El canciller, y la obligación de declarar ante el Congreso

Muy impresionante el reportaje de hoy en Página (acá), al nuevo canciller Héctor Timmerman, quien -nunca debemos olvidarlo- fuera un activo defensor de Videla y Massera, desde el diario La Tarde (no era, recordemos, el cafetero sino el director de ese diario).

Algunas declaraciones que me sorprendieron, y que son interesantes para pensar sobre la libertad de expresión y el lugar de la crítica, en su pensamiento (...):

"No estoy de acuerdo en que los medios usen la libertad de expresión para obtener beneficios económicos o políticos." Tres pequeños comentarios sobre la frase: a) dime de qué blasonas y te diré de qué careces; b) la frase resulta preocupante, si aparece luego de que le señalan que en Venezuela acaban de poner preso a un editor de diario; c) uno puede utilizar la libertad de expresión para ésos y muchos otros fines.

"Hay una ofensiva permanente contra el ministro Julio De Vido. Responde únicamente a tratar de debilitar la férrea defensa de los intereses nacionales y de la sociedad argentina ante empresas que históricamente recibían más ayuda del Estado que los más pobres." Lamentable. Primero, por el modo, tan habitual como inaceptable, de diluir críticas justificadas vendiendo humo. Segundo, porque de la dupla De Vido-Dromi si algo no ha hecho nunca, ni hará jamás, es defender a los intereses nacionales.

"La Argentina tiene con EE.UU. el vínculo que deseamos tener con la primera potencia mundial. Nos falta lograr la apertura de los mercados agrícolas, cerrados desde hace varios años, y al mismo tiempo profundizar los buenos lazos que tenemos, por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad nuclear." Todo mal. Primero, desde la Embajada argentina en USA hizo todo lo posible por empeorar las relaciones con los Estados Unidos, y ahora propone reforzarlas allí donde más amenaza generan -la instalación de bases militares norteamericanas en Latinoamérica.

Y sobre todo me sorprendió esta declaración, sobre la posibilidad de que el Congreso cite a Eduardo Sadous para que declare sobre la existencia de operaciones presuntamente ilegales entre el estado argentino y Venezuela: "Voy a hablar con Sadous. Estoy convencido de que sabe, como profesional que es, que por ley los embajadores no pueden revelar información confidencial. En caso de hacerlo estarían cometiendo un delito...Nunca hay trabas para la soberanía de la Justicia. Pero estamos hablando del Congreso. Como canciller, voy a evitar que se revelen secretos confidenciales que lleven a Sadous a violar sus responsabilidades legales. En lo que a mí respecta también trataré de evitar, con todo respeto por la división de poderes, que el Congreso transforme en un escándalo político algo que no lo es." Con todo respeto por la división de poderes, el Canciller debería saber que la autoridad del Congreso está por encima de la suya, de la de Sadous, y de la de toda la Cancillería junta. El Congreso, como órgano representante de la voluntad popular, tiene todo el derecho del mundo de llamarlo a él y a todo su plantel, e instarlos a develar toda la información que conocen, relacionada con el ejercicio de sus funciones. Mucho más, cuando existe la presunción de que dichas actividades involucraron la lesión de los intereses nacionales. En un sentido importante, HT sigue siendo videlista: en la reivindicación de una ética de subordinación y valor.