El caso Noble-Herrera

Doy cuenta de un hecho personal (que en este caso es también político), porque me parece revelador de un cierto -lamentable- estado de situación en nuestra discusión pública.

En el post anterior, escribía sobre la importancia de no impugnar las críticas que alguien pudiera hacer, frente al gobierno, a partir de ataques personales sobre quien critica, y la generación de sospechas sobre el mismo ("si hace una crítica debe ser porque está comprado"). Curiosamente, cantidad de gente, desde el anonimato por supuesto, dejó de lado cualquier discusión sobre el contenido de mi texto, para...atacarme personalmente, elevando sospechas sobre mí -en este caso, porque soy crítico del gobierno. En particular, muchos dejaron de lado cualquier discusión de fondo sobre el texto, aparecido en Clarín, para preguntarme qué pensaba sobre el caso Noble-Herrera (referido a los recientes procedimientos judiciales llevados a cabo para determinar si los hijos adoptivos de la señora Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín, son hijos de desaparecidos, tal como muchos asumen).

Supongo que los anónimos deben pensar alguna de estas cosas:

1) Si hasta ahora no hablé en público del caso, debe ser por el desprestigio que me podría generar, en ciertos sectores, decir que estoy a favor de E.H.N. (dado que es obvio que estoy a favor de E.H.N.).
2) No hablé del tema, pero mi posición es obvia (a favor de E.H.N.), dado que soy crítico del gobierno.
3) Lo que es obvio es por qué no hablé del tema: no lo hice porque no quiero hablar en contra de los intereses de Clarín, siendo obvio que no quiero afectar los intereses de Clarín porque a veces escribo ahí.
4) Tal vez no esté a favor de E.H.N., pero entonces -por eso mismo- es obvio que tengo que ocultar mi posición, para así "cuidar los intereses de mi patrón", y los míos, para seguir escribiendo ahí.

La verdad es que el tema me parece doloroso y difícil, lejano del simplismo partidista con que muchos lo examinan, y del cinismo e irrespeto con que muchos hablan de la suerte de algunas personas, tal vez hijos de desaparecidos. Pienso que en el tema hay que hacer un enorme esfuerzo para equilibrar dos compromisos importantísimos: el de la comunidad, con el derecho de la verdad, en particular a la luz de las atroces violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura militar; y el derecho de autonomía de los individuos, hoy adultos, potenciales familiares biológicos de desaparecidos. Lo que pienso es básicamente lo mismo que dijeron Lorenzetti y Zaffaroni, en el voto que firmaron conjuntamente, en el fallo Prieto (acá); que es más o menos lo mismo que sostuvo recientemente Zaffaroni, en una entrevista radial (entrevista que se encuentra, por ejemplo, acá). No adhiero palabra por palabra a lo que ellos dijeron (por suerte tengo pensamiento propio), pero sí a los principios generales que ellos defendieron. Y entiendo, por supuesto -y esto me consta- que esta posición deja espacio para disidencias importantes, en los detalles, que no son menores. Sobre algunos de esos detalles tengo certezas, y sobre otros muchas dudas.

En su voto, (y reproduzco acá lo que está linkeado más arriba) Lorenzetti y Zaffaroni "refieren que se trata de un conflicto entre derechos de rango constitucional. Por una parte, la autonomía en la esfera de la individualidad personal protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional de quien se niega a la extracción de sangre y la búsqueda de la verdad perseguida por la familia biológica. Debido a ello es que entienden que la dogmática deductiva no brinda soluciones y debe recurrirse a la ponderación de principios jurídicos.
A partir de allí, afirman que planteando todas las posibles hipótesis e imaginando lo que significaría para las víctimas una u otra de las decisiones, es decir, si se sacrificase el derecho de unas o el de otras, aparece claro que el respeto al derecho a la verdad de la presunta familia biológica no requiere necesariamente que la otra víctima (secuestrada) cargue con todas las consecuencias emocionales y jurídicas del establecimiento de una nueva identidad formal o jurídica: bastará con que la familia biológica sea informada de la identidad y de ese modo se ponga fin a la búsqueda de décadas y termine la comisión del delito, pues en caso que la prueba resultase indicadora del vínculo, la verdadera identidad se hallará materialmente establecida y la supresión habrá cesado, sin que para ello tenga relevancia alguna que la otra víctima la haga o no valer en derecho. La hipótesis construida sobre esta base provocaría una lesión o limitación mucho menor en ambos derechos en conflicto, a condición de adoptar una decisión que contemplase varios aspectos de mutuo interés, en vista a disminuir al mínimo cualquier posible lesión presente o futura.
En esa inteligencia – sostienen – que la coerción física sobre la víctima presuntamente secuestrada se evitaría si se agotasen previamente las posibilidades de tomar las muestras de manera no invasiva en el cuerpo de ésta, lo que aparece, a todas luces, como más respetuoso de su dignidad y acorde con los principios constitucionales argentinos.
A su vez, consideran que la familia biológica acabaría con su angustia conociendo que el resultado de la prueba fuese positivo en cuanto indicador del vínculo, o sea, que con la comunicación de este resultado quedaría garantizado su derecho a la verdad y desde que adquiriese ese conocimiento también para la familia biológica cesaría la comisión del delito.
Sostienen además que una vez satisfecho el derecho a la verdad de la presunta familia biológica, serían los sentimientos y conciencia de todos los lesionados por el crimen contra la humanidad los que les señalasen su camino futuro en la vida, sus encuentros y desencuentros personales sin interferencia coactiva alguna de la jurisdicción.
Para que el conflicto se resolviera de esa manera, en todo caso, la prueba debería disponerse por la jueza de instrucción, al sólo efecto de satisfacer el derecho a la verdad de la presunta familia biológica, quedando vedado bajo pena de nulidad cualquier pretensión de otro efecto o eficacia jurídica.
En razón de los argumentos que se dan en el proyecto, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la decisión recurrida, revocando la sentencia apelada en cuanto ordena la extracción compulsiva de sangre del recurrente."

Dicho esto, me pregunto por qué no se puede pensar que si uno no habla de un cierto tema no es porque uno tiene un interés personal -obvio, un interés monetario, mezquino, reaccionario o de otro modo indigno- sobre el mismo, y no, por ejemplo, porque uno no tiene el deber de hablar de todos los temas; o porque no conoce bien todos los temas; o porque tiene ganas de hablar de otros temas. A mí, por ejemplo, me interesan muchos temas, más allá del derecho, y cuando hablo de política local me interesa, sobre todo, mantener una posición crítica frente al gobierno (una actitud que mantengo básicamente idéntica desde hace más de 20 años, que es cuando ingresé a la vida política). Me pregunto, en particular qué es lo que nos dice el hecho de que no podamos pensar en el otro desde la buena fe. Me pregunto por qué no podemos comprometernos en la discusión de argumentos, en lugar de desatar la política de la sospecha. Me pregunto, con cierta pena, qué es lo que nos lleva a pensar que si el otro piensa distinto que uno, debe ser porque es un idiota, o está pagado, o está sacando algún tipo de rédito de esa situación. Y si se diera el caso de que otros, simplemente, piensan diferente de uno, y argumentan a partir de sus propias ideas, convicciones y principios?