(Envío de Paulina Acevedo, corresponsal en Chile)
El brutal aumento de la violencia policial, ejercida por agentes del estado llamados a resguardar el orden público y la seguridad de las personas, pero que arremeten contra la población civil, pone en evidencia la ausencia de medidas efectivas para que cesen estas violaciones a los derechos humanos. Violencia que, además, ha aumentado en intensidad de la agresión, incluyendo la tortura e incluso el asesinato.
Solo en los últimos años, casos como los de Alex Lemun (17 años), Matías Catrileo (22 años) y Jaime Mendoza Collio (24 años), del trabajador forestal Rodrigo Cisternas (26 años), del arquitecto Mario Oviedo en Bellavista (29 años) o del joven Franco Coronado cuando departía junto a su familia en una feria costumbrista (19 años), son una muestra de que la policía no solo golpea, también mata.
Un nuevo episodio de violencia policial desmedida se produjo el pasado martes en la ciudad de Linares, tras finalizar un partido entre Rangers y Deportes Concepción. Las imágenes, al igual que ocurrió en el caso del Juan Carlos Curinao -hijo de lonko- en Ercilla, fueron registradas por cámaras de televisión y difundidas luego por canales nacionales. Una riña entre las dos barras habría justificado la intervención de personal de carabineros, tres de los cuales golpeaban de modo bestial a un hombre en el suelo, inclusive uno de ellos profiriendo fuertes improperios mientras le daba con la bota. El agredido, Alex Canales, denunció que ante la presencia de las cámaras carabineros lo condujo al interior del estadio, donde siguió golpeándolo, y que todo el altercado se había producido porque la policía agredió a una menor de edad embarazada.
Luis Gutiérrez, prefecto de Linares, decidió –recién al día siguiente, pese a que se le exhibieron las imágenes el mismo día de los hechos- dar de baja a dos de los funcionarios y el inicio de un sumario interno, poniéndolos a disposición de “la autoridad competente”: la Fiscalía Militar de Linares. El gobierno valoró la decisión de la autoridad policial, frente a este “despropósito, llamémoslo”, señaló tibiamente Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior.
Días atrás, también fue dado de baja el capitán de Fuerzas Especiales que encabezó un operativo en la Facultad de arquitectura de la Universidad de Chile, donde carabineros disparó balines con pintura para marcar a los manifestantes, iniciándose igualmente una investigación administrativa. Sin embargo, pocas veces conocemos públicamente los resultados de dichos sumarios, y menos aún de sus sanciones. Lo que no permite avanzar en el objetivo primero, evitar que hechos similares vuelvan a reiterarse.
Pero los hechos se reiteran, y los tribunales que incorrectamente y contraviniendo derechos fundamentales se hace cargo de penar estos delitos, la justicia militar, carece además de la imparcialidad y de las necesarias garantías al debido proceso necesarias para evitar la ausencia de sanción y por ende la impunidad frente a estos hechos. Como es en gran parte de los casos, la norma.
Un estudio de FLACSO Chile da cuenta que entre 1990 y 2004 se ingresaron 6.083 denuncia por violencia imputable a Carabineros en la justicia militar, solo en las regiones IV, V, VI y Metropolitana. La que va progresivamente en aumento, de 164 casos en 1990, 476 casos el 2000 y 585 casos el 2004. Y la tendencia se mantiene, avalada por los magros resultados en esta justicia castrense.
Por eso es valorable el gesto del gobierno de presentar al congreso un proyecto de ley para modificar el Código Militar, por lo demás su obligación, puesto que existen dos fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obligatorios para el estado de Chile que exigen modificarla, al igual que numerosas recomendaciones de órganos de Naciones Unidas.
Lo que no es de valorar, es que haya sido tras casi 60 días de huelga de hambre de comuneros mapuche en distintos penales del sur del país, la misma que el Presidente ignoró por semanas y que hoy califica de medida de fuerza ilegítima en una democracia; pero que justamente pide nos ser juzgados por la justicia militar que ahora señala imperfecta, así como la no aplicación de la ley antiterrorista en su contra, ante lo que Piñera también reconoció defectos y anunció un proyecto de ley para modificarla.
El caso es que si bien estos proyectos atacan el problema de fondo (de aprobarse y de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos), no resuelven en lo inmediato el problema de la impunidad que día a día encontramos frente a hechos de violencia policial, ni las demandas puntuales de los mapuche en huelga de hambre.
Por lo que es necesario, para que los proyectos de ley no sean solo una mera presentación y los anuncios presidenciales voladeros de luces, que el gobierno se desista de querellarse contra los mapuche o cualquier otro grupos de la población invocando la ley antiterrorista. Sólo así se puede ser congruente.
Así como que las fiscalías y jueces penales desistan de declarase incompetentes para conocer hechos de violencia policial contra civiles, remitiéndolos a la justicia militar, mientras no se resuelva en el parlamento la jurisdicción de sus tribunales. Siendo indispensable recordar que Chile es el único país en América Latina donde uniformados juzgan a civiles, ello a largos 20 años del término de la dictadura militar.
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