que tiene, prive a alguien de su libertad, imponga deliberadamente el dolor? Es por ello que, desde siempre, el derecho penal ha necesitado de una justificación especial: en el terreno penal, lo sabemos, se juega con niveles de violencia muy altos, que merecen de un cuidado mayúsculo en su ejercicio. De allí que se hable del derecho penal como práctica que puede aparecer sólo como “ultima ratio,” a último momento, como respuesta última cuando todas las otras respuestas posibles frente al delito se han agotado.

Ahora bien, si hay problemas generales para justificar el uso de la coerción penal en abstracto, dichas dificultades resultan mucho mayores cuando la coerción penal se ejerce en contextos de extrema desigualdad económica y social. Aquí, los riesgos de que el Estado se exceda, abuse de su fuerza, limite la libertad de algunos por razones indebidas se agravan también de modo extremo. Aparece, en estos casos, el terrible peligro de que una parte de la sociedad -con mayor capacidad de injerencia sobre los modos en que el derecho se escribe, interpreta y aplica- utilice las herramientas de la violencia legítima fundamentalmente para preservar sus privilegios, justa o injustamente obtenidos.

Por todo lo dicho es que el derecho penal debe ejercese siempre, pero especialmente en países como el nuestro, con el más puntilloso cuidado. Mucho más -podríamos decir- cuando se quiere hacer uso de esa herramienta penal, tan violenta, contra los más pobres, que son los que más dificultades tienen para influir sobre la redacción e implementación de la ley.

Contra lo que los principios anteriores aconsejan, nuestro derecho penal se ha venido aplicando de modos abusivos, descuidados, explícitamente clasistas, a todo nivel, y en todo momento. En el recordado caso “Schifrin” (surgido al calor de la crisis del 2001), la Cámara Nacional de Casación Penal condenó a una maestra que salió a la calle a pelear por su sustento. Y no sólo le impuso una condena aberrante, sino que además la fundó de los peores modos, apelando a una idea de democracia mínima, insultante, según la cual democracia se reducía a votar cada tantos años mientras que todo lo demás (desde participar en política hasta protestar en las calles), en principio, pasaba a ser mirado desde la órbita de la “sedición.” Hace unos años, y en respuesta a las airadas protestas que se suscitaron frente a la Legislatura de la Ciudad mientras se discutían las reglas para el uso del espacio público (y se impedía a la ciudadanía que presenciara tales debates!), la justicia volvió a mostrar su peor cara. Después de una redada hecha “al bulto” entre quienes merodeaban en torno a la Legislatura, nuestros jueces decidieron el arbitrario e injustificado encierro de más de una decena de personas -la mayoría absolutamente inocentes.

Sumándose a esos casos extremos, paradigmáticos, la Cámara de Casación bonaerense acaba de decidir la condena a prisión efectiva a dos individuos reconocidamente honestos que, desesperados de hambre –otra vez, en el contexto de la excepcionalísima crisis del 2001- robaron un animal para darle de comer a sus familiares cercanos. En el voto mayoritario, los jueces Carlos Natiello y Horacio Piombo (juez recordado por la rapidez con que se deshacía de pedidos de hábeas corpus, durante la época del Proceso), sostuvieron que ni la pobreza ni el hambre permitían excusar la falta cometida (robar comida para no desfallecer de hambre). "Ni la miseria, ni la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos son presupuesto de la eximente del estado de necesidad”. Se trata de la lectura más opuesta posible a la que sugiriéramos más arriba. Pero no se necesitaba ir tan lejos: tampoco sirvió para nada la doctrina del “hurto famélico” (reconocida y aplicada en todo el mundo, y orientada a ejercer la indulgencia hacia los hambrientos que roban por hambre), ni un voto disidente dentro de la misma Cámara, en donde se hizo referencia a la probada buena conducta de los imputados, y a las circunstancias excepcionalísimas en que “la falta” se había cometido.

Es muy importante no ridiculizar estas decisiones, aunque ellas pasen a engrosar la lista de los fallos más escandalosos y groseros de nuestra historia reciente. Es muy importante no minimizar lo ocurrido, que implica encerrar a individuos que hicieron lo que cualquiera hubiera podido hacer por sus hijos, en una situación de desesperación similar, tan extrema. Es muy importante no olvidar este fallo: sus autores son acreedores de los más serios reproches jurídicos, mientras hoy, en vísperas de las fiestas, buenas personas pierden la libertad y el enorme respeto que se merecen.