Anular la Ley de Autoamnistía

Hoy Clarín publica un interesante suplemento sobre los 25 años del juicio a las juntas. Me invitaron a escribir algo sobre el tema, recordando sobre todo la participación de Carlos Nino en el diseño del mismo. Decidí hacer algo sobre su decisiva contribución para invalidar la Ley de Autoamnistía impulsada por el dictador Bignone -un hecho para mi extraordinario y que, cabe recordarlo, Luder y su partido, en ese momento, consideraban "imposible". Acá va la versión de lo que escribí, y que hoy se publica (va acompañada la nota, también en el diario, por foto de parte del "grupo Nino"):


Me han invitado a la difícil tarea de reflexionar acerca de lo que fue la "arquitectura jurídica" diseñada por Carlos Nino (junto con otros valiosos juristas y filósofos del derecho), para el juzgamiento de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por la última dictadura militar. Conocí algo de dicho trabajo en mi carácter de asesor, admirador, pero también crítico de la obra de Nino, una tarea que compartí con un reducido núcleo de (entonces) jóvenes, con muchos de los cuales sigo vinculado por lazos de silenciosa amistad.

La tarea que entonces emprendieron (los méritos son todos de ellos) me resulta todavía admirable y, a la luz de acontecimientos más actuales, difícil de comprender: ¿qué hacía un grupo de filósofos tan cerca del poder, cuando el poder estaba acosado por el fantasma permanente de un nuevo golpe de Estado? ¿Y qué hacía el poder tomando tan entrañablemente en serio las palabras de un grupo de filósofos, situados siempre más cerca de los principios que de la política? Las relaciones entre el entonces candidato presidencial Raúl Alfonsín y el grupo de los filósofos no fueron pacíficas: hubo disenso, reproches mutuos, dudas acerca de cómo vincular los principios con la política. Era posible -es posible.

Podría intentar decir algo acerca de varias de las cuestiones jurídicas que estaban en juego, pero prefiero concentrarme en una sola de ellas, que fue la primera y, para mí también la más importante, a la vez que una de las menos recordadas. Se trata de un tema de importancia histórica, en cuya resolución Nino jugó un papel decisivo. Me refiero al caso de la derogación de la ley de autoamnistía. Para quienes no lo recuerdan: el 23 de septiembre de 1983, mientras cobardemente abandonaban el poder, y a cinco semanas de las elecciones democráticas, el general Bignone, entonces presidente en ejercicio, promulgó la ley 22.924, a través de la cual la Junta Militar impuso una amnistía general destinada a cubrir todas las acciones subversivas y antisubversidas cometidas entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. La amnistía amparaba a todos los que hubieran ayudado o incitado a tales acciones, y protegía también a quienes pudieran ser imputados por delitos militares comunes realizados en aquellos años.

Las implicaciones de la ley de autoamnistía resultaban descomunales: ella venía a hacer simplemente imposible el juzgamiento de los gravísimos abusos cometidos por los militares. En efecto, el artículo 2 de nuestro Código Penal dice que los imputados deben ser juzgados a partir de "la ley penal más benigna," lo cual implicaba que ninguna ley dictada por el nuevo gobierno democrático podría hacer posible ningún juzgamiento: los militares ya habían sido perdonados. La legislación promulgada por la dictadura, en su propio beneficio, parecía poner obstáculos irreparables a cualquier atisbo de justicia democrática.

El campo político-jurídico argentino, entonces, apareció dividido en dos secciones fundamentales (hubo, en realidad, tres facciones, si es que tomamos en cuenta a un grupo minúsculo, liderado entonces por Álvaro Alsogaray y su partido -la Unión del Centro Democrático- que celebró el dictado de la ley de autoamnistía). Por un lado, se encontraba una parte importante de la clase política argentina, encabezada por Ítalo Luder, quien era el líder y candidato presidencial del partido entonces mayoritario, el peronismo, y que consideraba jurídicamente inviable la derogación de la ley de autoamnistía dada la existencia del citado artículo 2 del Código Penal. Es una gran lástima -nos decían- pero el juzgamiento de los militares no resulta posible. Los militares están perdonados y nosotros no podemos sino respetar esa ley de amnistía.

Frente al grupo citado, se encontraba otra sección muy numerosa de la política argentina, que se manifestaba en contra de la ley autoamnistía. Este grupo, que incluía a dirigentes políticos y a militantes por los derechos humanos, se enfrentaba sin embargo con un gravísimo problema: cómo hacer para oponerse a la ley de autoamnistía (por entonces, "la ley más benigna")? El derecho no parecía ofrecerles ninguna salida.

Fue allí donde la acción del grupo de los filósofos realizó, según pienso, su contribución más espectacular para la moralización de la vida pública argentina. Una parte de dicho grupo, encabezada por Genaro Carrió (quien moriría pocos años después, como tantos justos, sumido en una profunda tristeza) propuso una primera solución posible, digna y lúcida como era su estilo: el artículo 20 de la Constitución -sostuvo Carrió- prohíbe el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo, y lo que ha hecho Bignone, al dictar la ley de autoamnistía, es violar ese fulminante mandato de la Constitución. En otros términos, al dictar la autoamnistía, el Ejecutivo se ha autoarrogado funciones propias del Legislativo, a la vez que, en ejercicio de ellas, le ha impedido al Poder Judicial toda intervención en la materia. Nos encontramos frente a una situación claramente inconstitucional: la impermisible suma del poder público.

Uno no puede sino agradecer la solución propuesta por Carrió en aquellos días. Sin embargo, esa notable solución empalidece frente a la respuesta ideada por Nino. Reflexionando sobre la ley de autoamnistía, Nino consolidó entonces las bases de una teoría del derecho y de la democracia nuevas, que contribuyeron a tirar abajo años de dogmatismo arcaico y bibliotecas enteras de un positivismo autoritario.

Lo que sostuvo Nino fue más o menos lo siguiente: decir que una ley, como la de autoamnistía está vigente, no es lo mismo que decir que la ley de autoamnistía es una ley válida. Una ley, por tanto, puede tener la fuerza de la coacción detrás -puede estar vigente, entonces, como lo estuvieron cada una de las normas dictadas por los gobiernos de facto- pero resultar, a la vez, una norma perfectamente inválida. Una ley dictada por un gobierno militar puede tener plena vigencia, entonces -como lo sostuvieron, una y otra vez, uno tras otro, vergonzosamente, nuestros tribunales- pero a la vez tratarse de una norma moralmente inválida, y como tal, de una norma que, nosotros, como ciudadanos, no tenemos ninguna razón para obedecer.

¿Y qué es entonces lo que, según Nino, otorgaba validez a una ley? Muy simple: la validez de una ley proviene del hecho de ser una norma originada en una discusión democrática, sin excluidos. Sólo las normas nacidas de la democracia podían gozar, para él, de la presunción de ser válidas. Sólo las normas democráticas podían reclamar nuestra obediencia. Nosotros, ciudadanos democráticos, tenemos razones para aceptar ese tipo de normas, porque sólo de ellas podemos considerarnos, razonablemente, sus autores, y no sus esclavos. La ley de autoamnistía, entonces, como cualquier otra norma dictada por la dictadura, no podía reclamar la dignidad que es propia de una ley con origen democrático.

A principios de diciembre de 1983, el electo presidente Raúl Alfonsín se dirigió al pueblo para anunciar una serie de medidas fundacionales, entre las que figuraba la anulación de la ley de autoamnistía. Las razones que citó Alfonsín fueron dos principales: la autoamnistía implicaba la violación del artículo 29 de la Constitución (el argumento de Carrió) y carecía de toda presunción de validez, por ser una ley de facto y, como tal, moralmente inaceptable (el argumento de Nino).

Muy poco tiempo después, el Congreso democrático decidiría, como primera medida, la derogación de la ley de autoamnistía, votada en forma unánime por absolutamente todas las fuerzas reunidas en la legislatura.

Nino fue el gran jurista progresista de nuestra democracia. Su teoría sobre la validez de las normas fue (¿la?) contribución decisiva, que permitió derogar la ley de autoamnistía e hizo posible la inauguración de los históricos juicios por los derechos humanos. Su contribución no sólo ayudó a derribar la autoamnistía, no sólo confrontó el nefasto legado creado, en su momento, por la propia Corte Suprema -la doctrina de facto- sino que además permitió que el derecho democrático argentino recuperara su dignidad como tal, después de décadas de sigiloso compromiso con los gobiernos militares.

De estatura baja, contextura frágil y salud endeble, asmático, Nino fue el primer jurista que se puso de pie para desafiar al pensamiento dogmático del autoritario positivismo argentino. Para todos nosotros, sus discípulos, la lección quedó marcada a fuego: el derecho no está separado de la política, sino unido a ella; el derecho y la política no están separados de la moral, sino que deben formar parte de una unión inseparable, eterna.