Aunque hace 25 años que estoy comprometido con la reforma a Ley de radiodifusión (desde que trabajé en la redacción del proyecto propuesto por el Consejo para la Consolidación de la Democracia), la reciente sanción de la Ley de Medios no me produjo alegría, y la Ley en sí no me resulta atractiva, aunque comparativamente ésta sea preferible a la anterior. El punto no es que esta ley no se ajusta a ideales inalcanzables y abstractos, sino que es mucho peor de lo que hubiera sido posible, si quienes tenían posibilidades de hacerlo hubieran presionado por cambios razonables, en lugar de resignarse frente al poder del gobierno de turno.
Mi incomodidad con lo acontecido contrasta con la felicidad que la sanción ha dejado en unos pocos. De algún modo, me pasa con esta Ley lo que me pasó con la 125: no veo en este caso, como no veía allí, el triunfo de la igualdad, del proyecto redistributivo, de los sectores democratizadores. Por el contrario, la victoria de “el campo,” entonces, no fue la victoria de los buenos ideales (así como la hipotética victoria del gobierno no hubiera sido el primer paso hacia la redistribución que el gobierno siempre combatió); del mismo modo que la victoria actual del gobierno no implica la victoria del proyecto democratizador en materia de medios (así como la victoria del status quo en materia de comunicaciones tampoco lo hubiera sido).
Mi incomodidad, en definitiva, tiene que ver con hechos y convicciones como las siguientes:
1) Pensar que el proceso de democratización de voces (“ahorahablamostodos.com”) emerge de un proceso legislativo presidido por Miguel Pichetto (que impuso la fuerza bruta en su conducción de las sesiones; y que actuó inequívocamente a partir de la obediencia debida, la genuflexión a su jefe, y la sordera en relación con cualquier crítica), me genera una enorme desconfianza. No le creo NADA, nada. Y si él me dice que la Ley sirve al pluralismo y la democracia, entonces yo tenderé a pensar lo contrario hasta que me prueben que no es así. Su gestión representa, para mí, fundamentalmente la imposición de la autoridad bruta y la mentira. Para que quede claro: el problema no es Pichetto, sino la lógica Pichetto, que es la que domina el Congreso, con independencia de sus instrumentos.
2) Ver a Rodríguez Saa hablando de pluralismo informativo…no, gracias.
3) Escuchar a Daniel Vila hablando de la legalidad, una pesadilla.
4) Saadi siendo muy sincero sobre cómo piensan la Ley de Medios cantidad de líderes provinciales: un excelente modo de ocultar a sus propios muertos en el ropero (dicho esto, claro, en sentido metafórico, ejem).
5) El caso de la venta (permuta o préstamo) del voto de Corrientes, que ratifica lo dicho en 4.
6) El caso del voto proveniente de la represión bussista ratifica lo dicho en 4 y 5. Nadie me va a decir que estos representantes de la corrupción y la represión provincial votaron la Ley porque creían que así, por fin, ganaban la verdad y la democracia. No fue así, y ellos se ocuparon de dejar clarito, y de modo muy crudo, que no era así, sino lo contrario: votaron por la Ley porque pensaron que hacerlo era funcional al ocultamiento de sus propios crímenes, siempre en el sentido metafórico del término. cof, cof.
7) Escuchar la incapacidad de Carlos Reutemann para leer su propio y breve discurso, que refería a instituciones que parecían serle ajenas y extrañas. Palabras como “Convención de Derechos Humanos,” en sus labios, resultaron tan insólitas como lo serían "prefiero la Ferrari con motor ocho cilindros" en boca de Pérez Esquivel.
8) Ver a cantidad de buenos colegas resignando sus convicciones, cuando –contra lo que ellos creían y proponían- la realidad mostró que había espacio para presionar por modificaciones que mejoraran la Ley. La Ley se cambió y mejoró, finalmente, A PESAR de lo que ellos creyeron y propusieron luego de que el Ejecutivo mandara su (mala) propuesta inicial. Por esa misma resignación, la Ley no recibió las mejoras enormes que todavía necesita. Esto no implica negar el valor enorme del famoso consenso de los 21 puntos: es cierto que hubo cantidad de gente que puso su mejor buena fe en la discusion de este tema. Aplauso por eso. El problema se encuentra, por un lado, en la distancia existente entre aquel proyecto y esta Ley; y por otro, en el hecho de que muchos de los defensores de aquél, se hayan convertido en defensores acríticos de ésta ley (o silenciosos defensores de medidas que saben injustificadas, como comprobamos hace unos días en la discusión que se dio en el blog); (aclaración 2: los defensores críticos de la ley, que supongo que los hay, no tienen por qué enojarse con este comentario. Los que en los hechos no lo han sido, sí)
9) El bastardeo de los “pueblos originarios.” Es imperdonable el abuso y la manipulación de temas que requieren enorme cuidado y respeto, como los desaparecidos, la oposición a la dictadura, los derechos de los pueblos originarios.
10) Yendo a cuestiones más de fondo: la degradación del debate que se dio en el Senado (y en buena medida en la Cámara de Diputados) resulta extraordinariamente serio, un agravio a la idea de deliberación que aquí defendemos, una ratificación del peor costado de nuestras instituciones. Abrir la discusión una veintena de horas para no cambiar una coma -literalmente ni una coma, siquiera frente a errores reconocidos por el oficialismo- es no sólo una falta de respeto a quienes piensan distinto, sino una ofensa a la misma idea de tener un Congreso. Para eso que cierren el Senado, si es que les da lo mismo lo que ocurre ahí dentro. A muchos no nos da lo mismo. A los que afirman la lógica Pichetto, en cambio, lo único que les importa es el número, y no las razones. Eso, para mí, es contrario a derecho. El Congreso no es ni merece ser degradado de ese modo. En Diputados, por suerte, la sesión se abrió un poco más. Las audiencias públicas allí implementadas fueron una nueva muestra del bastardeo, ya que quedó en claro que lo que allí se dijo no sirvió para nada, pero al menos durante las sesiones el gobierno abrió un resquicio a la oposición. No por casualidad, lo mejor de la ley surgió a partir de allí: apenas se tomó en serio, por unos instantes, el reclamo de la oposición. Que de eso se trata: escuchar a quienes critican, para mejorar lo que uno quiere hacer. Cuanto más de esto se hace, más chances de que la ley mejore, cuanto menos, aumenta el riesgo de que pase lo que pasó: más discrecionalidad y más poder para quien está en el poder. En este sentido, conviene subrayarlo, el papel de la oposición fue descoordinado y no fue bueno: era importante dar la pelea en el Congreso, y buena parte de la oposición no supo hacerlo, o lo hizo mal (aunque participar del proceso sin convertirse en monigote al servicio del gobierno resulta sin duda difícil). En todo caso, insisto, la degradación del debate que se dio en el Congreso representa un problema, y no un problema de estética o gustos: es un problema de tipo constitucional -un problema legal sobre cómo constituímos nuestras leyes fundamentales.
11) “Ocurre en todo el mundo," me dirán, “es lo que hay,” propondrán. Pero lo cierto es que resulta un problema serio, para la democracia, que el Congreso tenga la composición que tiene, y sobre todo funcione conforme a los criterios, y según las prácticas con que funciona. Poco ha cambiado desde el 2001, cuando pedíamos “que se vayan todos.” Con algunas aclaraciones: el problema no es la “ignorancia” que puede asustar a la derecha, sino que el lenguaje de “la banelco” (el arreglo) sea el lenguaje corriente en los pasillos de la institución. La solución no es cerrar el Congreso, como puede querer la derecha, sino abrirlo, tirarle los muros abajo hasta que la sociedad lo penetre.
12) Por este blog (y, creo yo, de modo justamente contrario a lo que sugieren los críticos que nos tratan de ingenuos) siempre insistimos con una idea madisoniana: la de pensar los arreglos institucionales asumiendo que las instituciones que diseñamos serán manejadas por los más inescrupulosos, y no por ángeles. Criticamos el presidencialismo, como institución, a pesar de que, eventualmente, el presidente en ejercicio pueda ser de nuestro agrado, porque nos hacemos la pregunta: y qué pasaría si ese lugar lo ocupara un…carlos saúl? Del mismo modo, criticamos a la Corte Suprema, como institución, porque nos preguntamos: y qué pasaría si en lugar de Earl Warren, hoy nos nombraran a más Scalias, Alitos, y Clarence Thomas? Lo mismo con la Ley de Medios, agregaría. La Ley tiene resquicios interesantes, vinculados con (ay!) los pueblos originarios, y las cooperativas; refiere a audiencias públicas; manifiesta en su lenguaje una vocación anti-monopólica. Sin embargo, abre lugar a que el “tercer sector” sea un vehículo para que se filtren los intereses del poder local y nacional; admite la posibilidad de que las audiencias resulten, otra vez, bastardeadas; deja escondido el riesgo de que ella se ponga al servicio de una nueva coalición dominante. Alguno dirá: esto puede pasar con cualquier Ley. La respuesta es que hay leyes mejor y peor blindadas frente al abuso. Esta se encuentra entre las poco blindadas. Más todavía: ésta se encuentra demasiado abierta al abuso. Mucho más -me apunta Lucas- cuando el que debe precisar esas ambiguedades es el Ejectivo, es decir aquél a quien (por principios) más debíamos controlar, uno de los que más sospechas y temores genera. En este sentido, es una ley que invierte el principio madisoniano: sólo puede funcionar bien si es manejada por ángeles.
13) Al principio madisoniano le agregaría otro, proveniente del derecho crítico (digamos, el principio CLS o Critical Legal Studies): El derecho siempre está abierto a interpretaciones contradictorias. De allí que, si desde su texto no hace un esfuerzo muy explicito por cerrar la puerta a sus peores interpretaciones, uno incrementa el riesgo de que triunfen las peores interpretaciones. Por eso, por caso, la reforma constitucional última hizo un esfuerzo especial por negar la posibilidad de una tercera reelección. Y así y todo, esa posibilidad casi se filtra. Pero, en ese caso, uno agradece al derecho, porque no fue ingenuo, porque hizo todo lo posible para salir al cruce de los peores riesgos interpretativos.
14) Al principio madisoniano, y al principio CLS le agregaría otro, que es el principio de la desigualdad sistemática: dado que el derecho siempre es ambiguo y abierto a interpretaciones contradictorias, si el mismo se aplica en sociedades marcadas por una fuerte y persistente desigualdad, de modo obvio, las lecturas que tenderán a primar en su aplicación e interpretación cotidianas son las que benefician a los más favorecidos por esa desigualdad. Es decir, la Ley es lo suficientemente ambigua como para que con ella se beneficie el poder de turno.
Quiere decir todo esto que era mejor preservar la Ley anterior? No, en absoluto. En todo caso me interesa señalar algunos de los problemas de la Ley, y cuál es su curso previsible. La derrota de la 125 no era el triunfo de la justicia social, y la victoria de la Ley de Medios no es –ni de lejos- el fin de la injusticia imperante en materia de distribución de la palabra. Se trató entonces, como ahora, de muchas cosas, pero de modo saliente, también, de una pelea entre poderosos: una disputa mortal entre sectores internos al bloque de poder dominante. La injusticia en la distribución económica alentada por el gobierno siguió, luego de su derrota en la 125, y la injusticia en la distribución de la palabra seguirá, luego de esta victoria del gobierno. No se trata de quedarse tranquilo con la consciencia, ni de convertirse en francontiradores. Se trata de seguir haciendo lo que uno puede, con los pocos medios de los que dispone, es decir, seguir peleando desde el propio lugar, contra la injusticia y desigualdad prevalecientes. Es decir, seguir peleando contra el gobierno y contra los grupos de poder con los que ocasionalmente el gobierno pacta o se enfurece.
