La Corte, derechos y política. El caso Santa Cruz

Un breve comentario sobre el caso del ex-procurador de Sta. Cruz, que me invitaron a hacer en el diario LN (acá), y en donde retomo cuestiones que discutimos en el blog, hace unos días. Lo reproduzco a continuación.

La relación entre la Corte Suprema y el poder político es, desde hace tiempo, conflictiva, y el reciente fallo condenando las inaceptables omisiones del gobierno de Santa Cruz, aumentan esa conflictividad. La situación resultante es, en todo caso, paradójica. Pocas cosas parecen tan importantes, para el máximo tribunal argentino, como la reconstrucción de su legitimidad, sobre todo luego de la catástrofe que siguiera a la crisis del 2001, con cientos de personas protestando indignadamente frente a su sede (cuando no, peor aún, frente a los domicilios particulares de los magistrados del tribunal principal). Lo ocurrido después del 2001 es su peor pesadilla –la pesadilla contra la cual, razonablemente, la Corte, y en particular, su presidente, aparecen trabajando todos los días. Con dicha motivación en mente, el tribunal principal cuida uno a uno sus pasos, e intenta dejarle en claro al poder político que su lucha no es contra persona ni gobierno alguno, sino otra destinada a afirmar su autoridad, su independencia, y su legitimidad popular (objetivos éstos, por cierto, no plenamente compatibles).

Sin embargo, a pesar de lo dicho, o por ello mismo, el poder político insiste, cotidianamente, en apuntar su dedo acusatorio contra el máximo tribunal, por actos en los que cree percibir actitudes conspirativas motorizadas por la justicia. Dicha agresiva actitud (proveniente, sobre todo, del Poder Ejecutivo nacional), ha probado ser relativamente exitosa. La Corte se muestra sensible frente a los gritos y señalamientos del poder político, entendiendo, seguramente de modo equivocado, que la hostilidad que ocasionalmente recibe desde la política socava su legitimidad, y así también, su autoridad. Por ello, frente a cada fallo que percibe crítico frente a lo que pretende el gobierno, se empeña en dejar en claro que ella es plenamente capaz de tomar decisiones de otro sesgo, favorables a los intereses de las autoridades políticas del momento. Éste resultado es, sin dudas, un triunfo del gobierno, que parece de este modo capaz de marcarle los ritmos, el énfasis, y en parte la agenda, al máximo tribunal.

A la Corte cabría decirle, entonces, que su autoridad no se resiente sino que se fortalece cuando mantiene su conducta vinculada estrictamente a principios, y fallando conforme a derecho, en los tiempos y con el rigor propio requeridos por la defensa de los derechos en juego. No se trata de que la Corte sea favorable o crítica frente al gobierno de turno, sino justamente que deje de lado esos cálculos de oportunidad, para mantenerse estrictamente apegada al derecho, pensando menos en los costos políticos propios de cada decisión que toma. Se trata, en definitiva, de inclinarse indefectiblemente por los principios, antes que por la política, como diría el notable jurista Ronald Dworkin.

En este contexto, el duro fallo emitido por la Corte Suprema contra la gobernación de Santa Cruz es un paso en la buena dirección. Pero otra vez: la decisión del caso es buena no porque de este modo la Corte ayude o perjudique, mucho o poco, a un cierto gobierno, sino justamente porque demuestra que puede tomar decisiones sin pensar tanto en ello.