Aprobar sin debatir

Hoy (acá) sale nota sobre el tema, en La Nación: hay un problema -y es serio, y es de rango constitucional- cuando en el Congreso decide (mucho peor: cambio las normas de fondo) sin debatir. Ahí aparecemos con don Bohmer -yo polemizando un poco con Horacio G., que nos maltratara innecesariamente en una nota que ya citáramos. Por ahora, menciono un solo punto: uno no sólo insiste con la deliberación porque la Constitución la exige. Lo hace, sobre todo, porque aprendió de la historia (argentina por caso) y sabe que cuando el debate se termina y se cierra al público, es porque los grandes poderes entraron: llámese Iglesia, empresas telefónicas, empresas megamineras, empresas de hidrocarburos. No nos mientan más.

Un párrafo de lo que yo escribiera (en réplica a HG), y que la nota retoma:

"Resulta molesta la necesidad que impone este tiempo, que exige que presentemos, luego de cada argumento, un certificado avalando nuestra disposición a mirar al mundo desde el punto de vista de los más sacrificados. En todo caso, quienes enfáticamente defendemos la deliberación inclusiva, lo hacemos -justamente- bajo la convicción de que su falta genera problemas graves, que poco tienen que ver con el dejar de parecernos a caballeritos ingleses, discutiendo en torno al té de las cinco de la tarde sobre las reglas del hockey. Nos mueven problemas algo más argentinos: problemas brutales, que las recientes disputas sobre los Códigos Civil, Penal o Procesal simplemente han ratificado. Para decirlo en breve: la ausencia del debate democrático no sólo es contraria a lo que la Constitución exige, sino que viene siempre de la mano de una renovada influencia de intereses particulares (no populares precisamente) en la forja de las leyes que van a regir sobre todos. Tómese el ejemplo del Código Civil: cuando se cerró el debate público en su torno, se quitaron derechos ya incluidos, que incomodaban a las empresas mineras; y se incluyeron prerrogativas que habían sido excluidas, favorables a quienes lucran con el trabajo precario. En la oscuridad, se le arrancaron las cláusulas sobre responsabilidad de los funcionarios públicos (favoreciendo la alianza -tan de estos años-- entre agentes del gobierno y el empresariado corrupto); y se introdujeron cambios en materia de propiedad exclusivamente orientados a asegurar los intereses de los mejor situados (countries, tiempo compartido). No se dedicó un solo instante, en cambio, a reparar los padecimientos de los sacrificados (vivienda precaria, desalojos forzosos, falta de agua)". En definitiva... "la ausencia de debate favorece que ganen los mismos de siempre, amparados por el secreto, y ayudados por su poder de influencia. El final que nos reserva este tiempo es, sin embargo, todavía más triste: en casos como el citado, entre tantos otros (legislación anti-extranjeros; fiscalías sin control popular; endurecimiento irracional de la prisión preventiva) se trabaja contra los más débiles, pero se lo hace en su nombre, invocando -con sentida emoción- cada uno de los derechos que se les niega".