Asignación por hijos no es lo mismo que ingreso ciudadano

Muy buen comunicado, muy iluminador, de la red de ingreso ciudadano en la Argentina
http://www.ingresociudadano.org/

LA ASIGNACIÓN POR HIJO
Y EL INGRESO CIUDADANO

REDAIC
Red Argentina de Ingreso Ciudadano

El reciente Decreto de creación de la llamada “Asignación Universal por Hijo para Protección Social” ofrece un conjunto de aspectos positivos que es preciso destacar.
En primer lugar, el reconocimiento implícito de la urgencia de atender una realidad social, cuya gravedad no permite imaginar solución mediante el simple “derrame” del crecimiento económico y el empleo.
Segundo, cabe presumir que la puesta en marcha de la asignación tendrá impactos positivos en muchos de los hogares que padecen situaciones de indigencia y de pobreza; impactos derivados tanto de la ampliación de la cobertura de los planes asistenciales actuales –a los que se supone que viene a reemplazar-, como también por el incremento del valor monetario que brindan hoy algunos de estos programas.
Es destacable también que se avance en reconocer a grupos de trabajadores/as informales el derecho a percibir un beneficio hasta ahora limitado a asalariados formales y contribuyentes del impuesto a las ganancias.
Al mismo tiempo, el decreto ofrece varias limitaciones y falencias que consideramos necesario señalar como contribución a la reflexión y a un debate racional. El decreto instituye un programa asistencial focalizado de concepción y alcance superiores a los vigentes, pero de manera alguna clausura el debate respecto de un ingreso ciudadano universal e incondicional. Al contrario, esta medida debiera entenderse como un paso más hacia la concreción de un concepto que, afortunadamente, en los últimos tiempos ha alcanzado una destacable dimensión, tanto en el ámbito académico, como en los movimientos sociales y los partidos políticos.
Desde la perspectiva del ingreso ciudadano a la niñez, el titular es el niño y no sus padres, y rige para todo el universo de los niños. En el programa anunciado, el derecho está en cabeza del padre o madre y no es universal, por cuanto no cubre la totalidad de niños/as del grupo etario definido: los menores de 18 años.
Básicamente, la normativa excluye a los hijos/as de trabajadores informales cuyo ingreso sea superior al salario mínimo, vital y móvil (cuestión, además, de muy difícil determinación), a los monotributistas registrados (salvo el monotributo social) y a las embarazadas, al tiempo que fija un tope al beneficio que habrá de cubrir hasta 5 hijos. Una proporción destacable de los niños/as que resultan excluidos corresponden a hogares vulnerables.
Por otra parte, el programa no revierte la actual segmentación de beneficios, que hace que los niños tengan un “valor” distinto según la condición laboral o el nivel de ingreso de los padres. Incluyendo el “valor” transferido a través de las deducciones impositivas por “cargas de familia”.
La segmentación también se manifiesta en el desigual alcance de los derechos de los niños/as. Por ejemplo, el subsistema no contributivo que acaba de instrumentarse reconoce como único beneficio una asignación monetaria por hijo, mientras que el subsistema contributivo de las asignaciones familiares contiene un espectro más amplio de derechos: embarazo, nacimiento, adopción, ayuda escolar. Precisamente, la noción de un ingreso ciudadano propicia la integración de los sistemas de transferencias de ingreso, incluyendo la indispensable modificación tributaria para garantizar la equidad. Los criterios son: simplicidad operativa, transparencia y eficacia para evaluar los impactos redistributivos.
Otro punto de discrepancia con los principios del ingreso ciudadano es el carácter punitorio atribuido a las condicionalidades de educación y salud del programa: quien no las cumpla pierde el beneficio. La responsabilidad por el incumplimiento es de los padres, pero quien resulta castigado por la suspensión de la asignación es el niño/a. Por el contrario las propuestas de ingreso ciudadano para los niños propician la condicionalidad desde otra perspectiva: detectar problemas, asistir a las familias y procurar que los niños asistan a la escuela o tengan la debida atención sanitaria, pero nunca cancelando el beneficio.
Hay también otros interrogantes típicos del paradigma del asistencialismo focalizado: se trata de las dificultades para gestionar los límites difusos entre formalidad e informalidad, desocupación e inactividad, o la comprobación de los ingresos familiares. Problemáticas que abren canales a la arbitrariedad del poder administrador y mecanismos informales para acceder al beneficio, situaciones que potencian los riesgos del clientelismo y la discriminación.
Por último, pero no menos importante, se plantean interrogantes en cuestiones referidas a la sustentabilidad del financiamiento, por la ausencia de medidas tributarias que al mismo tiempo que logren captar recursos mejoren la equidad contributiva.
No nos cabe duda de que el positivo camino iniciado debe continuar con un sereno estudio en el Congreso y la promulgación de una Ley que garantice la continuidad de esta política como una política de Estado, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Protección Integral del Niño y el Adolescente, y de los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución.

11 de noviembre de 2009