Los gobiernos son aquello en lo que devienen. La política del nuevo gobierno, en materia de derechos

(Publicado en revista Panamá, acá: http://panamarevista.com/politica-de-derechos-del-nuevo-gobierno/)

Qué podemos decir sobre la política de derechos del nuevo gobierno?

Convocado a escribir sobre la política de derechos del gobierno, a seis meses de haber asumido el mismo, quisiera ofrecer fundamentalmente tres reflexiones. La primera de ellas se refiere a la discontinuidad que suele haber, en la Argentina, entre los primeros meses de un gobierno, y los meses sucesivos. Esta reflexión no contradice la posibilidad de evaluar a un gobierno entrante, pero sí pretende dejar en claro la limitada capacidad predictiva de aquello que se destaca y describe. La segunda reflexión se refiere a las señales iniciales que ha ido mostrando el nuevo gobierno (más allá de las potenciales implicaciones de las mismas). Lo que se trata de hacer es, en todo caso, un reconocimiento (y una crítica) en torno a los “rasgos de personalidad” propios del mismo. La última reflexión, más directamente relacionada con la cuestión de los derechos, se vincula de modo especial al modo implausible en que hemos estado pensando sobre la cuestión. Se señalan, en todo caso, algunos rasgos problemáticos de las (nuevas o no) políticas en la materia.

La impotencia predictiva de los primeros meses. Hay algo equivocado en la idea de querer hacer un balance de un gobierno argentino, luego de apenas seis meses de asumido. Por supuesto, tenemos la posibilidad y el derecho de examinar el asunto político que queramos, cuando queramos. Pero también es cierto que tenemos la experiencia histórica, y que ella nos dice que siempre –pero muy en particular en países como el nuestro- los gobiernos no son sino aquello en lo que devienen. Y ellos  ganan formas más concretas y definidas sólo luego de unos cuantos meses, cuando reconocen cuál es el tipo de terreno sobre el que están parados, cuáles sus márgenes de acción, cuáles sus expectativas de alianzas, cuáles sus posibilidades efectivas de utilizar los recursos económicos y medios de fuerza disponibles, en el marco del contexto local e internacional en el que están quedado situados. Y aquello en lo que devienen –lo sabemos- no siempre (y agregaría, poco habitualmente) se parece a aquello que insinuaron en sus comienzos.

Sólo por citar algunos ejemplos compartidos: recuérdense el intento de Raúl Alfonsín de orientar la economía designando como Ministro en el área a Bernardo Grispun, y su opción posterior por Juan Vital Sorrouille (con quien su gobierno estabiliza su política económica); o el tránsito de Carlos Menem, desde Miguel Roig y Néstor Rapanelli, a Erman González; o el deslizamiento de De la Rúa desde José Luis Machinea a Domingo Cavallo. O piénsese en el primer año de gobierno de Néstor Kirchner, su defensa de la transversalidad política y su demoledora crítica hacia los “caudillos provinciales,” que vira en cuestión de meses a su abandono de la transversalidad, y su pacto con aquellos a los que repudiaba. Todos estos ejemplos sólo reafirman que hay algo apresurado en la pretensión de hacer balances cuando los gobiernos nuevos recién se están instalando en el poder: Alfonsín intentó un camino más social-demócrata en un comienzo, que devino en uno más afín al “ajuste estructural” al poco tiempo; y Kirchner insinuó un camino (que él mismo definió) como de desafío a las “mafias provinciales,” que devino en pacto con aquellas mafias al poco tiempo de haberlas denunciado. Necesitamos prestar atención, entonces, a aquello en lo que los gobiernos devienen, al poco tiempo de haber llegado. Y para ello, según diré, debemos estar atentos a las señales iniciales del gobierno; dispuestos a escrutar sus habituales reacciones; y abiertos también a leer (y a dejarse sorprender, bien o mal, por) los hechos que ocurren, antes que urgidos a confirmar los propios prejuicios.

El error de muchos analistas políticos, que no reconocen lo anterior, es el de abrir un juicio sobre lo que el gobierno es, y predecir lo que el mismo va a ser, a partir de la gestualidad de sus primeros días, que suele ser muy poco indicativa sobre aquello que el gobierno va a reconocer como su “camino posible” –poco indicativa sobre el lugar en que la administración entrante va a tender a estabilizarse. En los peores casos –demasiado habituales en nuestro país, en este tiempo- los analistas suplantan la información con la que no cuentan por sus juicios previos, descuidando todos aquellos aspectos de la realidad que contradicen los mismos, o leyendo cada acto del nuevo gobierno conforme a lo que son sus expectativas de lo que el gobierno va a hacer (un ejemplo particularmente horroroso de lo anterior fue el juicio de un ex Secretario de Comercio kirchnerista –uno de los más brutales funcionarios públicos que supimos conseguir en democracia- sosteniendo que el actual gobierno es peor que el de Jorge Videla, porque éste último hacía desaparecer gente pero al menos “no hambreaba al pueblo”).

La fuerza de la historia. En este punto, debe considerarse también aquello que podemos denominar “la fuerza de los acontecimientos,” que suele estar marcada por irrupciones violentas y no controladas –levantamientos populares; crisis en los países vecinos; caídas en la economía mundial; eventos inesperados (guerras, etc.) que determinan cambios en los precios de las manufacturas o productos primarios que el país exporta o importa; etc. En este sentido -concluiría por el momento- el carácter de nuestros gobiernos tiene mucho menos que ver con la personalidad y voluntad específicas del líder de turno, que con factores estructurales que están lejos de su control. Esto no quiere decir que los líderes del momento sean “títeres de la historia,” o sus meros instrumentos. Pero sí implica asumir que sus márgenes de acción son limitados: dentro de un contexto nacional o internacional de crisis, el gobernante de turno puede ser un mejor o mejor “piloto de tormentas;” puede demostrar –lo sabemos bien- probidad o criminal indecencia, pero otra cosa es asumir en ese líder el poder de las hadas que Alberdi asociaba con el Presidente, en sus Bases. De otro modo no se explica por qué, en tiempos de “ajuste estructural”, todos los gobiernos latinoamericanos tendieron a aplicar programas de privatización de empresas; o por qué, en los últimos años, muchos países latinoamericanos –asociados con la izquierda o la derecha, lo mismo da- gozaron de situaciones de superávit fiscal, y bajaron por tanto los índices de desempleo que se habían desatado luego de la crisis de aquellos programas “noventistas” de “ajuste estructural.”

Algunos (poco promisorios) “rasgos de personalidad” del nuevo gobierno. Ahora bien, decir que los primeros meses de un gobierno, en la Argentina, no dicen mucho sobre aquello que va a distinguir a ese mismo gobierno, en los años por venir, no significa afirmar que esos tiempos iniciales son poco reveladores, o que dicen poco. Por el contrario. Esos primeros momentos resultan naturalmente muy indicativos sobre aquello que el líder del gobierno y sus principales líneas quieren decir, mostrar y significar en público; sobre algunos de los que son sus rasgos íntimos: los “datos básicos de su personalidad.” Conviene leer, entonces, qué es lo que nos quiere decir el gobierno, a través de los Ministros que designa; qué es lo que elige mostrar al público; qué expresan el Presidente o sus Ministros en sus discursos (a veces, los más meditados, a veces, los más espontáneos). Tales “rasgos de personalidad” del nuevo gobierno no tienen mayor poder predictivo sobre aquello en lo que el gobierno va a transformarse, pero nos ofrecen datos de obvia importancia para saber con quién estamos lidiando (o sobre el modo en que el mismo va a lidiar con los acontecimientos con los que se enfrente).

Al gobierno actual y a su Presidente –como a muchos de los gobiernos anteriores- les interesa mucho –exageradamente- la comunicación política, e invierten ingentes recursos y esfuerzos en dicha materia. Por ello, y a pesar de ello, uno puede encontrar muchos indicios de interés –desde mi punto de vista inatractivos- en lo que, buscada o involuntariamente, expresan gobiernos como el actual. Ofrezco algunos ejemplos. La vocación del actual Presidente por rodearse de “CEOs”, o su disposición a designar en posiciones cercanas a personas “de su condición” –aquellas con las que ha socializado en Colegios o institutos privados- son expresivos de una forma de “mirar al mundo” elitista, y por tanto políticamente muy riesgosa, en países como el nuestro. La disposición presidencial a cruzar las líneas entre el Estado y la empresa privada despreocupadamente, o como si se tratase de la misma cosa, revela la educación práctica que el Presidente ha recibido, a partir de una familia acostumbrada a trabajar en esa “zona gris” del poder, y abre también la puerta a posibilidades políticas no por conocidas menos peligrosas. La “naturalidad” con que el Presidente puede viajar en aviones de empresarios privados o recibir de ellos beneficios cotidianos (compartiendo espacios de recreación o gozando de invitaciones para el descanso) dan cuenta sobre aquello que constituye su “mundo de referencia”, y genera ciertas alertas acerca del punto de vista desde el cual el Presidente “lee” o “decodifica” a la realidad circundante. Otra vez: no me resulta claro determinar cuál es el nivel predictivo de este tipo de rasgos, para comprender aquello que caracterizará a la Argentina en los próximos años. Entiendo que la sociedad altamente movilizada y conflictiva que es la Argentina va a tender a “acomodar a los empujones” al nuevo gobierno, como lo está haciendo. Dentro de ese marco, es mi impresión, el Presidente se muestra sensible a rectificar rumbos, y a modificar ciertas inercias (haciendo de la necesidad virtud). Mi impresión, en todo caso, es que todavía sabemos poco sobre aquello que va a ocurrir en los próximos tiempos –cuál es el punto de equilibrio en que va a tender a estabilizarse el gobierno. En todo caso, y como corazonada, diría que, prontamente, y en razón de las presiones recibidas y por venir, algunas de las principales líneas o figuras del gobierno van a comenzar a dejar sus puestos, o van a cambiar significativamente el rumbo que le imprimen o quieren imprimirle a sus acciones. 

Fracasos obstinados en la política de derechos: de ayer a hoy. Más allá de estas primeras designaciones, actitudes y gestualidades ¿qué podríamos decir sobre las primeras medidas concretas del gobierno, particularmente (en el área sobre la cual se me invita a escribir, esto es) en el área vinculada con los derechos de las personas? A la hora de escribir sobre el tema –y hechas ya las salvedades anteriores- quisiera dejar anotado, sobre todo, lo siguiente. Desde hace años, he venido insistiendo, en casi todo lo que he escrito (en particular, en dos libros recientes publicados en torno al constitucionalismo latinoamericano), que las políticas de derechos necesitan mucho menos de la incorporación legislativa de “nuevos derechos”, que de políticas que organicen el poder de un modo diverso. Dichas políticas, además, deben organizarse no de cualquier modo, sino de un particular modo diverso, esto es, expandiendo el poder de decisión y control de aquellos a los cuales se pretende beneficiar con la incorporación de “nuevos derechos.” Para decirlo en términos constitucionales: las reformas legales destinadas a “expandir derechos” requieren menos de nuevas reformas “dogmáticas” (esto es, reformas destinadas a extender la declaración de derechos ya incorporada en nuestra Constitución), que de reformas “orgánicas” -esto es, reformas destinadas a modificar la otra parte de nuestra Constitución, la relacionada con la organización del poder. Para ejemplificar lo dicho: si un gobierno “otorga” decenas de “nuevos derechos participativos”, pero preserva intocada la estructura del poder –típicamente, una estructura híper-presidencialista, verticalista, elitista- luego, es esperable que, en cada ocasión en que la ciudadanía quiera tonrar efectivo alguno de sus “nuevos derechos”, se vea impedida de hacerlo por alguna negativa administrativa o presidencial. Si –como ocurrió habitualmente en el llamado “nuevo constitucionalismo latinoamericano- un gobierno reforma la Constitución y reconoce, de modo espectacular, los “nuevos derechos de la naturaleza” (como lo ha hecho Ecuador, por tomar un caso) pero al mismo tiempo mantiene intocados los absolutos poderes presidenciales ya establecidos, es dable esperar que ocurra –como de hecho ocurrió- que esos “nuevos derechos de la naturaleza” se desconozcan en la práctica, por completo, si es que contradicen la voluntad presidencial (i.e., se permite –como lo permitió la Corte Ecuatoriana- el “fracking” y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, como si fueran compatibles con la Constitución, a pesar de la “revolucionaria” idea –incorporada en la misma- acerca de la existencia de “derechos de la naturaleza”, y –en definitiva- con el único objeto de dar satisfacción a un pedido presidencial). En otros términos, si no se re-estructura la “sala de máquinas” de la Constitución (el modo en que el poder está organizado y distribuido), todo lo que se escriba y hable sobre los derechos tiene, luego, bastante poco sentido.

Ayer. Lo dicho hasta aquí ayuda a entender el error con que muchos analistas –normalmente, pero no exclusivamente, analistas sin formación jurídica- leyeron, en los últimos años, las “políticas de derechos” en curso. Para muchos de ellos nos encontrábamos frente a gobiernos que “expandían derechos,” porque se establecía normativas contra la “trata de personas,” y aunque fuera claro que el gobierno de turno no estaba dispuesto a cumplir esa normativa. O se asumía que se “expandían derechos” porque se escribían textos, también legales, hablando de la “democratización de la justicia,” que venían en realidad a reforzar los poderes de control presidenciales, antes que a facilitar el acceso y control populares sobre los órganos de justicia (i.e., en ese entonces, en lugar de favorecer y simplificar el acceso de los más pobres a los tribunales, se crearon nuevas instancias de control burocrático, que dificultaban aún más el acceso de los más vulnerables a la justicia). O se asumía que se “expandían derechos” porque se escribía una “Ley de Medios” que luego, de modo simplemente indignante se usaba como herramienta de castigo al enemigo y beneficio hacia los amigos propios. Otra vez: no se trató de errores, sino de decisiones. No se trató de un caso, sino de una política. No se trató de un abuso, sino de una práctica, basada en última instancia en la indisposición a favorecer la directa intervención y control de la sociedad civil, en la custodia e implementación de los “nuevos derechos” que desde el púlpito se pregonaban.

Hoy. Lo que ocurre hoy, en materia de derechos, y a pesar del poco tiempo transcurrido, no difiere mucho de lo que ocurriera ayer. El gobierno entrante tampoco se muestra dispuesto a democratizar el poder, facilitar la capacidad de control y decisión ciudadanas, y así permitir que los abundantes derechos constitucionales que nuestros textos legales consagran, ganen vida. Y es que, en efecto, tanto a nivel nacional como local, los habitantes de este país gozamos ya (en los papeles) de numerosísimos derechos, que luego vemos frustrados en la práctica por muchas razones, que incluyen de modo prominente nuestra situación de alienación frente al poder. Para tomar algunos casos emblemáticos: de qué sirve contar con el derecho de huelga, si la Corte Suprema se queda con el derecho de decir si los “grupos informales de trabajadores” pueden promover o no (y dijo que “no”) medidas de fuerza (una decisión del 29 de junio pasado)? Y de qué sirve contar con el derecho a movilizarse, manifestarse, y criticar al poder, si ese mismo poder es el que se arroga la capacidad de determinar los límites estrictos de nuestros derechos de protesta, en un (hasta hoy inaplicado) “Protocolo de Protesta”? Y de qué sirve el derecho a las “jubilaciones y pensiones móviles,” si luego los montos que se “movilizan” van a depender de la voluntad administrativa sobre la materia, y las políticas de austeridad que el gabinete económico considere apropiadas? En definitiva, me parece que seguimos pensando mal sobre la cuestión de los derechos, y -en parte a partir de ello- seguimos y seguiremos padeciendo limitaciones prácticas en contraste con la retórica oficial sobre esos mismos derechos.

Por todo lo dicho –y contra lo que dicen muchos oficialistas y opositores- no veo hoy progresos notables ni retrocesos dramáticos en materia de derechos: encuentro, en esta área como en otras, más continuidades que rupturas, y por tanto, más dificultades que atractivos. Mi predicción –dependiente casi exclusivamente de corazonadas, y de algunas lecturas de la historia- es que –otra vez, contra lo que dicen muchos oficialistas y opositores- en los próximos años, no vamos a tener tampoco progresos notables ni retrocesos dramáticos en materia de derechos.