13 dic. 2011

Vienen por todo: ley antiterrorista

CONFERENCIA DE PRENSA
En oposición al Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista

Mañana miércoles 14 de de diciembre a las 16:00 hs. en el CEPPAS (talcahuano 256 -1°piso) realizaremos una conferencia de prensa para alertar sobre el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.

Este proyecto fue incluido en el temario del Decreto 2021/2011 por el cual se llama a Sesiones Extraordinarias y aprobado en comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados en el día de ayer, lo que hace más que urgente la pronunciación pública de diferentes organizaciones sociales que venimos trabajando la problemática y sabemos la potencial utilización de un proyecto de este tipo en las provincias donde constantemente aumenta la conflictividad alrededor de la temática de tierras, medio ambiente y salud.

Reenviamos el documento de oposición al proyecto de ley, junto con las adhesiones recibidas de organizaciones de todo el territorio.





Carta Pública

Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta

Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones: modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista



expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.

El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.

Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.

Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas.

Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental. El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno.

La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Para adherir enviar mail a: leyantiterrorista@yahoo.com.ar,I)

13 comentarios:

Alejandro Kafka dijo...

Adhiero a la carta Pública.

gracia dijo...

Robert, porq no escribis mas seguido como antes ?... te extrañamos, ya estamos bastante mal al ver todo lo malo q hace el gobierno.. q ya se torna es insoportable...

besitos :(

andresvas dijo...

repugnante proyecto, va a ser interesante ver qué hace la oposición, a ver los que se oponen por los buenos y los que lo hacen por los malos motivos, buen momento para prestar atención.

sl dijo...

lo mismo, adhiero. Una clara genuflexión del gobierno argentino a la política antiterrorista americana violatoria de los derechos humanos

Anónimo dijo...

Va a ser mas interesante ver que hacen los diputados del oficialismo ya que tiene amplia mayoria para votar a libro cerrado y sin debate cualquier ley. Los mismos que hoy juran por la lealtad parecen estar disciplinados a votar cualquier cosa que diga CFK. Seguramente hablaran de evitar sanciones del GAFI como unico fundamento para aprobar la ley. Muy peligroso. Ojala se revelen ante esta locura.
Nico

Anónimo dijo...

Soy oficialista. Estoy con este gobierno. No obstante lo anterior; te leo constantemente y me siento frecuentemente interpelado por vos. Espero conserves ese siempre espiritú critico y combativo; exigente e idealista.
No aflojes Roberto. Los que estamos en la vereda de enfrente (por miles de razones o no; no viene al caso), te respetamos y te sabemos muy necesario.
Gracias por lo dado; no es poco.
Y esperamos mas...
Abrazo grande.

rg dijo...

gracias 12.00, pero no aflojen uds. Si desde adentro en vez de pelearla justifican todo, estamos in the oven

andresvas dijo...

Nico, supongo que ambas cosas son interesantes por motivos muy distintos. Del oficialismo tengo pocas expectativas de que salgan de defender cualquier cosa que les manden. Lo que dije de la oposición va porque me parece que es una buena manera de testear cuántos y quienes se oponen por izquierda al gobierno e ídem por derecha. Va como ejemplo del lado oficialista editorial crítico de Verbitsky en P12 del Domingo y del lado opositor, predominio total del tema papelprensa y muy pocos levantando hasta ahora este asunto.
Distintas preguntas para distintas respuestas y después comparar

Anónimo dijo...

Ganan las elecciones holgadamente, ostentan amplias mayorias parlamentarias,¿no es buen momento y buena oportunidad para escuchas a todos los sectores de la sociedad en vez de criminalizar a algunos?

Alejandro Kafka dijo...

Bien Verbitsky, el domingo en P/12:

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-183117-2011-12-11.html

Anónimo dijo...

cuál es la parte del tipo penal que te preocupa, la que dice que se agrava el deito cuando es con dolo de atemorizar a la población?

aun cuando no sea muy feliz la redacción, probar el dolo de atemorización no parece tan simple, máxime con todas las referencias hechas durante el trámite de sanción de la ley respecto de que no se tipifica la protesta social.

decir que cualquier juez derechoso puede considerar que quemar una goma asusta a la población es compatible con que ese mismo juez considere un atentado contra el sistema democrático que alguien tenga un palo en una manifestación de un partido marxista asimilando el palo a un alzarse en armas (226 cp). Es decir, el juez no aplicaría el derecho vigente.

Sí coincido en que es innecesario el tipo penal de amenaza a los funcionarios a hacer o dejar de hacer algo, especalemnte estando el 226 bis.

Rosa

rg dijo...

muy muy bien hv el domingo. pena el cels que sin razones ayer se bajò del acto que se organizaba contra el proyecto de ley

RJB dijo...

Bien HV qué? si está justificando que el proyecto dice lo que despues cualquier juez "operable" no cumplirá! ya los ves, el Cels se borró...