25 feb. 2011

Ley de Lealtad

No puede ser cierto, por favor, espero la desmentida. La Secretaría de Comercio Interior acaba de aplicar la Ley de Lealtad Comercial contra una consultora económica (Orlando Ferreres y Asociados), fijándole una multa de 500 mil pesos por difundir cálculos sobre la inflación más elevados que los definidos por el Indec. Según la Secretaría , estarían “induciendo a error, engaño o confusión” a quien reciba esa información. Que se persiga a alguien por publicar datos que el Gobierno no quiere ver, o en los que no cree; que el Gobierno quiera la aplicación de castigos por la difusión de las cifras que ha destruido; que busque acallar aún este tipo de críticas que parten de una descripción distinta de la realidad; que se anime -la Secretaría de Comercio!!!- a denunciar y perseguir a alguien invocando un artículo que castiga a propagandas o publicidades engañosas ("que incurran en inexactitudes u ocultamientos que induzcan a error en las condiciones y en los precios de venta"), es políticamente gravísimo, y jurídicamente inaceptable. La medida debería provocar la reacción jurídica contraria: Procesar al al Secretario de Comercio por persecusión ideológica; censura; falsificación de documentos públicos. El caso Pedraza (como antes Subtes u Hospital Francés) ya nos había alertado de hasta dónde se anima el Gobierno en la persecusión de opositores de izquierda. Esta es una novedad que pone bajo amenaza directa al debate público -y finalmente, también, a la crítica política- y hay que impedirla ya.

26 comentarios:

Anónimo dijo...

Comparto totalmente, es impresnetable. Que un mismo funcionario, que ni siquiera tiene rango de ministro -y por lo tanto no tiene el control parlamentario correspondiente-, sea la autoridad de aplicación en temas de defensa de la competencia, consumidor, abastecimiento y lealtad comercial de por sí es peligroso. Y si encima es Moreno ni hablar.
El problema es que la revisión judicial de la multa va a una Cámara amiga -contencioso administrativo federal-, donde las chances de confirmación pegando dos sumarios sobre presunción de legitimidad del acto administrativo son altísimas.
Hernán

Anónimo dijo...

La autoridad estatal, dependiente de la secretaría que conduce Moreno, intima a las empresas en virtud de las facultades que le confieren las leyes 20.680, 22.802 y 24.240, y que otorgan a esa repartición, la Dirección de Lealtad Comercial, poder de policía para custodiar el cumplimiento de la normativa en vigencia. ¿Acaso no induce al engaño publicitar un porcentaje de inflación muy diferente al oficial, sin explicar de qué modo se ha llegado a ese número?
Evidentemente, la lealtad comercial, la ética pública y la responsabilidad en la difusión de información sensible por penetrantes estructuras gráficas y audiovisuales, que podrá dirigir determinadas conductas sociales (por ejemplo el voto, o la especulación cambiaria, o el antisocial ahorro bajo el colchón, o una merma injustificada en el consumo), no encajan para nada en el modelo de capitalismo de bragueta baja que añoran los grupos más concentrados de la renta nacional.
La disputa sigue siendo una sola: el rol del Estado. Para qué sector son las tenacidades de la ley. Qué clase social deviene usuaria interesada de la justicia, y cuál otra, objeto de su rigor penal. O un Estado para consentir jugosos negocios a unos pocos, u otro que incluya socialmente a los millones de ciudadanos que el capitalismo había desheredado y no trataba como tal.

A 2 dijo...

Coincido que, tal vez, el secretario de comercio interior no esté éticamente legitimado para ejercer semejante reproche. Sin embargo no estoy tan seguro de que difundir información que se sabe errónea para manipular las expectativas de la ciudadanía no pueda estar sujeta a algún tipo de sanción. Pienso, por ejemplo, en Laje diciendo en el 2002 que el dolar iba a estar en $10...todavía lo estamos esperando. Lo trágico no es tanto que sea falso sino que se pretende hacerlo verdadero repiténdolo. Las famosas profecías autocumplidas. Si Ferreres y cía siguen diciendo que la inflación es del 30 anual, va a terminar siéndolo aún cuando no es cierto. En otro contexto no me parecería problemático pedirle explicaciones a quienes tienen capacidad de formar opinión sobre cómo miden los números que publican o utilizan para elaborar sus informes.

Eduardo dijo...

Creo que con el mismo criterio, habría que aplicarle una fuerte multa al CELS y a las universidades nacionales por los informe que han elaborado sobre las manipulaciones del INDEC.-

A 2 dijo...

No digo que necesariamente estén dadas en este caso las condiciones para aplicar una multa. De hecho creo que no. Sólo señalo que en determinadas condiciones sí pueden justificadas. De todo modos, no creo que la falta de credibilidad de los números del INDEC autorice a publicar cualquier cosa.

fahirsch dijo...

Anónimo de las 9:10 : Es un intento de coartar la libertad de opinión. Mañana vendrán con que opinar distinto en cualquier otro tema va contra el Espiritu Nacional

rg dijo...

que una bestia tome una medida como esta, primer paso gravisimo en camino de coartar la expresion disidente, es inaguantable. ahora...que haya gente que venga a justificarlo!!!!!!!!!!!!! porque no decirlo simplemente: es un error inaceptable, una verguenza, basta de esto. dejo las justificaciones como testimonio para el futuro, de la degradacion del pensamiento que produjo el kirchnerismo en gente seguramente decente

PIC dijo...

Concuerdo totalmente con vos, Roberto.
Un gobierno que hace esto debe ser procesado (Moreno cuenta con la anuencia de la Presidenta en ello).
Quisiera ver si le llega el turno a Finisport, la consultora de Todesca (asesor de Duhalde). Ahí sí quiero ver qué pasa.

RodrigoSeijas dijo...

perdón, pero no tengo claros los roles, competencias, normas, etcétera que refieren al tema: a quién le corresponde aplicar la ley de lealtad comercial? la secretaría de comercio interior (siendo o no moreno la cabeza) puede hacerlo?
orlando ferreres puede ser considerado de izquierda? (porque la verdad que no tengo en claro su historial)
creo que, si va contra la ley, por más que sea de izquierda o no, que esté mintiendo o no, moreno debería sufrir la sanción correspondiente.
obviamente que el tener que contemplar como moreno sanciona a otros por "falta de lealtad comercial", "mentir o manipular índices", etc, etc, es entre patético, ridículo y asqueroso. y que en página 12 lo presenten como una gran noticia, mucho peor.

Anónimo dijo...

¿Por qué no leen la resolución antes de opinar con ese grado de insensatez? Gargarella, sos abogado y titular de cátedra, lee las cosas antes de criticar porque sale en un diario. Con esto perdés seriedad y pasás a ser como todos los políticos que critican las decisiones sin conocer bien el fondo. Quizás está mal la decisión pero antes tendrías que evaluar los fundamentos. Saludos, Jorge

rg dijo...

jorge, es una interpretacion de la ley de lealtad comercial, y de teoria interpretativa algo conozco. no es que esta mal: es abominable

Anónimo dijo...

Gracias Roberto por decir las cosas con esa claridad...
Sinceramente me cuesta entender como hacen todos los chirolitas para justificar absolutamente todas las medidas tomadas por este gobierno...
Y me parece que se están vulnerando derechos muy elementales...
Saludos
Daniel

Quintín dijo...

Con estos abusos de poder, decir que se vive en un sistema democrático es cada día menos aceptable. Pero como dice Gargarella, peor que Moreno son sus soportes intelectuales que creen que hay una justicia para ellos y otra para los enemigos. La medida de Moreno —sin entrar a considerar lo payasesco de su oportunidad y sus circunstancias— es de un Ejecutivo de facto que aplica penas. Es un paso muy audaz que prueba que la dirección del poder, es decir Cristina Kirchner, está embarcada en una línera autoritaria que no tiene límites institucioanles.

No es poca cosa esto y es patético que se lo defienda con afirmaciones propias de cretinos como que Moreno se opone al "capitalismo de bragueta" cuando el Secretario de Comercio acuerda continuamente con los grupos concentrados y las corporaciones.

La disposición es siniestra, pero es un anticipo de lo que se viene.

fahirsch dijo...

Pensándolo un poco, me parece que lo que quieren es hostigar, someter a los que pueden y fundir económicamente a los que se oponen. No me cabe la menor duda que esto va a ser un juicio que va a llevar meses o años (como siempre en nuestro país). No importa quien gane en primera ronda, el perdedor va a apelar hasta que lleguen a la Corte Suprema. Mientras el tiempo avanza.
Otra: me parece mal la frase de rg: anima el Gobierno en la persecusión de opositores de izquierda. ¿Acaso el gobierno solo esta en contra de opositores a su izquierda? ¿Y solo está mal en ese caso?

rg dijo...

fahrish, justamente, ferreres es de derecha, ex menemista. pero el tema es el mismo: la actitud del gobierno de no tolerar a nadie que no le chupe las medias

Anónimo dijo...

miren esta nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-163081-2011-02-25.html

Anónimo dijo...

abominable, espantoso, inaceptable, gravisim, verguenza, es lo peor que nos paso en la historia. Muchachos ya se parecen a Carrio, no saben que mas adjetivos usar. Cual van a usar cuando sea algo realmente grave.
Relajen y acuestense con alguien lindo que les aseguro que es mejor
buenas noches y que sueñen con ls angelitos

rg dijo...

bueno, no calificamos, describimos: un acto criminal, ilegal, que paguen por eso

Anónimo dijo...

haceme caso Roberto relaja...

Anónimo dijo...

che, los de orlando ferreres y asociados, son un comando troskista?
son militantes de izquierda?

werte dijo...

No sé si cabe englobar en "libertad de expresión" u opinión la elaboración de números índice, salvo que uno crea que el sólo mecanismo de mercado es eficiente para desacreditar a los chantas antes de que hagan daño. La última crisis bursátil, en la que diversas agencias encargadas de elaborar índices de todo tipo tuvieron un rol "destacado", parece demostrar que aún en un mercado desarrollado y transparente como el norteamericano, se requiere la fiscalización rigurosa del estado.
Por supuesto, estoy de acuerdo en que el gobierno argentino ha politizado él mismo el asunto con la calamitosa intervención del indec, habilitando a todos los demás a hacer cualquier cosa, y que tiene cero legitimidad para regular nada en ese terreno. Pero esto ya no es incluir a los números índice en un derecho a la libre expresión, como no lo es la fabricación de milanesas.

rg dijo...

ferreres, insisto, es un ex menemista. y entonces? aca defendimos siempre el derecho expresivo de piqueteros y troskistas terciarizados, como defendemos el derecho de la derecha a elaborar sus cifras sobre la inflacion, por mas que al gobierno le disgusten

Gabriel dijo...

El gobierno hace exactamente lo mismo que la encuestadora al la que sanciona. A esto se trata de omitirlo mediante el expediente de 'mentimos pero con fundamentos' que arroja la perfeccion tecnica del INDEC. Pero lo que el gobierno falla en entender es que la guerra contra una encuestadora de derecha no va a lograr parar 'un indice de derecha'. El indice mas 'derechoso' es el del INDEC porque es el que sirve de fundamento para las politicas publicas del gobierno. Al estar basado en lo inexistente, no reflejar realmente lo que el pueblo gasta y compra, las decisiones relacionadas con AUH o las jubilaciones minimas o medias son abstractas.

Por lo tanto, con esta medida el gobierno de derecha busca frenar la presion de izquierda - independientemente de que el actor en este caso sea de derecha (a veces me parece tan limitado pensar la izquierda y la derecha mediante biografias, incluso mediante intenciones, como si nadie hubiera leido la politica como vocacion) - para ser realista en sus politicas redistributivas y bajar la inflacion sin ajuste. Pero claro, como es neoliberal, bajar inflacion, para el gobierno, solo puede hacerse con ajuste.

Roberto Manuel Carlés dijo...

Comparto la valoración negativa de la decisión comentada, por una cuestión fundamental, bastante obvia: el Estado no puede intervenir de ninguna manera ante las opiniones de nadie, como TAMPOCO puede hacerlo frente a la difusión de información falsa y malintencionada. Sin embargo, creo que habría que diferenciar las opiniones sobre datos concretos, de la difusión de los datos en sí. Una consultora debería responder, por ética profesional, en principio, pero también por las consecuencias públicas de sus informes, sobre la forma en que obtiene los datos que publica. Luego, todos somos libres de valorarlos y opinar sobre ellos como mejor nos parezca, pero sobre los datos pesa otra responsabilidad. Hace poco Ferreres publicó en "La Nación" una nota en la que sostenía que la Argentina necesitaba más presos, que su bajo índice de encarcelamiento - "bajo" comparándolo con el de los EEUU - era la causa de nuestra (supuestamente) mayor criminalidad. Aquí, no publicó datos falsos, "solamente" empleó un razonamiento falaz (éticamente, tan reprochable como si se tratara de datos falsos). Distinto hubiese sido el caso en que hubiera dicho que tenemos un índice de homicidios igual al de Colombia.
Lamentablemente, la situación irregular del INDEC deslegitima al Estado frente a los particulares de mala fe, en lo que podría ser el inicio de un debate público sobre las responsabilidades públicas de los "agoreros" particulares. Pero insisto, el límite no puede venir desde el Estado. Quizás sí de parte de alguna asociación profesional que hiciera controles inter pares, y que permitiera el debate público.

JacobinoWinograd dijo...

A mí me parece que todo encuestador o dueño de una consultora que quede en evidencia de haber vendido información falsa (sabiéndolo o no) debería ser fusilado inmediatamente, además para que sea más justo todavía esta ley debería ser retroactiva, propongo que se empiece pasando a degüello a Artemio López por el sábalo en mal estado que le hizo comer a Néstor Kirchner en Misiones 2006.
Vamos! hagamos justicia con la bragueta alta que el pueblo lo pide.

Anónimo dijo...

Un par de ideas...
1ro. Tiene que haber una venta de un servicio para que aplique esa ley. Si OJF no vendió específicamente el servicio de "confección de un IPC", no aplica la ley.
2do. La LLC aplica sólo a consumidores finales, y no se me ocurre ni un solo particular que vaya a comprar un servicio como el señalado en [1ro].
3ro. Supongo que una multa no puede carecer por completo de relación con la magnitud del presunto daño.

-------------
Fuera de esto de la LLC, ¿se podría amparar el uso de datos fraguados dentro del derecho a la libertad de expresión? Supongamos que tengo una agenda de derecha en el tema seguridad, y para lograr mis deseos tengo dos caminos. El camino A, que refleja mis deseos, es "quiero que todo el que cometa delitos menores contra la propiedad sea encarcelado por largo tiempo porque considero que es una retribución justa de acuerdo con mis creencias"; el camino B es (sabiendo que el dato que se informa es falso) "quiero solucionar el problema de la seguridad, y una forma comprobadamente eficaz es encarcelar por largo tiempo a los que cometan delitos menores contra la propiedad". Bajo el camino A soy honesto ("quiero retribución"), bajo el camino B soy deshonesto ("quiero solucionar el problema de la inseguridad" cuando en verdad "quiero retribución"), pero eso es político. Lo que me interesa del camino B no es la mentira respecto de mis deseos (un hecho político), si no la mala representación de hechos con malicia. ¿Debiera este punto ser amparado por la libertad de expresión? Para mí, rigiendo este principio, sólo el camino A sería admisible. Pero me gustaría saber hasta dónde llega la libertad de expresión. (Imagino que se termina bastante antes de sembrar el pánico generando una estampida mortal por diversión).