Democratizar la justicia 3

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El debate sobre el Poder Judicial y “la dificultad contramayoritaria” es tan viejo como la democracia constitucional. Para señalar un momento, podría decirse que el mismo nació con las prime ras discusiones constitucionales en los Estados Unidos , cuando los grupos más democráticos y federalistas mostraron sus resquemores ante la posibilidad de contar con una Corte Suprema “nacional” capaz de interferir con las decisiones que se tomaran al nivel de los distintos estados. Estos grupos temían que, por ejemplo, un fallo de la justicia “nacional” viniera a invalidar, en el futuro inmediato, las decisiones de las “mayorías” locales.
Este tipo de temores, por lo demás, eran incentivados por una justicia que se había mostrado muy dura contra los numerosos ciudadanos que, luego de la guerra de la independencia, habían quedado empobrecidos y endeudados. Es decir, se contaba entonces con una justicia que era vista con desconfianza tanto por los más pobres, como por las provincias intimidadas frente a los poderes crecientes del Estado central.
Tempranamente, Alexander Hamilton respondió a aquellas críticas, en un texto tan lúcido como breve, al que conocemos como El Federalista Número 78 . Hamilton advirtió entonces, como ningún otro, que en la crítica que aparecía contra el incipiente sistema judicial existía un germen potencialmente muy destructivo.
Se trataba de una crítica importante -advirtió- que debía ser sofocada de inmediato. Para calmar estos retos, Hamilton les hizo saber a sus críticos que ellos no tenían nada de qué asustarse. Por un lado -sostuvo- la justicia era “el poder más débil”, ya que no tenía ni “la bolsa” (el dinero, el presupuesto, que eran manejados por el Congreso), ni “la espada” (las armas, el ejército, que eran manejados por el Ejecutivo) .
Por otro lado, agregó que no debía verse a la justicia como enemiga del pueblo . Lo que la justicia iba a hacer, desde entonces, no era ir contra el pueblo representado en las legislaturas, sino ir a favor del pueblo representado en la Constitución.
La respuesta de Hamilton resultó muy eficaz, entonces, y sirvió para calmar las ansiedades existentes. Ello así, al punto que terminó por convertirse en doctrina y jurisprudencia dominantes, sobre todo a partir del famoso fallo Marbury vs. Madison (1803), tal vez el más importante en la historia del Poder Judicial (un fallo que “dio nacimiento” efectivo al control de constitucionalidad de las leyes ).
Ahora bien, más allá del éxito político obtenido por Hamilton, era claro que, jurídicamente, sus argumentos eran más persuasivos retóricamente que sustantivamente interesantes. Por lo tanto, la llamada “dificultad contramayoritaria” tendió a mantenerse viva, ganando fuerza luego de cada ocasión en que la justicia invalidaba genuinas aspiraciones colectivas.
Otra vez, alguien podía decir, frente a tal situación y reviviendo a Hamilton: “¿y cuál es el problema de que esto ocurra, si es que el Poder Judicial detecta que la ley del caso está en contradicción con la Constitución aprobada por el pueblo?”. El problema es que, como sabemos, el derecho no es transparente, sino que debe ser interpretado . Puede ocurrir entonces que el Poder Judicial sostenga que una determinada ley es contraria a la Constitución, cuando en realidad ello no se deriva obviamente de lo que el texto de la Constitución evidentemente dice (¿quién sabe qué es lo que la Constitución “realmente” dice, sobre el aborto, sobre el uso de estupefacientes, o sobre el divorcio, cuando en verdad la Constitución no menciona nunca ninguno de tales términos?).
Para decirlo en breve: la viejísima disputa entre “justicia” vs. “pueblo” no se ha disipado aún, y por ello recurrentemente renace -como hoy, en nuestro país, a través de la discusión sobre la “democratización de la justicia”- montada sobre la idea de que el Poder Judicial vive “de espaldas al pueblo”, al que puede derrotar a través del control de constitucionalidad de las leyes.
No hay nada malo en revivir ese viejo debate, pero conviene entonces no hacer trampa con el argumento: en la disputa “justicia” vs. “pueblo”, la idea de “pueblo” no es sinónimo de “Presidente” ni tampoco de “Congreso” . Si es cierto que el sistema judicial se encuentra indebidamente distante de la ciudadanía, más cierto es todavía que el sistema político -el que más sensible debiera ser a los pareceres populares- h ace tiempo que ha cortado amarras con el pueblo .
En algunos países y momentos, dicha separación resulta todavía más grave: las masivas manifestaciones cívicas y obreras, del 8N y 20N, no hicieron más que recordárnoslo.
En síntesis: democratizar la justicia no significa –como algunos parecen sugerir- someter la justicia al poder político , y democratizar la política no significa autonomizarla aún más , sino por el contrario reforzar los poderes de control y decisión ciudadanos sobre la clase política.