Venezuela: Ensayo sobre la ceguera

Rubén Martínez Dalmau

Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València

Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (1999) y del Presidente Hugo Chávez (2002-2007).

Debió ser el mes de abril de 1999 cuando mi colega de la Universidad Central de Venezuela fue recibida por Luis Miquilena, a la sazón Ministro de Relaciones Interiores del primer gobierno de Chávez. La profesora de la Central llevaba varios expedientes sobre abusos policiales que habían servido de sustento para una investigación académica. "No se preocupe por tales cuestiones, doctora -le comentó el Ministro, que unos meses después asumiría la presidencia de la Asamblea Constituyente-. Esas cosas ya no pasarán: ahora gobernamos nosotros".

La profesora me contó ese encuentro mientras tomábamos un marroncito claro en la bulliciosa terraza del Gran Café, en Sabana Grande. Aunque mi amiga lo tomó con escepticismo, eran momentos de ilusiones y cambios. Unos meses después iniciaría sus sesiones la Asamblea Nacional Constituyente, que acabaría con la Constitución del puntofijismo e inauguraría una nueva era en el país. En los plenos y las comisiones de la Constituyente se trabajó a marchas forzadas para ganar tiempo y acelerar el cambio. La vigencia y garantía de los derechos era su principal fundamento axiológico: integración de todos los sectores sociales en una sociedad emancipada, libre, capaz de decidir su destino.

Para eso la Constitución dotó de jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos (art. 23) y creó un catálogo de derechos nunca antes visto en el país. Las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos, los discapacitados... todos vieron reflejadas sus situaciones en la nueva Constitución. Por primera vez un texto constitucional era escrito en lenguaje de género, con la consiguiente visibilización de la mujer. "Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas", determina taxativamente su artículo 68. El objetivo de la Constitución de 1999 era, como afirma su Preámbulo, "establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica" que asegure los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la convivencia y el imperio de la ley "para ésta y las futuras generaciones". En ese cambio constituía larevolución pacífica del chavismo; una revolución en democracia. Más democracia significa, siempre, más derechos.

Es cierto que la revolución pacífica no ha sido fácil. Una oligarquía económica y partidocrática, acostumbrada a gobernar en el marco de un consenso de élites durante cuarenta años, debía pasar un proceso de democratización de décadas. Las primeras minorías opositoras se retorcieron de rabia e indignación en sus mansiones del Country a medida que las capas sociales más bajas, desde sus barrios humildes, asumían más derechos; esto es, más poder. Pronto la oposición antidemocrática planificó un paro petrolero para hundir al gobierno, seguido de un golpe de Estado, cuya primera decisión en el poco tiempo que estuvo vigente fue derogar la Constitución. El pueblo salió a la calle y reincorporó en su lugar al Presidente legítimo.

Hoy las cosas han cambiado. Al poco tiempo de la conversación con mi amiga, Luis Miquilena se pasó a la oposición, remodelaron el Gran Café y, años después, Hugo Chávez fallecía. Con decenas de victorias electorales a la espalda, la única cita a las urnas que Chávez había perdido fue el referéndum constitucional de diciembre de 2007, cuando quiso reformar la Constitución venezolana incorporando su particular visión del socialismo. Los venezolanos, cuando quieren cambiar su Constitución, sólo tienen que proponerlo y votarlo democráticamente. Por eso es una Constitución democrática: sólo el pueblo es su dueño; no las oligarquías, los bancos centrales, o los cogollos de los partidos políticos.

La revolución pacífica debería entender que muchas cosas se han hecho mal, empezando por la incapacidad para cumplir varias disposiciones constitucionales sobre los derechos. Las cárceles siguen siendo morideros de personas que viven bajo condiciones infrahumanas; los homicidios ya no escandalizan por ser habituales; y la corrupción campa a sus anchas, con el coste social que ello implica. Se ha avanzado en igualdad social, lo que sin duda fue la base del apoyo al chavismo; pero de poco sirve acceder a la vivienda o a la educación si es imposible saber si alguien de la familia llegará con vida a casa esa noche, o si la llamada de teléfono que se recibe es provocada por un secuestro o un abuso de autoridad.

Los procesos llevan su tiempo, y si algo es la revolución es un proceso. Es necesario adaptar las estrategias y los argumentos, y no puede seguir alimentándose de legitimidades que sirvieron para avanzar en su época, pero que están agotadas para proseguir en la actualidad. El ejercicio de la autocrítica es complejo, especialmente si una izquierda acrítica y aduladora, que vive generalmente en cómodos apartamentos del Este de Caracas o escribe desde despachos europeos, es incapaz de ver los errores y se dedica a justificar lo que es injustificable desde el prisma de la defensa de la democracia y los derechos.

Por otro lado, la mayoría de la oposición no es la misma que luchó contra el proceso de cambio a finales de los años noventa; una gran parte de los opositores parecía, con Chávez, haber aprendido a acudir a las elecciones, protestar democráticamente, y aceptar los resultados de las urnas. Pero el descontento por no ser aún mayoría y el desacuerdo con las políticas de gobierno los han desesperado en los últimos meses. Se da con ello el caldo de cultivo para el tumulto y la violencia: manipulaciones, rencores, insultos,  amenazas filoautoritarias... La oposición utiliza instrumentos golpistas, niega la legitimidad democrática, y entiende que la voluntad popular no es la de la mayoría de la población, sino la de las minorías que piensan diferente de esa mayoría. En sus manos está hacer uso de la Constitución: referendo abrogatorio de las leyes , mandato revocatorio, mecanismos de participación... Es en ese campo donde deberían combatir al gobierno, y no en el de la intimidación y el terror.

El futuro emancipador para los lúcidos pasa por más diálogo, más democracia y mejor gobierno. Lamentablemente, la ceguera parece avanzar en Venezuela. La oposición radicalizada sueña con entrar victoriosa en el Palacio de Miraflores en loor de multitudes y evadir todos los procedimientos democráticos que, hasta ahora, han demostrado que no son mayoría. El postchavismo cree que puede seguir gobernando de forma maniquea con el usufructo de la imagen del Presidente Chávez, y que ésta es un patente de corso para violar los derechos, profundizar en el conflicto, y acabar con los que no piensan como ellos.  El resultado de esta fórmula explosiva sólo puede ser más sufrimiento, autoritarismo y oscuridad. Chávez nunca lo hubiera consentido y hubiera pensado apesadumbrado, como ya lo advirtió Saramago, que a veces los ciegos sueñan que están ciegos.