11 feb. 2011

Libertad de expresión en la Argentina, según la Relatoría de la OEA

ARGENTINA

8. La Relatoría Especial observa con satisfacción que el Estado argentino haya efectuado el 5 de julio un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos del periodista Eduardo Kimel3. El periodista Kimel había sido condenado en marzo de 1999 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización por criticar, en el libro “La masacre de San Patricio”, la actuación de un juez. El libro era el resultado de una investigación publicada en noviembre de 1989 acerca del asesinato de cinco religiosos palotinos. En cumplimiento de la sentencia, el Estado argentino eliminó en 2009 la aplicación de las normas de injuria y calumnia a las expresiones de interés público.

9. La Relatoría Especial valora la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Miguel Ángel Di Salvo contra el Diario La Mañana, del 19 de mayo de 2010, la cual dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en contra de ese periódico. La sentencia civil de la Corte Suprema reiteró la aplicación de la doctrina de la real malicia, según la cual, “[t]ratándose de informaciones referentes a figuras públicas, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación acerca de tal circunstancia”4.

10. Asimismo, la Relatoría Especial saluda la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en el caso Canavesi contra el diario El Día, del 8 de junio de 2010, que revocó una condena contra el periódico, por haber publicado información falsa acerca de una persona particular, con base en datos aportados por una fuente oficial5.

11. La Relatoría Especial fue informada de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 15 de junio de 2010, que aprobó el esquema de distribución de publicidad oficial del gobierno de la Provincia del Neuquén, en cumplimiento de una paradigmática sentencia dictada por la Corte Suprema en septiembre de 2007, a favor del diario Río Negro. El caso se originó en una acción de amparo presentada por el periódico debido a la suspensión de la publicidad oficial por parte del gobierno provincial, después de la publicación de informaciones que cuestionaban al entonces gobernador de Neuquén, en diciembre de 20026.

12. La Relatoría Especial reconoce la importancia de que el Congreso de la Nación Argentina haya retomado durante 2010 la discusión de la Ley de Acceso a la Información. El proyecto recibió la media sanción en el Senado el 29 de septiembre y continúa su trámite en la Cámara de Diputados7. No obstante, resulta fundamental que el proyecto avance y el Estado apruebe un marco jurídico de acceso a la información, ajustado a los estándares internacionales en la materia.

13. Pese a que Argentina no cuenta aún con una ley general de acceso, se han producido importantes decisiones judiciales que resulta relevante resaltar. Según conoció la Relatoría Especial, el 2 de noviembre, la Cámara Contenciosa Administrativa Federal 8 confirmó una decisión de un juzgado en lo contencioso administrativo federal que ordenaba a la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación a entregar a la organización Asociación por los Derechos Civiles información solicitada sobre el gasto en publicidad oficial en 20099.

14. Asimismo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se habría negado a entregar información pública solicitada por la Asociación por los Derechos Civiles, en julio de 2009, concerniente al presupuesto en publicidad oficial. La entidad habría negado la información aduciendo que por ser un órgano público no estatal quedaba fuera de la obligación de entregar los datos solicitados. Un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, del 14 de diciembre de 2009, ordenó la entrega de la información, y una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, de agosto de 2010, confirmó esa decisión10.

15. La Relatoría Especial observa con satisfacción que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobara el 3 de diciembre de 2009 la Ley 3391 que regula la producción, contenido, gasto, contratación y distribución de la publicidad oficial de toda la administración pública de esa ciudad. Sin embargo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, vetó parcialmente la Ley el 25 de enero de 201011.

16. La Relatoría Especial toma nota de una resolución del Fiscal de Investigaciones Administrativas de La Pampa destinada a que el Canal 3 de la provincia de La Pampa, de propiedad estatal, garantice el pluralismo, para lo cual le ordenó apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos, fiscalizar el área informativa, reglamentar las funciones de la Gerencia de Noticias y establecer la misión, principios y objetivos de la organización. La resolución fue el resultado de una gestión hecha por empleados de la emisora en la cual denunciaron presuntas prácticas de manipulación, censura, invisibilización de opositores y persecución laboral12.
17. La Relatoría Especial destaca el avance obtenido por la Fiscalía en la investigación por las amenazas e intimidaciones anónimas recibidas durante el mes de abril por el periodista Ricardo Montacuto, director del portal de noticias MDZ Online. De acuerdo con la información recibida, la Fiscalía imputó al Intendente de Mendoza por el delito de “amenazas agravadas” luego de que una investigación judicial encontrara pruebas de que las llamadas se habrían originado en una línea telefónica asignada a ese funcionario13.

18. Pese a los avances reportados, la Relatoría Especial ha recibido información sobre graves agresiones y amenazas contra periodistas. En particular, la Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por el asesinato del periodista y dirigente comunal, Adams Ledesma Valenzuela, asesinado el 4 de septiembre en un barrio popular de Buenos Aires. Ledesma era corresponsal del periódico Mundo Villa y preparaba la apertura del canal de televisión Mundo TV Villa, que emitiría su señal por cable a hogares de la comunidad. En declaraciones ofrecidas a un periódico argentino, en junio de 2010, Ledesma anunció el lanzamiento del canal de televisión y adelantó que pretendía hacer periodismo de investigación para "filmar a los famosos" que llegaban a comprar droga a la villa. Según conoció esta Relatoría, la labor comunitaria de Ledesma estaba estrechamente relacionada con su tarea como periodista. La Relatoría fue informada de que Ledesma habría recibido en la madrugada una llamada para ayudar a un vecino a reparar un desperfecto eléctrico, pero al salir de su casa fue asesinado. Familiares del periodista fueron amenazados por personas desconocidas cuando intentaban ayudarlo, así como durante el funeral, conminándolos a salir de la localidad14. La Relatoría Especial fue informada de que el Estado otorgó protección policial a la familia del periodista y que habría ordenado la captura de un sospechoso15.

19. Asimismo, la Relatoría Especial expresa su preocupación por otros hechos de violencia contra periodistas, que deben ser investigados y sancionados. Según la información recibida, el 9 de febrero de 2010, el periodista Dante Gustavo Fernández, habría sido agredido por presuntos colaboradores de la Intendencia municipal en la Leonesa, Provincia del Chaco. Según la información recibida, Fernández, quien es director de la radio FM Frontera donde conduce el programa “La Mañana de Todos”, habría sido golpeado mientras intentaba dar cobertura a una protesta vecinal en reclamo del cese de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en las plantaciones de arroz16.

20. Según información recibida, el 24 de agosto, un incendio intencional habría destruido el vehículo del periodista Carlos Villanueva, causado quemaduras a su hijo y habría producido destrozos a su vivienda y a la emisora FM Cerrillos 90,9, que funciona en la misma propiedad, en San José de los Cerrillos, provincia de Salta. Los perpetradores también habrían sustraído un equipo de transmisión que dejó a la emisora fuera del aire17. Según fue informada la Relatoría Especial, el 26 de noviembre Carlos
Villanueva volvió a ser objeto de un atentado, cuando desconocidos dispararon contra la vivienda en tres ocasiones18.

21. La Relatoría Especial recibió información concerniente a un ataque incendiario que habría sufrido la periodista Adela Gómez, en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 28 de marzo. Desconocidos rociaron su automóvil con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Gómez es reportera en la emisora Radio 21, de esa localidad y antes del atentado había cubierto informaciones acerca de presuntas irregularidades cometidas por autoridades locales19.

22. La Relatoría Especial también fue informada de varias agresiones contra periodistas por parte de manifestantes ambientalistas en la provincia de Catamarca. De acuerdo con la información recibida, el 19 de diciembre de 2009 un grupo de personas habría agredido de palabra, conminado a retirarse e impedido cumplir con su trabajo al camarógrafo Carlos Romero y al reportero Nicolás Ziggiotto, de TV Cable Andalgalá y del periódico El Ancasti. El 15 de febrero, participantes de una protesta anti-minera habrían golpeado y arrojado al piso a Ziggiotto y al periodista Lucas Olaz y les habrían sustraído la cámara de video con la que registraban los hechos. La Fiscalía investigó el incidente y en agosto envió a juicio a una persona sospechosa de participar en la agresión y cometer el robo. Además, el 7 de abril, manifestantes de nuevo habrían atacado a golpes en Andalgalá, en el norte de la provincia de Catamarca, al camarógrafo Carlos Romero20.

23. De acuerdo con información recibida, el 28 de abril un miembro del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, habría agredido físicamente al reportero del diario El Tribuno, Jaime Barrera, como reacción a un artículo crítico del periodista acerca del trabajo de los concejales21.

24. Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que el 2 de julio el periodista de Canal 8, Daniel Villamea, y el camarógrafo Aníbal Romero habrían sido agredidos por un agricultor y su hijo en Oberá, Provincia de Misiones, cuando realizaban una investigación acerca de presuntos maltratos a personas que vivían en su propiedad. Los comunicadores sufrieron golpes y excoriaciones varias22.

25. La Relatoría Especial recibió información acerca de una serie de ataques que habrían afectado a diferentes radioemisoras. De acuerdo con lo informado a la Relatoría Especial, el 9 de enero
de 2010 la antena de la emisora Radio Arco Iris, de la localidad de Loncupué, en la Provincia de Neuquén, habría sido dañada por desconocidos23. El 2 de julio, desconocidos habrían derribado la antena de la emisora Amplitud 770, en la provincia de Buenos Aires, al cortar los cables que la sostenían24. El 27 de julio, un incendio intencional habría dañado las instalaciones de la radio FM Belgrano, en Junín, provincia de Buenos Aires25. En otro hecho, el 18 de noviembre habría sido robado el equipo de transmisión de la radio comunitaria FM Nueva Generación en San Martín, provincia de Buenos Aires, que dejó a la emisora fuera del aire. Los perpetradores no se llevaron ningún otro equipo electrónico26. Finalmente, en la madrugada del 30 de noviembre, desconocidos habrían irrumpido en las instalaciones de transmisión de la Radio Nacional San Martín de los Andes, de Neuquén, y habrían destruido equipos esenciales para la emisión de la señal, sin robar nada más. Según la información recibida, el ataque habría ocurrido pocos días después de que la emisora pusiera en funcionamiento un nuevo transmisor que ampliaba el alcance de la señal27.

26. La Relatoría Especial fue informada acerca de la detención que habría sufrido el 20 de abril, por parte de la Policía, el fotógrafo Gustavo Torres de El Diario de la Región en la provincia de El Chaco, cuando cubría una información policial. Según la Información recibida las autoridades le habrían ordenado, además, borrar las imágenes captadas. Dirigentes sindicales también habrían intimidado y obligado a borrar las imágenes al fotógrafo Alcides Quiroga, del diario La Prensa de Santa Cruz, en un piquete que realizaban el 16 de abril en Caleta Olivia28.

27. Por otra parte, la Relatoría Especial recibió información acerca de un presunto hostigamiento policial del que habría sido víctima el periodista José Piedra, de la radioemisora FM Chaco, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, a raíz de informaciones que él divulgó relacionadas con un crimen cometido en esa localidad en la cual podrían estar involucrados algunos policías locales. Piedra denunció que el 12 de mayo un grupo de hombres, entre ellos un policía, derribaron la puerta de
su casa y amedrentaron a su familia. Después habría sido seguido e intimidado por vehículos y efectivos policiales29.

28. La Relatoría Especial fue informada de las amenazas telefónicas e intimidaciones que habrían recibido el 6 de abril el periodista del diario La Voz del Interior, Juan Federico, el conductor del programa ADN del Canal 10 de Córdoba, Tomás Méndez y su productor, Guillermo Bahr luego de haber publicado investigaciones relacionadas con la venta minorista de droga en la provincia de Córdoba30.

29. Según el principio 9 de la Declaración de Principios, “[el] asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

30. La Relatoría Especial recibió información acerca de algunas declaraciones e incidentes que registran un clima de aguda polarización entre algunos funcionarios del gobierno y seguidores de este, y un grupo de medios de comunicación y sus periodistas. De acuerdo con la información recibida, en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades argentinas habrían aparecido en abril carteles anónimos con mensajes que insultan y estigmatizan a periodistas que trabajan con el grupo Clarín por el hecho de trabajar en dicho grupo31. Por otra parte, en el contexto del enfrentamiento público entre el gobierno y este grupo de medios, el 8 de octubre el ministro de Economía, Amado Boudou, habría dicho durante una entrevista en Washington D.C., que dos periodistas de los periódicos La Nación y Clarín, serían “como los que ayudaban a limpiar las cámaras de gas del nazismo”. De acuerdo con la información recibida, Boudou se excusó cuatro días después ante la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por haber usado una “metáfora inapropiada” pero habría manifestado que no se disculparía con los periodistas pues los comunicadores mantendrían “actitudes antiargentinas” por “publicar permanentemente mentiras” en los diarios para los que trabajan32. Estas declaraciones se producen en un marcado ambiente de tensión entre algunas autoridades gubernamentales y el grupo de medios referido.

31. Asimismo, según la información recibida, el Presidente del Concejo Deliberante de la localidad de El Soberbio, Juan Carlos Pereira, se habría referido en términos particularmente duros hacia la revista Apta Para Todo Público y habría admitido que procura imponer cargas impositivas a esa publicación por razón de su línea editorial33.
32. La existencia de un contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. En estos casos, es tarea del Estado, dadas sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras. Como lo ha reiterado la CIDH, el Estado debe abstenerse en todos los casos, de utilizar cualquiera de sus facultades para premiar a los medios cercanos y castigar a quienes disienten o critican sus acciones. En este sentido, las autoridades deben responder las críticas que encuentre injustificadas o las informaciones que consideren equivocadas generando las condiciones para que exista más y mejor debate e información y no a través de medidas que puedan inhibir y afectar el vigor en la deliberación. A su turno, como lo establece el principio 6 de la Declaración de Principios aprobada por la CIDH, la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

33. Durante 2010, la Relatoría Especial recibió información sobre dos medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de empresas de las cuales es accionista el grupo de medios Clarín. En particular, la Relatoría Especial siguió de cerca las denuncias efectuadas por el Gobierno Nacional en contra de directivos de los diarios Clarín y La Nación en relación a la compra de la empresa productora de papel para periódicos Papel Prensa34. Asimismo, la Relatoría Especial siguió de cerca el proceso administrativo iniciado contra la empresa proveedora de servicios de acceso a Internet Fibertel35., propiedad del Grupo Clarín. La primera medida mencionada -referida a Papel Prensa- se relaciona con la distribución del papel para periódicos, la segunda -referida a la empresa Fibertel- se refiere a la prestación de servicios de Internet para un número significativo de usuarios en la Argentina. Por estas razones, y por el contexto que ya ha sido explicado, las medidas gubernamentales mencionadas merecieron especial atención de la Relatoría. Actualmente los dos asuntos referidos se encuentran bajo estudio ante el poder judicial36 y la reglamentación del papel para periódicos se
encuentra en debate en el poder legislativo37. La Relatoría Especial espera que los asuntos referidos, dada su notable importancia para el ejercicio de la libertad de expresión, se resuelvan de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

34. En particular en cuanto se refiere a la regulación de papel periódico, el asunto es de tanta importancia para el sistema interamericano que el propio articulo 13 de la Convención Americana establece que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, resulta importante aplicar a la producción de papel para periódicos las normas antimonopolio existentes de forma tal que se fomente así su libre producción. Este régimen corresponde definirlo al poder legislativo, atendiendo especialmente a la obligación de impedir la existencia de controles oficiales o particulares abusivos. En particular, es importante tener en cuenta que so pretexto de regular los monopolios no puede crearse una forma de intervención que permita que el Estado afecte este sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción y distribución de este insumo y facilitar la producción libre y competitiva de papel. Al momento de cierre del presente informe la Asamblea no había aun tomado una decisión al respecto. Por las razones anotadas la Relatoría Especial se encuentra haciendo estrecho seguimiento al tema.

35. Finalmente, la Relatoría Especial toma nota de que una vez proferida la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones que ordenó la liquidación de Fibertel y el traslado de los usuarios a otras empresas proveedoras de Internet, la Comisión Nacional de Comunicaciones comenzó a emitir un aviso publicitario oficial, de poco más de dos minutos y medio en el que informaba a la población sobre la posición del Estado respecto de este caso e indicaba a los usuarios que tenían “todo el derecho a reclamar por aquello que paga[ron] mientras la empresa funcionaba en forma ilegal”. El aviso fue transmitido principalmente durante la transmisión de los partidos de fútbol de primera división, cuyos derechos de transmisión, desde agosto de 2009 están en manos del Estado Nacional. El 30 de noviembre de 2010, un juez resolvió dictar una medida cautelar, a través de la cual ordenó a diversos canales que transmiten los partidos de fútbol de primera división que se abstengan de transmitir la publicidad oficial mencionada38.

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