3/3/2013

Democratizar la justicia 11/Discurso 3: Vamos por todo



http://www.lanacion.com.ar/1559720-un-plan-orientado-a-ganar-mas-injerencia-sobre-las-causas-judiciales-pendientes


El reciente discurso presidencial estuvo marcado por dichos relevantes y omisiones preocupantes. Los dichos tuvieron que ver, fundamentalmente, con cuestiones judiciales. Las omisiones preocupantes fueron varias: una fue la inflación, y la más importante fue la relacionada con las víctimas de la masacre de Once (la cuestión ferroviaria ofrecería la gran metáfora de su discurso: la Presidenta presentó  números y promesas, pero sin hablar de las personas, del dolor, de la impunidad, de los muertos).
Vayamos a las cuestiones judiciales, que volverán a traernos a la omisión de Once. Por un lado, y en la que sería su primera referencia a la Justicia, la Presidenta sostuvo que los funcionarios debían ser juzgados rápidamente, porque, si no, quedaban en situación vulnerable, sin posibilidad de defenderse. La verdad es la opuesta: los funcionarios públicos cuentan con privilegios extraordinarios, que los colocan en una situación de especial fortaleza.
Ellos, a diferencia del ciudadano común, suelen controlar recursos económicos o coercitivos que los demás no controlamos. Tienen contactos, cuentan con facilidades especiales para responder a sus críticos y gozan de inmunidades especiales, en materia expresiva, de las que todos los demás no gozamos.
Por otro lado, la Presidenta insistió en su queja (persistente en los Kirchner) por las excarcelaciones, y se refirió a los delincuentes que "entran por una puerta y salen por la otra".
Otra vez, su alusión resultó desafortunada, teniendo en cuenta la realidad de nuestras cárceles (que son sobre todo las suyas): ese mundo se distingue por los abusos, la tortura, la prisión de los procesados y las violaciones de todas las garantías.
Por lo demás, y ya puesta a hablar sobre la "democratización de la Justicia", la Presidenta sostuvo que no quería una justicia "corporativa" ni "dependiente de los factores económicos", deseo que enfáticamente compartimos. Se trató, sin embargo, de una referencia curiosa, dado lo que ella (otra vez) omitía. Desde siempre, nuestro país se encuentra afectado por la dependencia política de la Justicia. No hay investigación sobre la justicia argentina que no ponga al tema en primer lugar (recuérdese el gran trabajo del periodista Horacio Verbitsky en Hacer la Corte ). En ese contexto -y más precisamente, en el contexto de su gobierno, que cualquiera recuerda por las brutales presiones que dirigiera a asegurar la impunidad de sus funcionarios- hablar de la dependencia en los factores económicos y omitir hablar de la dependencia política da un serio indicio sobre los modos en que se piensa la reforma judicial.
El discurso que siguió nada dijo, por caso, sobre el mayor acceso de los ciudadanos más pobres a la Justicia. Nada dijo, tampoco, sobre el mayor control ciudadano sobre los jueces. Nada sobre el diálogo institucional entre los poderes, y nada sobre el diálogo posible entre jueces y ciudadanos. Mencionó, en cambio, la posibilidad de elegir popularmente a los miembros del Consejo de la Magistratura (una propuesta aceptable, pero que chirría con un texto constitucional que reclama un equilibrio entre representantes sujetos y no sujetos a la "elección popular").
Habló de la creación de "terceras instancias" -una propuesta que va en dirección contraria a su pretensión de desburocratizar la Justicia, pero en dirección favorable a su pretensión de ganar más injerencia sobre las causas pendientes. Habló luego de reglamentar las medidas cautelares (lo que da cuenta de que la reforma no se pensó en términos de cómo favorecer a los más pobres, sino en cómo terminar su pleito con Clarín), y finalmente aludió a la necesidad de dictar una ley que limite la responsabilidad del Estado en relación con los daños que pueda causarles a los particulares.
De este modo, de la forma más inesperada y menos deseable, la Presidenta terminaba por aludir a la tragedia de Once. Pero en lugar de exigir más responsabilidad y rigor inflexible sobre el accionar estatal, su discurso concluía reclamando menos

22 comentarios:

Lucas dijo...

¿El titular lo pusiste vos o ellos? Tiene cierta desconexión con el contenido.

rg dijo...

en el 90 por ciento de los casos, incluyendo este, mando las notas sin titulo

serocaro dijo...

Roberto, entiendo que el debate sobre democratizar la democracia es complejo, y te digo la verdad me supera y me marea.

Apelando a tu docencia, y si no es mucho pedir, ¿cuáles son los pro y los contra de la democratizar la democracia?

Tengo en mente como forma de discernir esto, la idea de que la bondad de una acción se juzga desde el punto de vista de su intención y desde el punto de vista de sus efectos.

Si entiendo lo que planteás "la idea de democratizar la justicia" es una buen proyecto pero mutatis mutandi se convierte en un instrumento non santo.

Flowy dijo...

Hola Roberto, muchas gracias por tu artículo de hoy. Me quedan inquietudes y dudas dando vueltas en la cabeza; por ejemplo, me interesa conocer tu opinión acerca de cuál sería una alternativa posible para garantizar un mayor acceso de los ciudadanos más pobres a la Justicia. Desconozco el tema y me interesa entender más este punto. ¿la actual restricción de este sector de la población está dada porque por ej no pueden garantizarse "buenos" abogados (y por buenos quiero decir de altos honorarios y/o con influencias)? ¿o cuál es la restricción que sufren/sufrimos? Y también ¿cómo se daría un mayor control ciudadano sobre los jueces? ¿qué opciones tendríamos los ciudadanos para esto?
Y una última pregunta más de curiosa, ¿vas a dar charlas abiertas a la comunidad en el futuro próximo? Porque tengo tantas inquietudes brotando que me parece un abuso mandar el choclo por acá all the time. Muchas thankius. Florencia Lindenboim.

rg dijo...

totalmente a favor de democratizar todo, simplemente que no cualquier cosa a la que le pongan titulo democratizar es democratizar. ponele, limitar la respons del e. no es hacerlo. permitir mas ingreso de los pobres al sist judicial si, pero de eso no se hizo nada. favorecer la condena a los grandes corruptos politicos empresarios si, pero otra vez, de eso nada

Anónimo dijo...

Si, Roberto, Cristina dice algo sobre el mayor control ciudadano sobre los jueces. Lo dice a su manera, para la tribuna, para la militancia gloriosa. Para reafirmarse entre ellos que, ahora se le debe quitar la por hoy última palabra (esta es otra discusión) al poder judicial, al que hay que poner en caja con la “voluntad de las mayorías”, que corporizan ellos mismos claro está. Nada mejor que ir dándole legitimidad democrática al poder judicial. Vamos por todo… Abrazo. Osvaldo.A.

ccmartha dijo...

corría el año ...82 supongo, post malvinas -supongo- cuando comenzaba a hablarse del regreso de la democracia, un profesor de instrucción cívica intentaba explicarnos qué era eso dela democracia, de los diputados de la representación,..intentaba en esos momentos explicarnos del sentido del castigo penal de las cárceles, de cuál es su función y a qué deben propender: a educar, reinsertar restaurar el orden social nunca la venganza nunca sin un juicio justo. Yo alucinando, yo preguntándome ¿de qué habla este tipo? -discúlpeme perdone que lo interrumpa pero de qué cárceles nos habla, pero si todos sabemos lo que pasa allí, es vox pópuli las torturas es vox pópuli las desapariciones, el estado terrorista.
No recuerdo con precisión qué me respondió aquel viejo abogado, buen tipo aclaro, se reía eso sí lo recuerdo: se reía como sorprendido en una picardía, y en un momento tomando impulso respondio a todos los que a esas alturas gritaban como locos vociferaban "el submarino seco" "la toalla mojada"...intentó retomar la cordura y nos dijo -Sí es cierto todo eso que dicen ocurre, es verdad, es una vergüenza, ...yo trato de enseñarles cómo deben ser las cosas, cómo se supone que deben ser.... y las cosas como estan ahora estan mal, no debe ser asi. Pero con el retorno de la democracia esperamos que todo esto se reforme que sea como debe ser que sean las cárceles.
En aquél momento me pareció razonable, el cheque de la democracia al portador diciéndonos como debían ser las cosas. Y qué curioso ¿no? que algunas décadas después me sorprenda el discurso de la presidenta con el mismo silencio acerca de los apremios ilegales, un discurso sobre la justicia...
Y quien pagará ese cheque ahora si no lo hace la democracia? Hablamos de apremios ilegales en plena democracia que existen, que es vox populi que me lo reveló un policía personalmente ante una denuncia por robo -no se preocupe señora aquí les damos, aquí les damos ¿sabe? les damos duro-. Un hombretón de dos metros.
Pero la presidenta en su lugar habla de puertas giratorias y de los pobres funcionarios estresados por el acoso mediático.
Me estoy robando una frase de Martin Luther King aquí lo aclaro, pero qué oportuna. Cuánto nos prometió la democracia y que esperamos todavía: la transparencia en la función pública, la participación ciudadana,...los referéndums aquellos...referendums...que se yo ...nada mas que decir.

Eduardo Reviriego dijo...

ccmartha:
Lo que sucede es que, como buena populista, la Presidenta confunde e identifica a la democracia con el acto electoral, al que considera como un cheque en blanco que legitima, ab initio y ad eternum, el accionar del gobierno.
Debería leer un poco a Claude Lefort o a Pierre Rosanvallon.

andresvas dijo...

Roberto, Verbitzky hace hoy una reseña (obviamente favorable) de la política de justicia del K, si tenés ganas sería bárbaro algún comentario tuyo sobre eso.

rg dijo...

me parece que, a pesar de las lecturas diferentes derivadas de un posicionamiento politico diferente, es un analisis que coincide en mucho con lo que digo, en lo mas relevante: no agarra (la refroma) nada de lo importante en materia de pobreza y violencia estatal, por lo que es dificil de tragar para las victimas de once, cromagnon, la policia...

Anónimo dijo...

RG.

1. Decís que los funcionarios "...gozan de inmunidades especiales, en materia expresiva...". ¿A qué te referís?

2. Más allá de eso y que la mayoría son reformas politicas (y legítimas) o que es falso que la Acordada sobre Ganancias derogue la Ley vigente, es indiscutible que las cautelares contra el Estado por temas patrimoniales (si el E no persigue un cobro que te lleve a la cesación de pagos o similar, o afecte derechos coletivos) son INDEFENDIBLES.
Y siendo legítimo aplicar una regla procesal a un proceso en trámte, en la causa Clarín hay sentencia definitiva por lo que es muy dudoso que se vaya aplicar la eventual reforma.

3. La elección popular de los Consejeros es audaz y plausible. El debate formal de su constitucionalidad no la afecta como propuesta de democratización profunda que debería entusiarmar al progresismo.

4. Todo lo que falta (discutir la formación e ideología de los jueces, la función de los jueces, el respeto de estos por los intereses nacionales y las decisiones del Congreso, el acceso a la justicia de los pobres, el sistema penal para los que roban algo más que una gallina, etc. etc.) hay que porponerlo y exigirlo... pero no sumarse a la doctrina conservadora y reaccionaria que defiende el status quo en el Poder Judicial.

Tito

rg dijo...

tito, hace 20 anios que escribo y hablo sobre democratizacion de la justicia, no como otros recien llegados al tema, que son los que han logrado que tengamos la justicia que tenemos, mientras siguen embolsando
(las inmunidades son, por caso, las inmunidades parlamentarias para expresarse con maxima amplitud)

Anónimo dijo...

RG,

Inmunidades en libertad de expresión. Durante la gestión CFK se universalizó la inmunidad en temas de interés público pues: a) se derogaron calumnias e injurias y, b) solo quedaba el daños y perjuicios en temas de valoración donde la CS parece haber tomado la doctrina de USA (fighting words) en "Quantin c/Cherasny" y "Benedetti c/Cherasny".

Solo quedaría ver si, c) en "Canicoba c/Acevedo" (donde el CELS y ADC son amicus) la CS ratifica que la libertad de expresión es para criticar a todos los funcionarios, AUN LOS JUECES... o corporativamente establece que se puede criticar a todos, MENOS A LOS JUECES (los de la coronita ¿no?).

Si ratifica que se puede criticar a todos, aun a los jueces, me parece que no habrá inmunidades especiales para los legisladores (nunca hubo para el PEN o sus ministros), sino pareja para todos la libertad de expresión.

Será un éxito colectivo para festejar, ¿no? Caso contrario, al revés de lo q decís, el privilegio será... DE LOS JUECES; no de los políticos.

Tito

pdta. no sos el único que lucha por una justicia más democrática; como buen kantiano o hegueliano-marxista concidís en que el debate de ideas es mejor que el de curriculums (no al maester dixit!).

rg dijo...

no se de que hablas. dije una cosa objetiva: no me presenten a los funcionarios publicos como martines perseguidos por la prensa que deben ser protegidos, porque son los que mas privilegios tienen, de diferente tipo, como toda la jurisprudencia argentina y mundial acepta. o sea que no me corran con eso. los funcionarios merecen mucha menos proteccion, no mas consuelos y beneficios. los que necesitan amparo son otros, pero hoy estan siendo torturados en las carceles de la nacion

Anónimo dijo...

¿cómo de qué hablo? Dijiste que los funcionarios tienen privilegios en libertad de expresión ("...gozan de inmunidades especiales, en materia expresiva...") y te demostré que hoy NO HAY TAL PRIVILEGIO por la ley q despenaliza calumnias e inj. y la doctrina de la CS en "Quantin", y que solo falta que la CS declare que se puede criticar a los jueces en "Canicoba".

Ahora, si querés hablar de otros privilegios como tener influencia, no ir presos (porque los jueces no los encarcelan), es otro tema, pero que "...gozan de inmunidades especiales, en materia expresiva..." es incorrecto. Nada más.

En temas de interés público TODOS tienen iguales obligaciones, derechos e inmunidades para criticar y ser criticados. Solo falta el fallo que diga que los jueces pueden ser criticados.

Tito

pdta, ese prvilegio de inmunidad de palabras de los parlamentarios, bien entendido, para mi es el derecho de la crítica a los funcionarios o a la libertad de expresión en temas de interés. ¿Por qué antes era solo de los parlamentarios? Porque eran quienes hacían política, pero en el s xx y xxi la democracia de masas exige que todos puedan usarlo. Y así parece que se consolida.

rg dijo...

no, tienen privilegios de diverso tipo, lo cual es simplemente verdadero, y ademas inmunidades que les permiten expandir su capacidad expresiva. y el punto de fondo se mantiene absolutamente inamovible: contra lo que dijo la presidenta, ellos no deben ser tratados como victimas, sino como personas que merecen un escrutinio mayor y mas severo y mas permanente. la estructura de medios que estan armando (gran novedad la de hoy, otro gran logro del afsca a favor de la concentracion de la palabra en empresarios amigos) viene barbaro para tal fin

Anónimo dijo...

en ese sentido es obvio que tienen privilegios, y los jueces más aún.

a lo que la presidenta refirió, para mi -mezclando justicia para la masa y los jueces como factor de poder- no fue que los funcionario son "víctimas" sino a una lucha de poder, que en su proceso de acumulación los jueces penales pisan los expedientes como una forma de presionar a los políticos... lo que es bastante obvio.

achiracosmica dijo...

"lo que la presidentase refirió" tantos exégetas que tiene el poder! y tan pocos para los des-poderados!

Anónimo dijo...

Roberto G

ACUERDO con vos en la “aceptabilidad” de la elección popular de los miembros del CM, y creo aún que es una medida “elogiable” y “prometedora” desde distintas lecturas democráticas. No sólo porque abre una nueva instancia de participación ciudadana a través del sufragio, y confiere al electorado una facultad hoy reservada a las corporaciones de magistrados, académicas y colegiales (lo que parece más acorde con el espíritu de la Constitución de 1819). Sino además porque se enriquecería el debate público acerca del modelo de justicia y de jueces al que aspiramos individualmente y como sociedad, debate que bien podrá incluir los criterios acerca de la corrección o incorrección de la conducta de los jueces, y acerca de la evaluación de los méritos que deben ostentar los aspirantes a la magistratura. Pero, más interesante aún resulta que esta discusión también puede abarcar aristas relacionadas con el control de constitucionalidad. La riqueza del debate dependerá, en todo caso, de las “promesas de campaña” que formule cada candidato a consejero, promesas que también pueden incluir el grado de permeabilidad que esperamos de nuestros magistrados ante la pobreza y la desigualdad.

DESACUERDO en la “chirriadura” de esta medida con el texto constitucional. Creo que no hay tal cosa, y que la elección popular de jueces, abogados y académicos para que integren el CM es compatible con la constitución. Tu interpretación del párr. 2º del art. 114 CN parece un tanto forzada. La distinción que trazas entre representantes sujetos y no sujetos a la elección popular es un tanto superficial, y no arroja luz respecto de la viabilidad constitucional de la medida. Creo que esta distinción se refiere, no al procedimiento para adquirir la calidad de consejero, sino al procedimiento para adquirir las calidades de los sujetos que están en condiciones de ser consejeros, que no es lo mismo. Resulta entonces obvio que hoy no es jurídicamente posible adquirir la condición de juez o de abogado por elección popular. Pero, una vez adquiridas tales calidades, no hay obstáculo constitucional para que la calidad de consejero se adquiera mediante el sufragio del electorado.
Podemos plausiblemente entender que del hecho que el enunciado del art. 114, 2º párr., se refiera a la “representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular” no se sigue que los representantes de los jueces y abogados no puedan ser también electos popularmente. No es algo que la constitución desaliente ni proscriba. Y, puesto que tampoco especifica el procedimiento para que éstos sean consejeros, no hay obstáculo constitucional para que el Congreso regule tal cuestión, por caso, a través del sufragio popular.
No es necesario justificar la ausencia de chirriadura respecto de las personas del mundo académico y científico, a merito del propio texto.

CG

Anónimo dijo...

Roberto

ACUERDO con vos en la “aceptabilidad” de la elección popular de los miembros del CM, y creo aún que es una medida “elogiable” y “prometedora” desde distintas lecturas democráticas. No sólo porque abre una nueva instancia de participación ciudadana a través del sufragio, y confiere al electorado una facultad hoy reservada a las corporaciones de magistrados, académicas y colegiales (lo que parece más acorde con el espíritu de la Constitución de 1819). Sino además porque se enriquecería el debate público acerca del modelo de justicia y de jueces al que aspiramos individualmente y como sociedad, debate que bien podrá incluir los criterios acerca de la corrección o incorrección de la conducta de los jueces, y acerca de la evaluación de los méritos que deben ostentar los aspirantes a la magistratura. Pero, más interesante aún resulta que esta discusión también puede abarcar aristas relacionadas con el control de constitucionalidad. La riqueza del debate dependerá, en todo caso, de las “promesas de campaña” que formule cada candidato a consejero, promesas que también pueden incluir el grado de permeabilidad que esperamos de nuestros magistrados ante la pobreza y la desigualdad.

DESACUERDO en la “chirriadura” de esta medida con el texto constitucional. Creo que no hay tal disonancia, y que la elección popular de jueces, abogados y académicos para que integren el CM es compatible con la constitución. Tu interpretación del párr. 2º del art. 114 CN parece un tanto forzada. La distinción que trazas entre representantes sujetos y no sujetos a la elección popular es un tanto superficial, y no arroja luz respecto de la viabilidad constitucional de la medida. Creo que esta distinción se refiere, no al procedimiento para adquirir la calidad de consejero, sino al procedimiento para adquirir las calidades de los sujetos que están en condiciones de ser consejeros, que no es lo mismo. Resulta entonces obvio que hoy no es jurídicamente posible adquirir la condición de juez o de abogados por elección popular. Pero, una vez adquiridas tales calidades, no hay obstáculo constitucional para que la calidad de consejero se adquiera mediante el sufragio del electorado.
Podemos plausiblemente entender que del hecho que el enunciado del art. 114, 2º párr., se refiera a la “representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular” no se sigue que los representantes de los jueces y abogados no puedan ser también electos popularmente. No es algo que la constitución desaliente ni proscriba. Y, puesto que tampoco especifica el procedimiento para que éstos sean consejeros, no hay obstáculo constitucional para que el Congreso regule tal cuestión, por caso, a través del sufragio popular.
No es necesario justificar la ausencia de chirriadura respecto de las personas del mundo académico y científico, donde el texto es mas claro.

CG

Anónimo dijo...

Creo que si el texto dice que los consejeros son representantes de los abogados, jueces o mundo académico, pareciera decir -por imperio del principio por el cual los representantes deben ser electos por quienes seran sus representados- que el sufragio puede ser realizado pero entre los abogados, jueces e integrantes del mundo académico.
El resto de los ciudadanos participan los la elección de los legisladores que uego integrarán el Consejo. Lo que podría hacerse es que los partidos políticos aclaren de antemano -para que lo sepan los electores- quienes serán designados en el Consejo de la Magistratura, a los fines de que todos sepamos que figuritas políticas irán a integrarlo.
NO NOS OLVIDEMOS NUNCA QUE A LOS JUECES LOS ELIGE EL PODER POLÍTICO, NO LOS ABOGADOS NI LOS JUECES ENTRE SÍ. LA INCIDENCIA DE ÉSTOS ÚLTIMOS EN LA SELECCIÓN ES CASI REDUCIDA A CERO (NI VETO TIENEN).

Adrián dijo...

Ahora no te hacen un juicio por calumnias e injurias, directamente te prenden fuego en cadena nacional por opinar algo contrario a lo que piensa el Gobierno y luego casualmente cae la Afip.