Gato contra ratón: La batalla sindical en Wisconsin

Así como supimos, hace un tiempo, sobre la batalla sindical que se daba en Italia -con obreros obligados a votar contra sus derechos o...la pérdida del empleo- ahora vemos la que se da en Wisconsin, y que aparece como laboratorio de una tendencia que se consolida en la facción republicana de los Estados Unidos. El gobernador republicano de Wisconsin, S. Walker, está promoviendo una iniciativa que "despoja a los empleados públicos de su derecho de negociación colectiva de sus contratos laborales." Pocas veces se ha ido tan lejos contra el sindicalismo, en los Estados Unidos -lo que es mucho decir (el NYTimes decía hoy que no se ve algo igual desde el avance de Ronald Reagan en 1981, contra los trabajadores aéreos). La cosa se complicó en estos días, ya que centenares de personas vienen aguantando las protestas dentro del mismo "capitolio" de Wisconsin, en donde se quedan a dormir, contra las presiones policiales. Así que se sumó a la batalla por los derechos laborales, otra por el derecho a protestar, con trabajadores insistiendo en que "es anti-democrático silenciar a las voces del pueblo (acá congregadas)". Desde acá, mensaje solidario, porque es posible pelear, al mismo tiempo, por los derechos sindicales, y contra los Pedrazas, Walker y Boudous del mundo.

Los "datos" y estadìsticas como expresiones protegidas

(publicado hoy en clarín)

La Secretaría de Comercio Interior acaba de aplicar la Ley de Lealtad Comercial contra una consultora (Orlando Ferreres y Asociados), fijándole una multa de $ 500.000 por difundir cálculos sobre la inflación más elevados que los del INDEC. Según la Secretaría, estarían “induciendo a error, engaño o confusión” a quien reciba esa información. La iniciativa tiene mucho de surrealista, viniendo de la Secretaría de Comercio, que ha alcanzado notoriedad por una abierta distorsión de las estadísticas. De todos modos, tiene sentido concentrar la atención en el significado de la medida, en tanto abierta persecución a las ideas que el Gobierno no quiere escuchar.

Resulta curioso el paralelismo entre este caso y uno que terminara por convertirse en uno de los más emblemáticos en la historia del derecho moderno, de condena a un Gobierno por su persecución a las ideas de sus eventuales críticos. El caso es New York Times vs. Sullivan, habitualmente citado por la Corte Suprema argentina en sus decisiones en defensa de la libertad de expresión. En dicha ocasión, estaba en juego una solicitada –publicada en el New York Times – en defensa de Martin Luther King, en la que se denunciaban diversas acciones estatales contra activistas de los derechos civiles. Una de las principales autoridades policiales de Nueva York denunció al diario porque dijo sentirse difamado por la solicitada, ya que en ella (aunque no se lo mencionaba directamente) se incluían imprecisiones (referidas a la represión policial llevada a cabo contra los activistas) que lo afectaban en su honor. Sullivan pidió, como resarcimiento, una cifra altísima.

Hay varios paralelos importantes con la Argentina: 1) un funcionario emprende una acción contra personas que, en los hechos, impugnan ciertas acciones llevadas a cabo por el Gobierno; 2) lo que se denuncia, desde el Gobierno, no son las opiniones políticas de los opositores (siempre difíciles de castigar), sino los “datos descriptivos” transmitidos por ellos, que son comprometedores para el Gobierno; y 3) hay un castigo en juego, que implica una cifra extraordinaria, a ser pagada por los que, a través de los datos que transmiten, se muestran como críticos del Gobierno.

Aunque el funcionario ganó el caso en instancias inferiores, la Corte revirtió la decisión y terminó dirigiendo contra él, y así contra el Gobierno, una de sus directivas más poderosas en defensa de la libertad de expresión. Con total lucidez, la justicia sostuvo que si se le daba por ganado el caso al funcionario (allí, la autoridad policial; aquí la Secretaría de Comercio), ningún crítico del Gobierno se animaría, en el futuro, a escribir algo contra las autoridades: ¡cualquier imprecisión podría costarle cientos de miles de dólares (pesos)! Por eso, la Corte sostuvo que su preocupación principal era otra: no la de proteger la investidura y honor de los funcionarios, sino la de mantener un debate público “desinhibido, robusto y abierto”. La Justicia reconoció que el debate iba a incluir, siempre, “ataques vehementes, cáusticos y algunas veces desagradablemente agudos sobre los funcionarios y el Gobierno”; y que dada la extraordinaria importancia de mantener esa discusión abierta, estaba dispuesta a proteger las críticas contra el Gobierno, aunque las mismas trajeran (incluso) “afirmaciones fácticas falsas”.

La lección pasó a la historia: contra la pretensión de los funcionarios que, bajo la excusa de custodiar la precisión de la información, pusiera en riesgo la aparición de opiniones críticas, y la vitalidad del debate, la Justicia siempre tomaría partido por las voces que cuestionaban al Gobierno . Y es que en una democracia representativa, resulta fundamental que se garantice, siempre, que la ciudadanía tenga la más amplia capacidad de protestar y someter a crítica a quienes manejan el aparato coercitivo y los recursos que pertenecen a todos.

Bolsa laboral

Una iniciativa para abogados con vocación por el interés público

Poder Ciudadano convoca a abogados, estudios jurídicos, asociaciones profesionales y clínicas jurídicas, para que aporten su conocimiento, experiencia y capacidad para realizar trabajo Pro Bono. Conformará una Red de Abogados para asistir a ciudadanos que no tienen recursos para acceder a la Justicia.

Buenos Aires, 25 de febrero.- El área de Justicia de Poder Ciudadano trabaja en el relanzamiento de la Red de Abogados por el Interés Público, y convoca a abogados, estudios jurídicos, asociaciones profesionales y clínicas jurídicas, para que aporten su conocimiento, experiencia y capacidad para realizar trabajo Pro Bono, en beneficio de la comunidad.
Esta Red brindará asistencia, asesoramiento y patrocinio a personas o grupos de ciudadanos sin recursos para acceder a la justicia. Aceptará casos de interés público, en los que exista una vulneración a un derecho, una omisión o un incumplimiento de la autoridad pública y en los que, mediante la herramienta legal, se pueda lograr un cambio de política pública.

Además, la Red trabajará en alianza con otras ONG especializadas, celebrará acuerdos de derivación con instituciones públicas y privadas, encargadas de atender consultas y denuncias de la población. También atenderá derivaciones realizadas por otros programas de Poder Ciudadano, como la Clínica Jurídica, en la que cursan su práctica profesional los alumnos de la UBA, y del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción.

Como resultado del trabajo por el interés público que realizó Poder Ciudadano desde su nacimiento, se creó, en 2001, la Red de Abogados Voluntarios, en la que se registraron más de mil abogados, fueron atendidos más de 1100 casos y se difundió el trabajo pro bono (por el interés público) en todo el país.

Para Hernán Charosky, director ejecutivo de Poder Ciudadano, “la gran mayoría de los abogados tienen vocación por lo público e interés en ayudar. Sin embargo, hay pocas vías para encauzar esos intereses y la Red de Abogados ofrece una oportunidad para que encuentren el modo específico en el que pueden ayudar a la comunidad con sus saberes y hablidades”.

Por estos motivos la Red invita a profesionales que quieran trabajar en casos de alto impacto público, deseen acrecentar sus habilidades jurídicas y enaltecer su funcion social. Los abogados, estudios jurídicos y demás interesados en sumarse a la Red pueden contactarse por mail a infoabogados@poderciudadano.org, o hacerlo a través de la página web creada para mantener informada a la comunidad sobre la evolución de esta iniciativa.

En tanto quienes desean realizar consultas o plantear casos puede hacerlo al 0800-222-2684, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y por correo electrónico a infoabogados@poderciudadano.org. También se podrán realizar consultas por medio de la página web.

Ley de Lealtad

No puede ser cierto, por favor, espero la desmentida. La Secretaría de Comercio Interior acaba de aplicar la Ley de Lealtad Comercial contra una consultora económica (Orlando Ferreres y Asociados), fijándole una multa de 500 mil pesos por difundir cálculos sobre la inflación más elevados que los definidos por el Indec. Según la Secretaría , estarían “induciendo a error, engaño o confusión” a quien reciba esa información. Que se persiga a alguien por publicar datos que el Gobierno no quiere ver, o en los que no cree; que el Gobierno quiera la aplicación de castigos por la difusión de las cifras que ha destruido; que busque acallar aún este tipo de críticas que parten de una descripción distinta de la realidad; que se anime -la Secretaría de Comercio!!!- a denunciar y perseguir a alguien invocando un artículo que castiga a propagandas o publicidades engañosas ("que incurran en inexactitudes u ocultamientos que induzcan a error en las condiciones y en los precios de venta"), es políticamente gravísimo, y jurídicamente inaceptable. La medida debería provocar la reacción jurídica contraria: Procesar al al Secretario de Comercio por persecusión ideológica; censura; falsificación de documentos públicos. El caso Pedraza (como antes Subtes u Hospital Francés) ya nos había alertado de hasta dónde se anima el Gobierno en la persecusión de opositores de izquierda. Esta es una novedad que pone bajo amenaza directa al debate público -y finalmente, también, a la crítica política- y hay que impedirla ya.

Von Hirsch: Proporcionalidad y pérdida progresiva de la reducción de pena (con PD)

Andrew Von Hirsch, uno de los más notables penalistas contemporáneos -aunque no sea santo de mi devoción, me parece muy interesante- vino a la Pompeu Fabra, en Barcelona, a exponer un trabajo sobre su tema de toda la vida: la proporcionalidad y el merecimiento en la pena. En el trabajo se pregunta cómo hacer pesar, en la definición de la pena, el "record criminal previo" del ofensor. Parte de un rechazo a la alternativa habitual que permite a cualquier juez decidir discrecionalmente cuánto peso asignarle a esos antecedentes.

Buscando reglas para encarar el tema, Von Hirsch examina la posición de algunos, para quienes la preocupación principal es "incapacitar" al delincuente. Para ellos, los antecedentes penales de un ofensor predicen mejor que el acto puntual que hoy se le imputa, cuál va a ser su conducta futura. De allí que, para este grupo de penalistas, los antecedentes deban tener un peso especial a la hora de decidir la pena por el crimen de hoy. Otros hablan de un aumento en la pena ("a recidivist premium"), por el segundo crimen, porque la nueva ofensa muestra un grado de culpabilidad personal mayor por parte del criminal. Otros más, como el conocido George Fletcher, dicen que el record previo no debe contar en absoluto. Von HIrsch favorece, en cambio, una alternativa de "descuento": El ofensor debe recibir, frente a su primer crimen, una reducción en la pena. Y esa reducción debe disminuir gradualmente, en la medida que la persona tenga mayores condenas.

Yo creo todo lo contrario, creo que si el Estado, frente al delincuente, opta por una estrategia de exclusión, separa al criminal de sus afectos, lo vincula con otros sujetos a los que identificó previamente como no-integrados socialmente, no le facilita sino que le dificulta conseguir una salida laboral después, etc., etc., ...luego de todo esto, que el Estado se horrorice y, de un modo u otro, aumente las penas frente a una segunda ofensa, es no asumir la propia gravísima responsabilidad estatal por haber educado a esa persona en el crimen (dentro de la cárcel), y lo que es peor, por haberla excluido de cualquier posibilidad seria de integración. En resumen, el Estado no puede sorprenderse y escandalizarse si luego de des-integrar socialmente a un individuo...el individuo resulta desintegrado socialmente. El costo lo debe asumir el Estado, y no el ofensor, al menos mientras el Estado no cumpla con su obligación de terminar con la exclusión que crea y potencia

PD: Vengo del seminario con Von Hirsch (organizado por la gran Elena Larrauri), donde le presenté mi objeción. El se escapó diciendo que mi respuesta presuponía la prisión (en tanto pena que excluye), pero que muchos de los casos que él había presentado en su conferencia apelaban a otro tipo de respuestas estatales. Yo le dije que no, que en absoluto, que mi pregunta se refería a la "calidad de la respuesta estatal", y que en ese sentido la respuesta de la prisión era la peor. Pero la pregunta (por qué no partir de pensar en lo que el Estado ha hecho para hacer posible la reincidencia?) no me lleva a hablar sólo de pena de prisiones. Si la respuesta fuera, por caso, el tipo de respuesta social que el gobierno suele dar, en la Argentina ("Te di un subsidio, entonces ya no tenés derecho a quejarte, así que callate") sería lo mismo: En la medida en que el Estado maltrate, o no trate apropiadamente, no se preocupe por la integración, no haga esfuerzos por tender la mano a los que tienen mayores problemas (e.g., de conducta), luego, que no se queje (y menos que menos, que no venga a poner penas más altas, luego de no haber hecho lo que debía hacer)

Por qué?

C.Kirchner, como S. Berlusconi, como N. Sarkozy, estuvieron durante años a los besos y abrazos con (los que hoy es imposible no reconocer como) los peores dictadores de la historia contemporánea. Sería bueno que se hagan cargo de su responsabilidad, y expliquen el por qué de estos vínculos -un insulto a cualquier compromiso decente con los derechos humanos; una falta de respeto a la humanidad, que ha ayudado a que millones de personas vivan peor. Si la respuesta es "nos relacionamos con ellos por razón de estado," entonces es la misma que daría el nazismo, así que busquemos otra.

Glaciares, glaciares

RECLAMO POR LA LEY DE GLACIARES: GREENPEACE INSTALA CAMPAMENTO EN ALTURA EN MINAS DE ORO EN SAN JUAN

San Juan y Buenos Aires, 22 de febrero de 2011.– Más de cincuenta
activistas de Greenpeace montaban esta mañana un campamento en el
camino de acceso a las minas de Veladero y Pascua Lama, en reclamo por
la plena aplicación de la Ley de Glaciares.

Los activistas de Greenpeace desplegaron, en el camino de acceso al
complejo minero que explota la multinacional Barrick Gold, un
campamento de alta montaña especialmente equipado para resistir
condiciones climáticas extremas.

“La protesta se realiza en oposición al ‘bloqueo’ que está ejerciendo
la Barrick a la Ley de Glaciares, a través de sus presentaciones ante
el Poder Judicial con la complicidad del Gobierno Nacional”, sostuvo
Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace.

Para la organización ambientalista, la Ley de Glaciares dejó de ser
una “ley de la Nación, una ley de los argentinos, y ahora está
secuestrada por un grupo de empresas mineras”.


CONTACTOS PARA MÁS INFORMACIÓN

En el Ingreso a Veladero:
+Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace: (011) 15 3761 7676

En la ciudad de San Juan:
+Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace: (011) 15 6588 4322
+ Mauro Fernández, campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace:
(011) 15 3304 3325

En Buenos Aires:
+ Gonzalo Girolami, jefe de Prensa de Greepeace, al (011) 15 3338 3961
+ Sol Gosetti, Prensa de Greenpeace, al (011) 15 3226 2600
+ Oficina de Prensa de Greepeace: (011) 45518811 int. 122 y 126

Ferro

Pedraza preso. La pregunta es qué hacemos con el poder político que viene creando Pedrazas, manteniendo bajo su calor a Pedrazas, pactando con Pedrazas, haciendo negocios con las patronales y los Pedrazas -en definitiva, creando las condiciones de posibilidad para que nazcan, crezcan, se desarrollen y reproduzcan los Pedrazas.

p.d.: En todo caso, la historia continúa. Y la chance de que un cliente del Procurador E.R. quede preso son tan bajas...

Desaparecer narcos

El lamentable y exitosísimo escritor Frederick Forsyth tiene una solución para el problema del narcotráfico: hacer desaparecer a los narcos, así se desmoralizan sus compañeros. Suena conocido. Su respuesta, abajo, y más abajo el link al reportaje completo.

"Yo en mi novela he imaginado un espacio de reclusión donde los detenidos no están muertos, ni se les trata mal, simplemente están retenidos en un lugar apartado y nadie sabe nada de ellos. Eso desmoraliza decisivamente a sus compañeros. Ya sé que no se va a hacer nunca, pero si EE.UU. creó un Guantánamo en Cuba para sospechosos de terrorismo, ¿por qué no crear un Guantánamo para los narcos?"

http://www.lavanguardia.es/cultura/20110222/54118174635/frederick-forsyth-y-si-creamos-un-guantanamo-para-narcotraficantes.html

Film Socialisme/Charlatanisme

En un interesante escrito autobiográfico ("Going to Chicago"), Jon Elster compara la academia norteamericana con la francesa, en las cuales todavía trabaja. Elogia, de la primera, el rigor y el vigor, a la vez que critica de allí la obsesión del profesorado con el principio "publicar o morir" (algo que parece forzado por el mercado, que incentiva una ansiosa búsqueda de mayores salarios). Esta obsesión lleva a muchos profesores a involucrarse en polémicas tan agudas como estériles, sólo con el fin de decir algo en apariencia nuevo -aunque intrascendente- y así aumentar las posibilidades de publicar. De la academia francesa, en cambio, elogia su mayor conciencia histórica y cultural, pero critica, a su vez, su pretenciosidad y oscurantismo. Estas últimas condiciones crean un campo fértil para el charlatanismo, nos dice.

Jean-Luc Godard, creo yo, es un buen representante de esa cultura francesa. Fue capaz de darle al cine algunos de los films más libres y liberadores que se hicieron a lo largo de toda la historia de la cinematografía. En los últimos tiempos, sin embargo, se fue afirmando como un buen representante de vicios como los citados. Su cine se hizo más arrogante y menos sustantivo. Film Socialisme es un gran ejemplo de ello, del oscurantismo que inundó el cine, como la literatura o las ciencias sociales: todo queda oculto debajo de un envoltorio grandilocuente y en apariencia profundo. Un ejemplo de charlatanismo de parte de quien supiera ser ejemplo de libertad creativa.

Entrevista con el autor, sobre el film, en la revista Les Inrockuptibles:

− ¿Por qué el título "Film socialisme"?
Siempre tengo títulos de antemano, que me dan pistas sobre las películas que podría rodar. Un título que precede toda idea de una película, es un poco como un la en música. Tengo toda una lista. Como títulos de nobleza o títulos de banco. Más bien títulos de banco. Empecé con Socialismo, pero a medida que avanzaba la película, me parecía cada vez menos satisfactorio. La película podría haberse llamado igualmente Comunismo, o Capitalismo. Pero se produjo un azar divertido: al leer un folletito de presentación que le había hecho llegar, donde el nombre de mi productora Vega Film precedía al título, Jean-Paul Curnier leyó “Film Socialisme”, y creyó que aquel era el título. Me escribió una carta de doce páginas para decirme hasta qué punto le gustaba. Me dije que sin duda debía tener razón y decidí conservar Film antes de Socialisme. Aquello espabilaba un poco la palabra.

− ¿De dónde viene esa idea del crucero por el Mediterráneo? ¿De Homero?
Al principio pensaba en otra historia que tendría que pasar en Serbia, pero no funcionaba. Entonces me vino la idea de una familia en un garaje, la familia Martin. Pero eso no bastaba para un largometraje, porque entonces esa gente se convertiría en personajes y lo que les pasara se convertiría en un relato. La historia de una madre y de sus hijos, una película como
las que se hacen en Francia, con diálogos, estados de ánimo.

− Usted se ha manifestado contrario a la francesa ley Hadopi, que convierte en delito las descargas de internet...
Estoy en contra, por supuesto. No existe la propiedad intelectual. Estoy en contra de la herencia, por ejemplo. Que los hijos de un artista puedan beneficiarse de los derechos de la obra de sus padres, hasta su mayoría de edad por qué no... Pero después no me resulta evidente que los hijos de Ravel se lleven dinero por los derechos del "Bolero"...

− ¿No reclama entonces ningún pago de derechos a los artistas que usan imágenes de sus películas?
Por supuesto que no. Además la gente que lo hace, que las cuelga en Internet, en general están muy bien... Pero no tengo la sensación de que me cojan nada. Yo no tengo Internet. Anne-Marie Mieville lo usa. Pero en mi película hay imágenes que proceden de Internet, como esas imágenes de dos gatos juntos.

− Para usted no hay diferencia de estatus entre esas imágenes anónimas de gatos que circulan por Internet y el plano de El gran combate, de John Ford, que emplea también en "Film Socialisme"?
Estatutariamente no sé por qué tendría que hacer una distinción. Si tuviera que litigar contra las acusaciones de apropiación de imágenes en mis películas contrataría dos abogados con dos sistemas diferentes. Uno defendería el derecho de cita, que apenas existe en cine. En literatura se puede citar extensamente. En el "Miller" de Norman Mailer, hay un 80% de Henry Miller un 20% de Norman Mailer. En las ciencias ningún científico paga derechos por utilizar una fórmula establecida por un colega. Eso es una cita y el cine no lo autoriza. He leído el libro de Marie Darrieussecq, "Rapport de police", y me ha gustado mucho porque hace un recorrido histórico de esta cuestión. El derecho de autor no es posible. Un autor no tiene ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho. No tengo sino deberes. Y después en mi película hay otro tipo de préstamos que no son citas sino sencillamente extractos. Como una inyección cuando se toma una muestra de sangre para analizarla. Ése sería el alegato de mi segundo abogado. Defendería por ejemplo el uso que hago de los planos de los trapecistas procedente de Les Plages d'Agnès. Ese plano no es una cita, no cito la película de Agnès Varda, me beneficio de su trabajo. Es un extracto que tomo, que incorporo en otro sitio para que tome otro sentido, en este caso para que simbolice la paz entre Israel y Palestina. No he pagado por ese plano. Pero si Agnès me pidiera dinero creo que podríamos pagarle un precio justo. Es decir, en relación al presupuesto de la película, el número de espectadores que ha tenido...

− Su película se ha colgado en FilmoTV a la vez que se estrenó en salas...
La idea no es mía. Cuando se hicieron los trailers, es decir toda la película, pero acelerada, propuse que se colgara en YouTube porque es un buen medio para hacer circular las cosas. Lo de colgar la película fue idea del distribuidor. Pusieron dinero, así que hice lo que me pidieron. Si de mí dependiera no se habría estrenado en salas de esta manera. Hemos tardado cuatro años en hacer la película. En términos de producción es muy atípico. Hemos rodado a cuatro manos, con Battaggia, Arragno, Grivas, en igualdad. Cada uno partía por su lado y traía imágenes. Grivas se fue sólo a Egipto y se trajo horas de película... Nos dimos mucho tiempo. Creo que la película debería haberse podido beneficiar de una igual relación con la duración en lo que respecta a su distribución.

− La penúltima cita de la película es: “Si la ley es injusta, la justicia pasa delante de la ley”...
Está ahí en relación con el derecho de autor. Todos los DVDs empiezan con un rótulo del FBI que criminaliza la copia. Recurrí entonces a Pascal.

Berlusca/Derecho Procesal Penal

Un antiquísimo dicho italiano lo dice bien:
El derecho penal fue creado para los pobres
El derecho procesal penal, en cambio, para los ricos

Legalizar ETA-Sortu

No siempre estoy de acuerdo con él, pero aquí sí: Javier Pérez Royo, en El País de hoy, argumentando por qué no hay razones para ilegalizar a Sortu -la agrupación con que allegados a ETA intentan volver a la política electoral. Va el texto, que es importante cuando el propio gobierno español está haciendo todo lo posible para impedir que Sortu se convierta en un partido legal:


La interpretación más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales es un principio consolidado en la interpretación jurídica en general y en la interpretación constitucional en particular en todos los países democráticos. La interpretación de las normas jurídicas debe favorecer y no obstaculizar el ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce.

Empiezo recordando este principio porque observo que está casi completamente ausente del debate que se ha abierto tras la presentación en sociedad de Sortu y el depósito de sus estatutos en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior. Con la excepción del artículo de Eduardo Vírgala, que decía con toda claridad que desde un punto de vista jurídico la única respuesta posible era la inscripción de Sortu en dicho registro, en el resto de las contribuciones que he leído u oído se tiende a privilegiar una interpretación diversa.

No puedo decir sin faltar a la verdad que me ha sorprendido el tono del debate. Han sido muchos los años de terrorismo, son muchas las heridas que todavía están abiertas, hay una desconfianza enorme y razonablemente fundada en las intenciones que pueda haber tras la presentación de este nuevo partido de la izquierda abertzale y un largo etcétera, que explican esa toma de posición renuente cuando no abiertamente contraria a su reconocimiento legal.

Políticamente es, pues, muy explicable que existan reservas e incluso oposición al reconocimiento legal de Sortu. Pero es muy difícil hacerlas valer jurídicamente. El derecho de participación política es el derecho constitutivo de la igualdad. Los españoles somos iguales porque participamos en condiciones de igualdad en la formación de la voluntad general en todos los niveles de nuestra fórmula de gobierno constitucionalmente definida. Por eso es un derecho del que están excluidos los extranjeros. Es el derecho a través del cual se hace real y efectivo el principio de legitimación democrática del poder, en el que descansa nuestro sistema político y nuestro ordenamiento jurídico. El derecho de participación es la expresión jurídica del derecho de autodeterminación constitutivo de una sociedad como democrática. Posibilitar el ejercicio del mismo es la primera exigencia de todo Estado democrático.

Ninguna de las personas que ha presentado al nuevo partido en sociedad o que han depositado los estatutos en el registro del Ministerio del Interior está privado del ejercicio de tal derecho y no hay nada ni en sus palabras de presentación ni en el texto de los estatutos que merezca el más mínimo reproche con base en la Ley de Partidos. Ni siquiera con la fundamentación jurídica de las distintas sentencias de aplicación de dicha ley.

Pero es que hay más. La inscripción en el Registro de Partidos de Sortu no supone un cheque en blanco para sus promotores. En el ordenamiento español hay instrumentos para controlar jurídicamente la actividad del partido una vez legalizado. En el momento de presentación de candidaturas y proclamación o no de las mismas por las Juntas Electorales Provinciales, contra cuyos actos cabe recurso contencioso electoral primero y recurso de amparo después. Se puede controlar, pues, el uso que hace Sortu de su reconocimiento legal en la confección de sus listas de candidatos. Tras el desarrollo de la campaña electoral y la proclamación de los candidatos electos también por las Juntas Electorales Provinciales cabe recurso contencioso electoral primero y recurso de amparo después. Se puede controlar, en consecuencia, qué es lo que dicen los candidatos de Sortu durante la campaña electoral. Y se puede controlar la actividad institucional de los representantes elegidos en las listas de Sortu, pudiéndose instar del poder judicial la pérdida de la condición de representante, concejal, parlamentario autonómico o estatal, si su conducta encajara en alguno de los supuestos tipificados por la Ley de Partidos conducentes a la ilegalización del mismo.

La vigilancia jurídica de Sortu no se limita, pues, al momento de la inscripción en el Registro de Partidos. El ordenamiento español contiene instrumentos para controlar no las intenciones de los promotores, sino la actividad de sus dirigentes, de sus candidatos y de sus candidatos electos. En el momento de la inscripción únicamente se puede hacer un juicio de intenciones. En los momentos posteriores es posible hacer un juicio de conductas, que es precisamente lo que la Ley de Partidos contempla para instar la ilegalización de un partido.

La legalización de Sortu no supone indefensión para la sociedad española. Todo lo contrario. Permite poner a la izquierda abertzale ante la prueba de fuego de qué actividad despliega tras la legalización.

Goya

Uh! Qué mal que debe estar el cine español para que, la semana pasada, la película catalana Pa Negre se llevara 9 Goyas -el Oscar español. Notablemente fotografiada en una hermosísima Catalunya profunda, y con una gran primera escena (martillazo a un caballo al borde del acantilado) la película trata -ooootra vez- sobre las consecuencias morales de la Guerra Civil. Pa Negre es un film explícito, inmaduro, lleno de metáforas grasosas, que incluyen pajarito de libertad en la cárcel que encierra al héroe, y movimiento de alas en la espalda del pobre enfermo (que además, explica con detalle su sueño alado). También trae republicano fusilado que habla de ideales todo el tiempo, Sergi López haciendo otra vez de franquista desalmado, y niño tierno que mira toda la podredumbre desde su pureza. Uh!

Enseñar escraches: 10 comentarios

Ay, qué manera de hacer las cosas mal desde el gobierno. Pero qué tristeza!

En la Provincia de Buenos Aires, las autoridades educativas propusieron el estudio de los "escraches" (i.e., cacerolazos, gritos o pintadas frente al domicilio de un ex funcionario de la dictadura), como una manifestación más de la participación política. Ello -bajo ciertas circunstancias, de ciertos modos- no está mal. Pero el Ministro de Educación de la Provincia, frente a las primeras reacciones en contra, salió a decir:

“Hay que entender el mundo contemporáneo y analizar sus manifestaciones sin dar valor a esas manifestaciones como cuando uno estudia la inquisición, la guerra, la tortura o las huelgas y las luchas obreras”.

Y lo que es muchísimo peor, reculando frente a la iniciativa sostuvo que: “Hay que estudiarlo como un procedimiento fascista”. “La democracia se defiende también estudiando expresiones contrarias a ella”.

Para colmo, la directora de Enseñanza Media de Buenos Aires, en sintonía con el Ministro, repitió que se va a estudiar a los escraches "sin hacer juicios de valor” sobre ellos.

(Y ya que estamos, el gobernador y delfín de Néstor Kirchner habría pedido dejar en claro que "la posición del gobierno bonaerense es contraria a la protesta a través de escraches, piquetes y cortes de rutas").

Todo mal!!!! Contra lo hecho y dicho desde el gobierno, van diez comentarios sobre el tema:

1) Es una vergüenza auto-contradecirse de ese modo (tirar la piedra y ocultar la mano), primero, proponiendo ese punto de estudio; e inmediatamente luego tratar de desandar lo (poco) andado.

2) No hay razones para esconderse bajo la alfombra, como ellos se han escondido, frente a la propuesta de reflexionar críticamente sobre nada, y menos sobre un asunto que ha tenido importancia pública en el país. Por qué actuar de esa forma?

3) Es penoso el modo en que los funcionarios reaccionaron, frente a las primeras -zonzas, acostumbradas- reacciones de los medios (las frases que cito del Ministro se escucharon en Radio Diez, uno de los tantos medios -de derecha, no?- sometidos al gobierno, y por el gobierno).

4) Que las máximas autoridades hayan dejado en claro su oposición a piquetes, cortes de ruta y escrache no sorprende, pero lastima cuando son ellos mismos (y quienes los pusieron a dedo) los que primero negaron la reforma política, y luego la usaron para dejar sin oxígeno a los que más razones tenían para protestar frente a ellos, y a los partidos de izquierda que querían representar a tales voces.

5) Es inaceptable decir que el escrache es un procedimiento fascista. Que los fascistas o los nazis hayan realizado escraches no dice nada: También jugaban a las cartas, bailaban y escuchaban a Bach, y eso no convierte tales acciones en demoníacas.

6) En la Argentina, el escrache se popularizó como un método empleado por grupos defensores de los derechos humanos (en particular, por H.I.J.O.S, la agrupación que aglutina a los hijos de desaparecidos), para protestar frente a la falta de justicia en relación con quienes fueran los asesinos de sus padres, responsables de los peores crímenes cometidos en la historia nacional. Fue, de parte de ellos, un modo de hacer un llamado a la justicia más básica, cuando las autoridades se negaban a hacerlo y -lo que es peor- obstaculizaban la elemental posibilidad de recurrir a los tribunales buscando una condena para los responsables del genoicidio. Equiparar este tipo de acciones a las que hacían los fascistas es un error y una falta de respeto.

7) Enseñar sin hacer juicios de valor? Enseñar sin hacer juicios de valor cuando se habla de la inquisición, la guerra o la tortura???

8) Hablar del escrache sin hacer juicios de valor? Pero qué pretensión boba! Pero qué pretensión equivocada! Eso implica, otra vez, equiparar los actos de los fascistas con los actos de los hijos de los desaparecidos. Sin embargo, mientras unos cometían algunas de las peores atrocidades cometidas por la humanidad; los otros pedían justicia frente a algunas de las peores atrocidades cometidas por la humanidad. Asumir, simplemente que hay un paralelismo entre ambas acciones, y no reflexionar críticamente sobre las diferencias que existen entre ambas, es un error que habla pésimo de las autoridades gubernamentales.

9) Los primeros escraches que se hicieron en la Argentina surgieron frente a la negación de justicia en los casos de crímenes masivos; y los últimos -en los tiempos del 2001- frente a la gravísima crisis de representación política que se desatara entonces. El escrache es una excelente excusa, por ello, para pensar (desde la escuela, qué ámbito mejor?) sobre la profundidad de la crisis institucional que vivió y (en especial a partir de funcionarios como éstos) sigue viviendo la Argentina. Una excelente manera para imaginar, también, cómo salir de dicha crisis. Pero no: Se nos pide que seamos asépticos frente al fenómeno, no sea cosa que vayamos más lejos y veamos que el gobierno también cae dentro de la reflexión crítica.

10) Ni el escrache, ni el piquete, ni los cortes de ruta se justifican en cualquier caso, ni cualquiera sea la modalidad y alcance que adquieran, ni cuando los hacen "aquellos con quienes simpatizo" (pero no si los hacen "aquellos con quienes no simpatizo"). Se trata de instrumentos cuyo uso puede a veces justificarse, a veces exculparse, a veces condenarse. Depende. Y para poder distinguir necesitamos valorar, y pensar, y tener la oportunidad de discutir sobre el tema. Pero no. Todo se hace mal (tanto cuando propusieron el tema, del modo en que lo hicieron; como cuando empezaron a recular, del modo en que lo hicieron). Qué gobierno, Dios mío!

Para qué he vivido

Del prólogo a su autobiografía, por el gran Bertrand Russell

PARA QUÉ HE VIVIDO

" Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente intensas, han gobernado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Estas tres pasiones, como grandes vendavales, me han llevado de acá para allá, por una ruta cambiante, sobre un profundo océano de angustia, hasta el borde mismo de la desesperación.

He buscado el amor, primero, porque conduce al éxtasis, un éxtasis tan grande, que a menudo hubiera sacrificado el resto de mi existencia por unas horas de este gozo. Lo he buscado, en segundo lugar, porque alivia la soledad, esa terrible soledad en que una conciencia trémula se asoma al borde del mundo para otear el frío e insondable abismo sin vida. Lo he buscado, finalmente, porque en la unión del amor he visto, en una miniatura mística, la visión anticipada del cielo que han imaginado santos y poetas. Esto era lo que buscaba, y, aunque pudiera parecer demasiado bueno para esta vida humana, esto es lo que -al fin- he hallado.

Con igual pasión he buscado el conocimiento. He deseado entender el corazón de los hombres. He deseado saber por qué brillan las estrellas. Y he tratado de aprehender el poder pitagórico en virtud del cual el número domina al flujo. Algo de esto he logrado, aunque no mucho.

El amor y el conocimiento, en la medida en que ambos eran posibles, me transportaban hacia el cielo. Pero siempre la piedad me hacía volver a la tierra. Resuena en mi corazón el eco de gritos de dolor. Niños hambrientos, víctimas torturadas por opresores, ancianos desvalidos, carga odiosa para sus hijos, y todo un mundo de soledad, pobreza y dolor convierten en una burla lo que debería ser la existencia humana. Deseo ardientemente aliviar el mal, pero no puedo, y yo también sufro.

Ésta ha sido mi vida. La he hallado digna de vivirse, y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciese la oportunidad ."

Bertrand Russell, Autobiografía , 1967.

Nooooo

Pesadilla racinguista, se nos lesionó Él. No-puede-ser

Vacantes

Exitosa audiencia convocada, inesperadamente, por el Tribunal de la Ciudad, a instancias de ACIJ, conforme ya comentamos. Info, aca

Plomo

El sábado pasado la polícía bonaerense volvió a matar, en este caso a otro joven, inocente, indefenso, de bajos recursos. El oficial asesino declaró en tribunales que no sabía que su arma tenía balas de plomo. Ah, qué interesante saberlo. Sería bueno que Garré les avise entonces: No se puede aceptar la pérdida de una vida más.

Sen y CEO

Dos reportajes de ayer.

Uno, breve e interesante, a don Amartya Sen, acá


Luego, otro a Tomás Abraham.
Abraham parece, como es habitual, interesado sobre todo en provocar con lo que dice. De todos modos, en general sus comentarios son saludablemente provocadores, más allá que uno no acuerde con él. Esta frase, en el reportaje que le publicaran ayer, trasciende el reportaje de ayer:

(preguntado sobre la muerte de Néstor K):

"Para mí se murió un CEO de una corporación. No me pongo ni triste ni contento porque se muere un CEO de Wallmart. Eso fue Kirchner, un CEO, un hombre de corporación al que sólo le interesaban la plata, el poder y estar arriba."

Luego complejiza lo dicho, pero la idea era ésa. Reportaje completo, acá

La ceguera

Talentoso como siempre, Manuel Vincent, sobre la incapacidad de las ciencias sociales para prever la caída del Muro, la crisis económica, la debacle de las dictaduras en el Medio Oriente, acá

Libertad de expresión en la Argentina, según la Relatoría de la OEA

ARGENTINA

8. La Relatoría Especial observa con satisfacción que el Estado argentino haya efectuado el 5 de julio un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos del periodista Eduardo Kimel3. El periodista Kimel había sido condenado en marzo de 1999 a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización por criticar, en el libro “La masacre de San Patricio”, la actuación de un juez. El libro era el resultado de una investigación publicada en noviembre de 1989 acerca del asesinato de cinco religiosos palotinos. En cumplimiento de la sentencia, el Estado argentino eliminó en 2009 la aplicación de las normas de injuria y calumnia a las expresiones de interés público.

9. La Relatoría Especial valora la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Miguel Ángel Di Salvo contra el Diario La Mañana, del 19 de mayo de 2010, la cual dejó sin efecto un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en contra de ese periódico. La sentencia civil de la Corte Suprema reiteró la aplicación de la doctrina de la real malicia, según la cual, “[t]ratándose de informaciones referentes a figuras públicas, cuando la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria despreocupación acerca de tal circunstancia”4.

10. Asimismo, la Relatoría Especial saluda la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en el caso Canavesi contra el diario El Día, del 8 de junio de 2010, que revocó una condena contra el periódico, por haber publicado información falsa acerca de una persona particular, con base en datos aportados por una fuente oficial5.

11. La Relatoría Especial fue informada de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 15 de junio de 2010, que aprobó el esquema de distribución de publicidad oficial del gobierno de la Provincia del Neuquén, en cumplimiento de una paradigmática sentencia dictada por la Corte Suprema en septiembre de 2007, a favor del diario Río Negro. El caso se originó en una acción de amparo presentada por el periódico debido a la suspensión de la publicidad oficial por parte del gobierno provincial, después de la publicación de informaciones que cuestionaban al entonces gobernador de Neuquén, en diciembre de 20026.

12. La Relatoría Especial reconoce la importancia de que el Congreso de la Nación Argentina haya retomado durante 2010 la discusión de la Ley de Acceso a la Información. El proyecto recibió la media sanción en el Senado el 29 de septiembre y continúa su trámite en la Cámara de Diputados7. No obstante, resulta fundamental que el proyecto avance y el Estado apruebe un marco jurídico de acceso a la información, ajustado a los estándares internacionales en la materia.

13. Pese a que Argentina no cuenta aún con una ley general de acceso, se han producido importantes decisiones judiciales que resulta relevante resaltar. Según conoció la Relatoría Especial, el 2 de noviembre, la Cámara Contenciosa Administrativa Federal 8 confirmó una decisión de un juzgado en lo contencioso administrativo federal que ordenaba a la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación a entregar a la organización Asociación por los Derechos Civiles información solicitada sobre el gasto en publicidad oficial en 20099.

14. Asimismo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se habría negado a entregar información pública solicitada por la Asociación por los Derechos Civiles, en julio de 2009, concerniente al presupuesto en publicidad oficial. La entidad habría negado la información aduciendo que por ser un órgano público no estatal quedaba fuera de la obligación de entregar los datos solicitados. Un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, del 14 de diciembre de 2009, ordenó la entrega de la información, y una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, de agosto de 2010, confirmó esa decisión10.

15. La Relatoría Especial observa con satisfacción que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobara el 3 de diciembre de 2009 la Ley 3391 que regula la producción, contenido, gasto, contratación y distribución de la publicidad oficial de toda la administración pública de esa ciudad. Sin embargo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, vetó parcialmente la Ley el 25 de enero de 201011.

16. La Relatoría Especial toma nota de una resolución del Fiscal de Investigaciones Administrativas de La Pampa destinada a que el Canal 3 de la provincia de La Pampa, de propiedad estatal, garantice el pluralismo, para lo cual le ordenó apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos, fiscalizar el área informativa, reglamentar las funciones de la Gerencia de Noticias y establecer la misión, principios y objetivos de la organización. La resolución fue el resultado de una gestión hecha por empleados de la emisora en la cual denunciaron presuntas prácticas de manipulación, censura, invisibilización de opositores y persecución laboral12.
17. La Relatoría Especial destaca el avance obtenido por la Fiscalía en la investigación por las amenazas e intimidaciones anónimas recibidas durante el mes de abril por el periodista Ricardo Montacuto, director del portal de noticias MDZ Online. De acuerdo con la información recibida, la Fiscalía imputó al Intendente de Mendoza por el delito de “amenazas agravadas” luego de que una investigación judicial encontrara pruebas de que las llamadas se habrían originado en una línea telefónica asignada a ese funcionario13.

18. Pese a los avances reportados, la Relatoría Especial ha recibido información sobre graves agresiones y amenazas contra periodistas. En particular, la Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por el asesinato del periodista y dirigente comunal, Adams Ledesma Valenzuela, asesinado el 4 de septiembre en un barrio popular de Buenos Aires. Ledesma era corresponsal del periódico Mundo Villa y preparaba la apertura del canal de televisión Mundo TV Villa, que emitiría su señal por cable a hogares de la comunidad. En declaraciones ofrecidas a un periódico argentino, en junio de 2010, Ledesma anunció el lanzamiento del canal de televisión y adelantó que pretendía hacer periodismo de investigación para "filmar a los famosos" que llegaban a comprar droga a la villa. Según conoció esta Relatoría, la labor comunitaria de Ledesma estaba estrechamente relacionada con su tarea como periodista. La Relatoría fue informada de que Ledesma habría recibido en la madrugada una llamada para ayudar a un vecino a reparar un desperfecto eléctrico, pero al salir de su casa fue asesinado. Familiares del periodista fueron amenazados por personas desconocidas cuando intentaban ayudarlo, así como durante el funeral, conminándolos a salir de la localidad14. La Relatoría Especial fue informada de que el Estado otorgó protección policial a la familia del periodista y que habría ordenado la captura de un sospechoso15.

19. Asimismo, la Relatoría Especial expresa su preocupación por otros hechos de violencia contra periodistas, que deben ser investigados y sancionados. Según la información recibida, el 9 de febrero de 2010, el periodista Dante Gustavo Fernández, habría sido agredido por presuntos colaboradores de la Intendencia municipal en la Leonesa, Provincia del Chaco. Según la información recibida, Fernández, quien es director de la radio FM Frontera donde conduce el programa “La Mañana de Todos”, habría sido golpeado mientras intentaba dar cobertura a una protesta vecinal en reclamo del cese de las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en las plantaciones de arroz16.

20. Según información recibida, el 24 de agosto, un incendio intencional habría destruido el vehículo del periodista Carlos Villanueva, causado quemaduras a su hijo y habría producido destrozos a su vivienda y a la emisora FM Cerrillos 90,9, que funciona en la misma propiedad, en San José de los Cerrillos, provincia de Salta. Los perpetradores también habrían sustraído un equipo de transmisión que dejó a la emisora fuera del aire17. Según fue informada la Relatoría Especial, el 26 de noviembre Carlos
Villanueva volvió a ser objeto de un atentado, cuando desconocidos dispararon contra la vivienda en tres ocasiones18.

21. La Relatoría Especial recibió información concerniente a un ataque incendiario que habría sufrido la periodista Adela Gómez, en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 28 de marzo. Desconocidos rociaron su automóvil con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Gómez es reportera en la emisora Radio 21, de esa localidad y antes del atentado había cubierto informaciones acerca de presuntas irregularidades cometidas por autoridades locales19.

22. La Relatoría Especial también fue informada de varias agresiones contra periodistas por parte de manifestantes ambientalistas en la provincia de Catamarca. De acuerdo con la información recibida, el 19 de diciembre de 2009 un grupo de personas habría agredido de palabra, conminado a retirarse e impedido cumplir con su trabajo al camarógrafo Carlos Romero y al reportero Nicolás Ziggiotto, de TV Cable Andalgalá y del periódico El Ancasti. El 15 de febrero, participantes de una protesta anti-minera habrían golpeado y arrojado al piso a Ziggiotto y al periodista Lucas Olaz y les habrían sustraído la cámara de video con la que registraban los hechos. La Fiscalía investigó el incidente y en agosto envió a juicio a una persona sospechosa de participar en la agresión y cometer el robo. Además, el 7 de abril, manifestantes de nuevo habrían atacado a golpes en Andalgalá, en el norte de la provincia de Catamarca, al camarógrafo Carlos Romero20.

23. De acuerdo con información recibida, el 28 de abril un miembro del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, habría agredido físicamente al reportero del diario El Tribuno, Jaime Barrera, como reacción a un artículo crítico del periodista acerca del trabajo de los concejales21.

24. Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que el 2 de julio el periodista de Canal 8, Daniel Villamea, y el camarógrafo Aníbal Romero habrían sido agredidos por un agricultor y su hijo en Oberá, Provincia de Misiones, cuando realizaban una investigación acerca de presuntos maltratos a personas que vivían en su propiedad. Los comunicadores sufrieron golpes y excoriaciones varias22.

25. La Relatoría Especial recibió información acerca de una serie de ataques que habrían afectado a diferentes radioemisoras. De acuerdo con lo informado a la Relatoría Especial, el 9 de enero
de 2010 la antena de la emisora Radio Arco Iris, de la localidad de Loncupué, en la Provincia de Neuquén, habría sido dañada por desconocidos23. El 2 de julio, desconocidos habrían derribado la antena de la emisora Amplitud 770, en la provincia de Buenos Aires, al cortar los cables que la sostenían24. El 27 de julio, un incendio intencional habría dañado las instalaciones de la radio FM Belgrano, en Junín, provincia de Buenos Aires25. En otro hecho, el 18 de noviembre habría sido robado el equipo de transmisión de la radio comunitaria FM Nueva Generación en San Martín, provincia de Buenos Aires, que dejó a la emisora fuera del aire. Los perpetradores no se llevaron ningún otro equipo electrónico26. Finalmente, en la madrugada del 30 de noviembre, desconocidos habrían irrumpido en las instalaciones de transmisión de la Radio Nacional San Martín de los Andes, de Neuquén, y habrían destruido equipos esenciales para la emisión de la señal, sin robar nada más. Según la información recibida, el ataque habría ocurrido pocos días después de que la emisora pusiera en funcionamiento un nuevo transmisor que ampliaba el alcance de la señal27.

26. La Relatoría Especial fue informada acerca de la detención que habría sufrido el 20 de abril, por parte de la Policía, el fotógrafo Gustavo Torres de El Diario de la Región en la provincia de El Chaco, cuando cubría una información policial. Según la Información recibida las autoridades le habrían ordenado, además, borrar las imágenes captadas. Dirigentes sindicales también habrían intimidado y obligado a borrar las imágenes al fotógrafo Alcides Quiroga, del diario La Prensa de Santa Cruz, en un piquete que realizaban el 16 de abril en Caleta Olivia28.

27. Por otra parte, la Relatoría Especial recibió información acerca de un presunto hostigamiento policial del que habría sido víctima el periodista José Piedra, de la radioemisora FM Chaco, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, a raíz de informaciones que él divulgó relacionadas con un crimen cometido en esa localidad en la cual podrían estar involucrados algunos policías locales. Piedra denunció que el 12 de mayo un grupo de hombres, entre ellos un policía, derribaron la puerta de
su casa y amedrentaron a su familia. Después habría sido seguido e intimidado por vehículos y efectivos policiales29.

28. La Relatoría Especial fue informada de las amenazas telefónicas e intimidaciones que habrían recibido el 6 de abril el periodista del diario La Voz del Interior, Juan Federico, el conductor del programa ADN del Canal 10 de Córdoba, Tomás Méndez y su productor, Guillermo Bahr luego de haber publicado investigaciones relacionadas con la venta minorista de droga en la provincia de Córdoba30.

29. Según el principio 9 de la Declaración de Principios, “[el] asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

30. La Relatoría Especial recibió información acerca de algunas declaraciones e incidentes que registran un clima de aguda polarización entre algunos funcionarios del gobierno y seguidores de este, y un grupo de medios de comunicación y sus periodistas. De acuerdo con la información recibida, en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades argentinas habrían aparecido en abril carteles anónimos con mensajes que insultan y estigmatizan a periodistas que trabajan con el grupo Clarín por el hecho de trabajar en dicho grupo31. Por otra parte, en el contexto del enfrentamiento público entre el gobierno y este grupo de medios, el 8 de octubre el ministro de Economía, Amado Boudou, habría dicho durante una entrevista en Washington D.C., que dos periodistas de los periódicos La Nación y Clarín, serían “como los que ayudaban a limpiar las cámaras de gas del nazismo”. De acuerdo con la información recibida, Boudou se excusó cuatro días después ante la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por haber usado una “metáfora inapropiada” pero habría manifestado que no se disculparía con los periodistas pues los comunicadores mantendrían “actitudes antiargentinas” por “publicar permanentemente mentiras” en los diarios para los que trabajan32. Estas declaraciones se producen en un marcado ambiente de tensión entre algunas autoridades gubernamentales y el grupo de medios referido.

31. Asimismo, según la información recibida, el Presidente del Concejo Deliberante de la localidad de El Soberbio, Juan Carlos Pereira, se habría referido en términos particularmente duros hacia la revista Apta Para Todo Público y habría admitido que procura imponer cargas impositivas a esa publicación por razón de su línea editorial33.
32. La existencia de un contexto de confrontación extrema, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. En estos casos, es tarea del Estado, dadas sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras. Como lo ha reiterado la CIDH, el Estado debe abstenerse en todos los casos, de utilizar cualquiera de sus facultades para premiar a los medios cercanos y castigar a quienes disienten o critican sus acciones. En este sentido, las autoridades deben responder las críticas que encuentre injustificadas o las informaciones que consideren equivocadas generando las condiciones para que exista más y mejor debate e información y no a través de medidas que puedan inhibir y afectar el vigor en la deliberación. A su turno, como lo establece el principio 6 de la Declaración de Principios aprobada por la CIDH, la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

33. Durante 2010, la Relatoría Especial recibió información sobre dos medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de empresas de las cuales es accionista el grupo de medios Clarín. En particular, la Relatoría Especial siguió de cerca las denuncias efectuadas por el Gobierno Nacional en contra de directivos de los diarios Clarín y La Nación en relación a la compra de la empresa productora de papel para periódicos Papel Prensa34. Asimismo, la Relatoría Especial siguió de cerca el proceso administrativo iniciado contra la empresa proveedora de servicios de acceso a Internet Fibertel35., propiedad del Grupo Clarín. La primera medida mencionada -referida a Papel Prensa- se relaciona con la distribución del papel para periódicos, la segunda -referida a la empresa Fibertel- se refiere a la prestación de servicios de Internet para un número significativo de usuarios en la Argentina. Por estas razones, y por el contexto que ya ha sido explicado, las medidas gubernamentales mencionadas merecieron especial atención de la Relatoría. Actualmente los dos asuntos referidos se encuentran bajo estudio ante el poder judicial36 y la reglamentación del papel para periódicos se
encuentra en debate en el poder legislativo37. La Relatoría Especial espera que los asuntos referidos, dada su notable importancia para el ejercicio de la libertad de expresión, se resuelvan de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

34. En particular en cuanto se refiere a la regulación de papel periódico, el asunto es de tanta importancia para el sistema interamericano que el propio articulo 13 de la Convención Americana establece que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, resulta importante aplicar a la producción de papel para periódicos las normas antimonopolio existentes de forma tal que se fomente así su libre producción. Este régimen corresponde definirlo al poder legislativo, atendiendo especialmente a la obligación de impedir la existencia de controles oficiales o particulares abusivos. En particular, es importante tener en cuenta que so pretexto de regular los monopolios no puede crearse una forma de intervención que permita que el Estado afecte este sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción y distribución de este insumo y facilitar la producción libre y competitiva de papel. Al momento de cierre del presente informe la Asamblea no había aun tomado una decisión al respecto. Por las razones anotadas la Relatoría Especial se encuentra haciendo estrecho seguimiento al tema.

35. Finalmente, la Relatoría Especial toma nota de que una vez proferida la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones que ordenó la liquidación de Fibertel y el traslado de los usuarios a otras empresas proveedoras de Internet, la Comisión Nacional de Comunicaciones comenzó a emitir un aviso publicitario oficial, de poco más de dos minutos y medio en el que informaba a la población sobre la posición del Estado respecto de este caso e indicaba a los usuarios que tenían “todo el derecho a reclamar por aquello que paga[ron] mientras la empresa funcionaba en forma ilegal”. El aviso fue transmitido principalmente durante la transmisión de los partidos de fútbol de primera división, cuyos derechos de transmisión, desde agosto de 2009 están en manos del Estado Nacional. El 30 de noviembre de 2010, un juez resolvió dictar una medida cautelar, a través de la cual ordenó a diversos canales que transmiten los partidos de fútbol de primera división que se abstengan de transmitir la publicidad oficial mencionada38.

Seguimos remando: Deliberación y litigio estructural en el TSJ

Felicitaciones a la gente de ACIJ, que impulsó este caso de litigio estructural en el TSJ, y que avanzará, de modo inédito, con una instancia deliberativa en el ámbito del TSJ. Va la info ACIJ:



Tenemos novedades importantes para comunicar y una audiencia pública para difundir, relativos a un caso de litigio estructural iniciado por ACIJ por la falta de vacantes en el nivel inicial de la Ciudad, nivel educativo que comprende las edades de 45 días a cinco años.



En el año 2006 ACIJ inició una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad en representación de los miles de niños/as que cada año se quedan fuera de ese nivel educativo debido a la falta de vacantes en las escuelas. Ello sucede pese a que la constitución de la ciudad establece en su art. 24 que “La ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. Según las últimas estimaciones oficiales, la cantidad de niños privados de acceso a la educación superaba los 6.000

El caso tuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia, pero el gobierno recurrió los fallos, y la decisión final se encontraba pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (en los siguientes links se pueden encontrar las dos sentencias http://www.hardineros.com.ar/acij/d_programa.php?did=118&pid=14, y http://www.hardineros.com.ar/acij/d_programa.php?did=94&pid=14).



Organizaciones no gubernamentales (ADC, el CELS, ELA, Fundación MEI, y CIPPEC), el Defensor General de la Ciudad, la especialista en género Paola Bergallo y la especialista en educación Silvina Gvirtz presentaron memoriales de amicus curiae ante el Tribunal desde diversas perspectivas que contribuyeron a enriquecer el contexto, principios e implicancias del caso y la decisión que estaba en juego.



Mientras el caso se encontraba pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia, las partes, conjuntamente con la Asesoría General Tutelar, con aval del TSJ iniciaron un proceos de negociación con vistas a arribar a un acuerdo que garantizra los derechos afectados. Luego de varios meses de intensas negociaciones, ACIJ llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para dar una solución definitiva al problema, mediante una serie de acciones de inmediato, mediano y largo plazo (para ver el convenio ver . http://www.hardineros.com.ar/acij/mostrarNoticia.php?id=1283).



Concretamente, el Gobierno reconoció la legitimidad del reclamo, se comprometió a cumplir con un plan de obras para generar vacantes en el nivel inicial cuyos plazos se cumplen en 2011 y 2012, se comprometió a generar un sistema transparente para registrar la falta de vacantes -al que tendrá acceso la AGT- y a entregar constancias de solicitud de inscripción, se comprometió a prever las partidas necesarias para las obras y docentes, se acordó que la cifra de falta de vacantes debe recalcularse cada año para agregar las obras que hagan falta hasta que no quede ningún niño/a fuera del nivel inicial debido a la falta de vacantes, se acordó la provisión de transporte escolar gratuito para niños/as de tres a cinco años como una medida provisoria hasta que finalice la construcción de las escuelas, se acordó la creación de una mesa de trabajo para supervisar el cumplimiento del acuerdo y la designación de un interventor/a judicial, entre otras cuestiones.



El acuerdo entre las partes fue presentado ayer 9 de Febrero, ante el TSJ, y los jueces del tribunal aceptaron la propuesta de las partes de que se realice una audiencia, de carácter público, en forma previa a su homologación.

La audiencia se hará el 15 de febrero a las 11 horas en la sala de audiencias públicas del Tribunal Superior de Justicia, con acceso libre público, se escucharán las opiniones de las partes y el dictamen del Ministerio Público Fiscal sobre el convenio y también se podrán recibir opiniones de terceros en relación con los puntos del acuerdo.



Hasta donde tenemos conocimiento será esta la primera vez que el TSJ realiza una instancia deliberativa en el contexto de una acción de amparo colectivo a fin de evaluar sobre un acuerdo de cumplimiento. Es una excelente noticia que el Tribunal haya habilitado este mecanismo de participación que permitirá escuchar más voces antes de decidir si homologa un acuerdo que impactará fuertemente sobre la política educativa y sobre los derechos de miles de niños/as, y sus familias. A su vez, es inédito que el Tribunal abra una instancia de este tipo en el trámite de una acción de amparo colectivo.



Invitamos a quienes estén interesados/as a asistir a la audiencia, y esperamos que puedan ir.



Si quieren hacer una presentación, o dar alguna opinión sobre el acuerdo, el texto del convenio y todos sus anexos están disponibles en la página web de acij (http://www.hardineros.com.ar/acij/mostrarNoticia.php?id=1283). La dirección del tribunal es Cerrito 760.

También estamos disponibles para conversar con quienes tengan interés en llamarnos o escribirnos si tienen cualquier duda (tel. 4381-2371, interno 134 o dantunez@acij.org.ar).

Muchas gracias, saludos.

Todos

Todos culpables, incluido Oyarbide

Cohen: Habemus traducción!

Gracias a todos los que fueron arrimando párrafos para la traducción de "Cohen: Against Capitalism"! Aplauso a todos los que intervinieron. Acá cuelgo la versión más completa, vía Nicolás F.C. Gracias especiales Nicolás, por el esfuerzo. La traducción, acá.

PTS: tomarle el gustito a los sapos

Extracto del reportaje a Christian Castillo, del PTS, que -muy bien- salió en Página. Grande CC!! (reportaje completo, acá)

"Los intelectuales progres del kirchnerismo quieren demonizar esta lucha, desautorizando la acción directa con el argumento de que todo el que sale a luchar le hace el juego a Duhalde y a la derecha. En realidad, la política represiva y de derecha es del Gobierno, la patota de la Unión Ferroviaria que mató a Mariano Ferreyra había estado en el acto de River que convocó Moyano, lo mismo que en el asesinato de los qom en Formosa gobernada por un aliado del gobierno, y junto con Macri dieron cero vivienda a los que reclamaron en el Indoamericano, donde hubo muertos por la Federal. Les dieron algo similar a la ley de residencia de 1902 contra todo el que toma un terreno. Para un Gobierno que dice que no reprime, son muchos muertos.

–¿En ese acompañamiento pondrían en juego la continuidad del Gobierno?

–Son argumentos decadentes, la denuncia del complot trotsko-duhaldista parece de un personaje de Capusotto, y sería cómico si no fuese que hay una persecución judicial y una actitud macartista. Está preso Martino y hay causas contra los principales luchadores populares. El Gobierno no quiere que las masas estén en las calles y por eso pacta con las patronales y las burocracias sindicales. Lo de “cuanto peor mejor” es una deformación, nosotros queremos que las luchas de los trabajadores ganen. Los tercerizados, los pueblos originarios y los que no tienen vivienda recibieron poco y nada del crecimiento económico. Los bancos tienen ganancia record pero seguimos sin vivienda popular. Tomada decía que querían voltear la ley agraria, pero cuando el Gobierno tenía mayoría parlamentaria no lo hizo. Los intelectuales kirchneristas están desarrollando una coraza contra tragarse sapos, comerse a Boudou o a los demás candidatos, Scioli, Insfrán, Gioja, De la Sota y Schiaretti. Después de la muerte de Kirchner, la paradoja fue que el sector progresista se movilizó y el Gobierno giró hacia la derecha. ¿El Gobierno llamó o no al FMI para que audite el Indec? ¿Negocia o no con el Club de París el pago de la deuda? ¿Fernández hizo o no hizo la conferencia para anunciar que le sacaban los planes a los que peleen por vivienda? ¿Los fondos que consigan en Qatar son para vivienda popular o para negocios de Cirigliano? Pueden querer no verlo, incluso tomarle el gustito a los sapos. Pero el intento de demonizar a la izquierda es no querer escuchar que son sapos."

La tesis de la discontinuidad

Hace tiempo, y por tomar un ejemplo, defendimos la acusación y posterior destitución de Aníbal Ibarra (político por el que no teníamos especial antipatía), luego de la tragedia de Cromagnon. El principal argumento que dimos era simple: Si, teniendo la oportunidad de descentralizar el poder, decidía seguir concentrando todas las decisiones relevantes en sus propias manos, luego, perdía el derecho a quejarse si se lo hacía responsable jurídicamente por los trágicos eventos que pudieran sucederse en su gobierno (para el caso que nos interesaba, hechos que su gobierno no supo evitar, pudiendo hacerlo).

Dicho esto, volvamos al presente. Hace tiempo que caen acusaciones gravísimas en torno al gobierno. Sin ir más lejos, hoy, el procesamiento del recaudador de la campaña del Frente para la V, relacionado con la venta de medicamentos falsos, malversación de caudales públicos, y, sin dudas, para nosotros, con los resonantes casos de narcotráfico de los que nos anoticiamos recientemente. Si algunos de estos hechos son ciertos, luego, volveremos sobre la misma línea de reflexión que presentamos en el caso Ibarra. En otros términos, vamos a rechazar -como ya rechazamos- la tesis de discontinuidad que presentan los defensores del gobierno. Ellos nos dicen (como acaban de hacerlo frente al tremendo caso León Juárez): Si hay represión en la Provincia, es tema de Buenos Aires, y no del gobierno nacional; si hay represión en Formosa, Neuquén, Salta, o Santiago del Estero, la responsabilidad es de los locales, y no del gobierno nacional. Si hay corrupción en los Jaimes y De Vidos, se trata de casos individuales y no de la responsabilidad del gobierno nacional. No. En un sistema de poderes híper (recontra) concentrados, toda la responsabilidad jurídica deberá recaer sobre los que -tenemos que asumirlo- dan las órdenes o dejan de darlas.

Todo sexo es politico

El libro sobre sexualidades en la Argentina, compilado por Mario Pecheny, Carlos Figari y Daniel Jones, se puede bajar entero desde: http://carlosfigari.wordpress.com/2011/02/05/1258/

Bolsa de Trabajo: ELA

Búsqueda laboral ELA
Fecha límite para envío de CV: 21 de febrero de 2011




Búsqueda laboral: Asistente de Proyecto – Área de Comunicación
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género busca a una persona para ocupar el puesto de asistente de Proyecto para integrarse al equipo del Observatorio de medios de comunicación “Las mujeres en los medios”, dentro del área de comunicación de la organización.
Buscamos a una persona con actitud proactiva para asumir desafíos, con una sólida formación universitaria en ciencias sociales e interés en la agenda de género. Se privilegiará contar con experiencia previa en investigación.

Sobre el Observatorio de Medios
El Observatorio de ELA "Las mujeres en los medios" es una herramienta de seguimiento al tratamiento que los medios de comunicación impresa de Argentina le dan a los temas de violencia contra las mujeres y democracia y participación. Diariamente, el equipo de ELA monitorea las noticias que salen en 14 medios gráficos de Argentina, tanto de alcance nacional como medios locales. A partir de las piezas seleccionadas, se realizan informes de análisis periódicos.
Responsabilidades:

* Identificación y carga diaria de las noticias en la base de datos del Observatorio.
* Procesamiento de la información relevada (métodos cuantitativos y cualitativos de análisis).
* Asistencia en el desarrollo de contenidos web.
* Colaboración en la redacción de informes mensuales, semestrales y anuales del Observatorio.
* Redacción de notas de prensa de los resultados del observatorio.
* Redacción de boletines electrónicos de monitoreo.
* Colaboración en tareas de comunicación institucional de la organización.

Requisitos:

* Graduado o estudiante avanzado en Ciencias Sociales de las carreras de Comunicación, Ciencia Política, Sociología, Estudios Internacionales o afines.
* Experiencia laboral de al menos dos años en investigación y/o organizaciones de la sociedad civil en proyectos de investigación, diseño de políticas públicas o afines.
* Excelente manejo de la comunicación oral y escrita.
* Manejo de herramientas cuantitativas de análisis (Excel y/o SPSS) y de herramientas básicas de diseño (Photoshop, Illustrator, Adobe Premier).
* Dominio del idioma inglés intermedio o avanzado.
* Capacidad para trabajar en equipo.

Condiciones laborales:
Contrato de trabajo por un año. Remuneración acorde a la tarea desempeñada. Excelente clima laboral.

Fecha de ingreso: marzo 2011.
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.
Lugar de trabajo: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Búsqueda laboral ELA
Fecha límite para envío de CV: 21 de febrero de 2011
Las personas interesadas deberán enviar su CV con un resumen de su actividad laboral previa, indicando intereses y proyecciones laborales, a busquedas2011@ela.org.ar

G.A.Cohen: Contra el capitalismo (transcripción)

Desde Tijuana, Mexico, Alfredo Lucero nos hace llegar la transcripción (en inglés) del sensacional video de Cohen que colgamos hace poco. Genial Alfredo!! A ver si alguien se anima con la traducción, que es el tipo de textos que tienen que estar al alcance de todos!!




G. A. Cohen: Against Capitalism
He aquí la transcripción (en inglés) del video de G. A. Cohen: Against Capitalism (1986) --que recién generara controversia en la blogósfera--, donde Cohen ilustra de una manera sorprendentemente clara y sencilla, pero sólida, el carácter intrínsecamenete injusto del capitalismo. Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Nicholas Vrousalis de la Universidad Católica de Lovaina (Bruselas) por compartir con nosotros la fuente: World Socialist Review (1987).

Al Capp, the cartoonist, told a story about a creature called the shmoo, which was ten inches high, something like a pear in shape and creamy white in color. It bad no arms, tiny feet and big whiskers under its nose. The shmoo had only one desire: to serve the needs of human beings, andit was well equipped to do so. Its skin could be made into any kind of fabric, its flesh was edible, its dead body could go brick-hard and be used for building, and its whiskers had more uses than you can imagine. If you looked it a shmoo with hunger in your eye, it dropped dead in rapture becauseyou wanted it, after first cooking itself into your favorite flavor. Since they multiplied rapidly, there were plenty of shmoos for everybody.

But the capitalists hated the shmoos, for the shmoos provided everything people needed; nobody had to work for capitalists anymore, because nobody had to make the wages to buy the things capitalists sold, And so, as the shmoos spread across the face of America, the capitalists began to lose their power. So they took drastic action. They got the government to tell the people that the shmoo was un-American. It was causing chaos, undermining the social order. The President ordered the FBI to gather the shmoos and gun them down. Then things went back to normal. But acountry lad, called Li'l Abner, managed to save one female and one male shmoo. He carried them offto a distant valley, where he hoped they'd be safe. “Folks aint yet ready for the shmoo,” Li'l Abner sighed. But Li'l Abner was wrong. Folks were ready for the shmoo. It was the capitalists that weren't. The shmoo spoiled their monopoly over the means of existence.

Some capitalists defend their ownership of the resources we need for survival by saying that they got them through their own talent and effort. But everything the capitalist now owns either isor is made of something which once nobody's private property. With what right did anyone transform itinto private property in the first place?

Never mind the doubtful origin, capitalists may say. Whatever started capitalism off, the system benefits people, for the following reasons. Capitalist firms survive only if they make money, and they make money only if they prevail in competition against other firms. This means that theyhave to be efficient. If they produce incompetently, they go under. They have to seize every opportunity to Improve their productive facilities and techniques, so that they can produce cheaply enough to make enough money to go on. They don't aim to satisfy people, but they can't get what they are aiming at, which is money, unless they do satisfy people, and better than rival firms do.

Well, improved productivity means more output for every unit of labor, and that means that you can do two different things when productivity goes up. One way of using enhanced productivity is to reduce work and extend leisure, while producing the same output as before. Alternatively, output may be increased while labor stays the same. Let's grant that more output is a good thing. But it's also true that for most people what they have to do to earn a living isn't a source of joy. Most people's jobs are such that they'd benefit not only from more goods and services but also from shorter hours and longer holiday's.

Improved productivity makes possible either more output or less toil, or, or course, a mixture of both. But capitalism is biased in favor of the first option, increased output, since the other, toil reduction, threatens a sacrifice of the profit associated with greater output and sales.When the efficiency of a firm's production improves, it doesn't reduce the working day of its employees and produce the same amount as before. Instead, it makes more of the goods it was already making, or, if that isn't possible, because the demand for what it's selling won't expand, then it fays off part of its workforce and seeks a new line of production in which to invest the money it therebysaves. Eventually, new jobs are created, and output continues to expand, although there's a lot of unemployment and suffering along the way.

Now, the consequence of the increasing output which capitalism favors is increasing consumption. And so we get an endless chase after consumer goods, just because capitalist firms are geared to making money, and not to serving consumption itself.

I'm not knocking consumer goods. Consumer goods are fine. But the trouble with the chase after goods in a capitalist society is that we'll always, most of us, want more goods than we can get, since the capitalist system operates to ensure that people's desire for goods is never satisfied.

Capitalism is supposed to be good at satisfying our needs as consumers. But people have seeds which go beyond the need to consume. One of those needs is a person's need to develop and exercise his or her talents. When people's capacities lie unused, they don't enjoy the zest for life which comes when their faculties flourish.

Now, people are able to develop themselves only when they get a good education. But, in a capitalist society, the education is threatened by those who seek to fit education to the narrow demands of the labor market. And some of them think that what's now needed to restore profitability to an ailing British capitalism is a lot of cheap, unskilled labor, and they conclude that education should be restricted so that it will supply that labor.

The present Chancellor of the Exchequer, Nigel Lawson, said in a speech a couple of years ago that we should now think about training people for jobs which are, as he put it, “not so much low-tech at no-tech.” What sort of education is contemplated in that zippy statement? Not one that nourishes the creative powers of young people and brings forth their full capacity. Nigel Lawson thinks it's dangerous to educate the young too much, because then we produce cultivated people who are unsuited to the low-grade jobs the market will offer them. An official at the Departmentof Education and Science recently said something similar. He said: “We are beginning to create aspirations which society cannot match…When young people...can't find work which meets their abilities and expectations, then we are only creating frustration with...disturbing social consequences. We have to ration...educational opportunities so that society can cope with the output of education...People must be educated once more to know their place.”

What we've got here is a policy of deliberately restricting educational provision so that state schools can produce willing sellers of low-grade labor power. It's hard to imagine a more undemocratic approach to education. And notice that to prefer a democratic distribution of educational opportunity you don't have to believe that everyone is just as clever as everyone else: Nigel Lawson isn't saying that most people are too dim to benefit from a high level of education. It’sprecisely because people respond well to education that the problem which worries him arises.

There's a lot of talent in almost every human being, but in most people it remains undeveloped, since they don't have the freedom to develop it. Throughout history only a leisured minority have enjoyed such freedom, on the backs of the toiling majority. Now, though, we have a superb technology which could be used to restrict unwanted labor to a modest place in life. But capitalism doesn't use that technology in a liberating way. It continues to imprison people in unfulfilling work, and it shrinks from providing the enriching education which the technology it has created makes possible.

Is it possible to create a society which goes beyond the unequal treatment that capitalism imposes? Many would say that the idea of such a society is an idle dream. They'd say that there'salways been inequality of one kind or another and there always will be. But I think that reading of history is too pessimistic.There's actually much less inequality now than there was, say, 100 years ago. Then, only a few radicals proposed that everyone should have the vole. Others thought that was a dangerous idea, and most would have considered it to be an unrealistic one. Yet today we have the vote. We are a political democracy. But we're not an economic democracy. We don't share our material resources, and most people in this country would regard that as an unrealistic idea. Yet I think it's an idea whose time will come. Society won't always be divided into those who control its resources and those who have only their own labor to sell. But it'll take a lot of thought to workout the design of a democratic economic order, and it’ll take a lot of struggle, against privilege and power, to bring it about. The obstacles to economic democracy are considerable. But just as no one, now, would defend slavery, I believe that a day will come when no one will be able to defend a form of society in which a minority profit from the possession of the majority.

Fuente: World Socialist Review, vol. 1, no. 3, Summer 1987, pp. 3-4.

El DNU de Macri

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3643
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 2/GCABA/11
________________________________________
INCORPORA TEXTO AL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - TÍTULO VI PROTECCIÓN A LAS LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN - MULTAS - SANCIONES - FALTAS - OBSTRUCCIÓN - IMPEDIMENTO - OBSTÁCULOS - PRODUCCIÓN - IMPRESIÓN - DISTRIBUCIÓN - DIFUSIÓN - IDEAS - OPINIÓN - INFORMACIÓN - MEDIOS DE PRENSA - COMUNICACIÓN - PERSONAS - ORGANIZACIONES - TAREAS COMUNITARIAS -

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
VISTO:
Lo dispuesto por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 10 y 12, inciso 2, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
CONSIDERANDO:
Que las libertades de prensa y de expresión son garantías constitucionales expresamente consagradas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en consonancia con las prescripciones de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Que dichas garantías resultan, además, esenciales para la existencia de un sistema republicano, en tanto constituyen herramientas necesarias para el debido control de los actos de gobierno, haciendo posible su conocimiento por los ciudadanos;
Que tal como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho prensa ha recibido protección constitucional como dimensión política de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión, pasando a ser un elemento integrante del estado constitucional moderno, con el derecho e incluso el deber de ser independiente a la vez que responsable ante la justicia de los delitos o daños cometidos mediante su uso, con la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad;
Que las restricciones a la libertad de prensa no sólo afectan el derecho subjetivo de dar y recibir información, sino que limitan las posibilidades de un adecuado ejercicio de las demás libertades constitucionalmente consagradas, en la medida en que impiden el acceso a información relevante y a argumentos plurales, y se constituyen en un serio obstáculo a la deliberación pública abierta, no discriminada, vigorosa y deshinibida;
Que los hechos de público conocimiento ocurridos durante los días 26 y 27 de marzo del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al 27 de marzo de 2011 del Diario Clarín -y demoraron la del Diario La Nación- han configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión;
Que similar calificación merecen los hechos que impidieron la circulación de las respectivas ediciones de los diarios La Voz del Interior y Día a Día, de la ciudad de Córdoba, correspondientes al 3 de abril de 2011;
Que numerosos actores políticos, culturales y sociales han puesto de manifiesto en forma pública su preocupación por la escalada de agresiones a la libertad de expresión y de prensa que se vive en nuestro país, inquietud compartida por diversas organizaciones internacionales, la Sociedad Interamericana de Prensa entre otras;
Que la situación debe ser evaluada como particularmente grave ante la notoria inacción de las autoridades competentes del Estado Nacional, sumado el hecho de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su sede numerosos medios de comunicación masiva de orden nacional y local;
Que las manifestaciones públicas posteriormente efectuadas por algunos de los actores involucrados permiten inferir que, lamentablemente, pueden repetirse en forma inminente hechos y pasividades similares;
Que obstaculizar o impedir la producción de contenidos periodísticos o su normal circulación es una conducta social y jurídicamente reprochable, contraria a la libertad de expresión y, por ello, violatoria de derechos a los que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha asignado rango constitucional;
Que igual reproche merecen similares conductas que afecten la libre expresión en forma pública de ideas, opiniones o informaciones;
Que en resguardo de los derechos y garantías constitucionales antedichos deben adoptarse las previsiones legales necesarias, en pos de su efectiva protección;
Que a esos fines deviene necesario, en forma urgente, incorporar al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la normativa pertinente en orden a prevenir conductas como las anteriormente descriptas;
Que se encuentran expuestas y acreditadas las circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir con los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Incorpórase al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Título VI “Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión”, el texto que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros del Poder Ejecutivo, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése cuenta a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines previstos en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su cumplimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
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La tortura y la cárcel

De Leo Filippini, hoy en Página

El video de la tortura sufrida por un preso en Mendoza echa algo de luz sobre la realidad penitenciaria. Si algún elemento sugiriese su excepcionalidad sería menos inquietante, pero las condiciones generales del encierro parecen indicar amargamente, en cambio, que así funcionan las cosas. El aparato penal, no obstante las purgas, favorece la perpetuación del abuso como herramienta para la disciplina y la tortura es un crimen no del todo inesperado.

El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) publicó a fines del 2010 los datos penitenciarios de 2008, los últimos disponibles en el sitio web del Ministerio de Justicia. En 2008 había 54.537 presos, ocho mil más que en 2002. La población retratada es un colectivo relegado. El 68 por ciento eran jóvenes de entre 18 y 34 años. El 95 por ciento varones, en su inmensa mayoría argentinos. El 70 por ciento es primario, es decir, ni reincidente ni reiterante. El 43 sólo terminó la primaria, el 24 no la completó y el 7 no tuvo escolaridad. Sólo un quinto del total poseía un trabajo de tiempo completo antes de la detención. El 41 por ciento eran desocupados y el 40 por ciento trabajadores de tiempo parcial. El 51 por ciento no tenía oficio ni profesión. Los condenados, además, tienen prohibido votar. Cualquier mapa delata que la geografía carcelaria complica las visitas y casi cualquier recorrido mostrará que la nutrición, el espacio y la higiene suelen estar en tensión.

La recopilación regular de estos datos por parte del Ministerio de Justicia indicaría que se trata de un insumo relevante para la gestión, vista la función resocializadora que la ley argentina atribuye a la pena. Los mismos datos del Sneep sobre la vida en la cárcel, sin embargo, opacan esa conclusión. Apenas un 40 por ciento de los presos tiene condena firme. El 58 por ciento carece de trabajo remunerado y sólo un quinto tiene ocupaciones de 40 horas semanales. El resto, de tiempo parcial, o nada. Sólo el 15 por ciento participó de algún programa de capacitación laboral y el 60 por ciento no accede a ningún programa educativo. El 20 por ciento no participa de actividades recreativas ni deportivas y el 8 ni siquiera recibió atención médica en todo el año. Un 13 por ciento de los detenidos no recibió una sola visita en el año. La convivencia es ríspida. El 20 por ciento participó en alguna alteración al orden y el 30 por ciento cometió alguna falta. El 15 por ciento de los presos estuvo alojado en una celda individual hasta 15 días ininterrumpidos al menos una vez en el año. Un centenar de presos intentó quitarse la vida y casi el 10 por ciento sufrió lesiones. Las cifras de superpoblación varían; hay cárceles que parecen estar bien, pero otras tienen excesos desde el 4,2 hasta el 75, el 94,5 o el 172,5 por ciento.

Los datos, en fin, tienden a confirmar que la cárcel no se ocupa primordialmente de la preparación de los internos para la convivencia, sino de su custodia y sujeción. Y si esto no cambia, por ejemplo, porque creemos que la clave está en construir nuevos establecimientos, o en emular anticipadamente la vivencia penal frente al delito juvenil, es improbable que cambien las prácticas más emblemáticas de la prisión. Aun así, hemos sido capaces de recuperar la alternancia electoral, de aceptar que todo niño merece una asistencia mínima, y de desligar la opción sexual de la aptitud nupcial: tal vez podamos ser capaces alguna vez de abandonar el encierro generalizado como respuesta predominante a la infracción de la ley penal y virar hacia un paradigma de cuidado, de prevención, de solidaridad, apelando a recursos novedosos, no ensayados aún, o siquiera concebidos. Mientras tanto, el video impide la ingenuidad.