Diálogo legislativo o democracia de elites

En La Nación de hoy, una nota que me pidieron sobre el recambio legislativo en el Congreso, ver acá, o abajo. Ojo, el original envíado incluye algunas precisiones que no aparecen en la nota publicada.


El comportamiento que ha tenido el oficialismo en el Congreso, durante todos estos años, ha sido lastimoso, y es muy importante definir en qué sentido lo ha sido, tanto como bregar para que la oposición no incurra, en los próximos años, en prácticas semejantes. La crítica que presento al actuar del gobierno no pretende ser moral, sino jurídica, y se encuentra finalmente referida a la manera restrictiva y elitista con que el oficialismo ha pensado a la democracia, desde su llegada al poder. Paso a explicarme.

En primer lugar, el accionar legislativo del oficialismo ha sido democráticamente repudiable por el desdén que el gobierno ha demostrado frente a la exigencia de contar con normas legales resultado de acuerdos extendidos, inclusivos, y basados en la discusión. Contra dicha exigencia, nos encontramos con que el gobierno ha tratado, inequívocamente, de afirmar su autoridad en la negación del diálogo público, y a partir de acuerdos de cúpula, hechos en secreto y a puertas cerradas (comúnmente, desde la soledad de Olivos, y en compañía de empresarios privados). Para dar concreción legal a sus iniciativas, el gobierno ha recurrido habitualmente (sino a la fuerza bruta de los decretos) a la extorsión legislativa y el mero intercambio de favores; o a la pura imposición de su mayoría numérica en las Cámaras. Lo dicho no refiere a faltas ocasionales, aisladas, por parte del gobierno, sino a prácticas sistemáticas, ratificadas –sólo por citar algunos casos- en su persistente defensa de las candidaturas testimoniales; o en su abierta y continua disposición a cooptar con dinero a legisladores opositores. Ahora mismo, cuando el jefe de Gabinete o el jefe del bloque oficialista amenazan con el veto de todas las iniciativas de la oposición, no hacen sino reproducir esa lógica democráticamente elitista, basada en la fuerza bruta antes que en el diálogo. No hay ninguna pretensión, por parte del gobierno, de encontrar respaldo a las decisiones que se toman en un consenso amplio con la oposición (piénsese en el caso de la asignación por hijos). Se trata, finalmente, de la misma lógica de una democracia de elites que ha persistido en todos los gobiernos que se han sucedido, desde el menemismo hasta hoy.

La crítica presentada no pretende ser una crítica moralista, sino –según decía- una de carácter jurídico. Y es que, por las mejores razones, la Constitución afirma una y otra vez que el Congreso es un órgano deliberativo, al que le corresponde discutir las iniciativas que se presenten, y no meramente aprobarlas imponiendo la fuerza o el número. Así lo establecen artículos como el 78; el 83; el 100 inc. 9; el 106, que dejan en claro la obligación de debatir las leyes, antes de aprobarlas. Esto quiere decir que cuando, como tantas veces, se aprueba una ley sin un previo proceso de genuina discusión (piénsese en la ley de superpoderes; la reforma del Consejo de la Magistratura; la reciente reforma política), no se comete una picardía, sino una falta grave, que socava la misma validez jurídica de la ley. Nuestra exigencia, por tanto, no implica insistir en finezas o sofisticaciones exageradas: se trata de tener leyes válidas o leyes que no lo son.

Lamentablemente, la práctica hoy dominante es cada vez más la de la fuerza, en negación del diálogo. El oficialismo ha propiciado dicha práctica, montado en una visión conservadora, sino reaccionaria, de la democracia. La justicia -y aún la digna Corte Suprema- tampoco nos han ayudado, ya sea por su habitual disposición a “no hacer olas,” ya sea pensando –erróneamente- que con su inacción respetaba al legislador. De allí el fundamental papel democrático que le corresponde asumir hoy a la oposición.