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"Quienes aquí firmamos creemos que una Constitución debe consistir en una decisión colectivamente tomada por el pueblo sobre los valores que consideramos dignos de proteger, a través de arreglos institucionales y derechos fundamentales que reflejen dichos valores. El problema es que la Constitución actual, nacida bajo una dictadura y con exclusión de la ciudadanía, no responde a dicha concepción. En primer lugar, su falta de legitimidad de origen es políticamente inaceptable para una teoría democrática sobre la justificación del poder. En segundo lugar, ella protege un sistema electoral y legislativo que custodia los intereses de la minoría interesada en mantener los privilegios adquiridos en dictadura. En tercer lugar, y debido a esto último, su diseño institucional impide dar respuestas a los problemas sociales estructurales, lo cual genera una situación de conflicto latente que puede estallar sin cauce institucional alguno. La desafección con la política y la irrupción de los movimientos sociales son el síntoma de esto. El problema de fondo, así, es que la Constitución de 1980 no es “nuestra” Constitución".
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