23 oct. 2014

Hidrocarburos: Una ley a la medida de las corporaciones


Maristella Svampa[1] y Hernán Scandizzo[2]
Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno se propuso alcanzar el autoabastecimiento a partir de la explotación masiva de yacimientos no convencionales. El contexto de déficit energético, así como la intensa campaña comunicacional asociando empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, facilitaron su instalación y fueron cerrando los caminos a un debate democrático. Con esta decisión no sólo se redujo el problema energético al abastecimiento de hidrocarburos, sino que se desestimaron otras posibilidades, incluso dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.
 No obstante, la imposibilidad de resolver el problema por esta vía ha quedado de manifiesto dos años más tarde. El fracking avanzó en las provincias de Neuquén y Río Negro, impulsado principalmente por YPF, no se concretó el anunciado aluvión de inversores ni los niveles de producción resultaron tan promisorios. El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo suma otras vías: la recuperación terciaria y los yacimientos de la plataforma continental y propone transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar Vaca Muerta asociada con Chevron. Incluso reduce los requisitos: recordemos que el decreto 929 otorga la posibilidad de exportar en 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandaran una inversión de mil millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de doscientos cincuenta millones de dólares, esto es, la cuarta parte. Además, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto. También se eliminan trabas a la concentración oligopólica, que existen y no se aplican… y lo más preocupante: habilita mecanismos para que la concesión de áreas sea a perpetuidad.
El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios, tal como establece el convenio 169 de la OIT. Vaca Muerta está lejos de ser un territorio vacío, como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales, pues en ese territorio se asientan más de veinte comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas.
En consecuencia, resulta muy difícil encontrarle aspectos positivos a esta reforma tan importante, que consolida nuevas vías del despojo y el saqueo económico. Al igual que con la soja y la megaminería, nuestro país se perfila como un laboratorio a gran escala en la implementación de una las técnicas de extracción de hidrocarburos más controversiales a nivel global, amparado por un marco regulatorio cada vez más propicio para las inversiones extranjeras. Asimismo, la estigmatización de los sectores ambientalistas, el encapsulamiento en lo local y el silenciamiento de los accidentes (en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta), hace que las voces disidentes tengan cada vez menos espacios dónde expresar sus posturas.
Es imposible alcanzar la Soberanía Energética si no se apuesta a una política de Estado, es decir, sostenida en el tiempo y destinando recursos para la diversificación de la matriz energética, que depende en un 90% de combustibles fósiles. Por otra parte, hablar de Soberanía Energética no implica solamente apostar al desarrollo de fuentes alternativas (solar, eólica, mareomotriz, hidráulica), sino también evaluar las escalas de los proyectos, garantizando la participación social en el diseño de los proyectos y de las políticas. En suma, implica un nivel de debate y participación, de consideración de abordajes múltiples, que evidentemente esta nueva ley no sólo no habilita, sino que además, pretende clausurar.



[1] Investigadora del Conicet
[2] Periodista, Observatorio Petrolero Sur

1 comentario:

Anónimo dijo...

Lo que dijo Dromi (un ex-insider) en una entrevista publicada la semana pasada es de terror.