Ocupación de tierras y decisión judicial

La historia contemporánea de la judicialización de los derechos sociales cambió a partir de una decisión judicial, que se produjo a partir de...la ocupación de tierras (y un contexto bastante similar al argentino).

La decisión citada apareció en Sudáfrica, en el caso "Grootboom." El caso involucró a Irene Grootboom y otros ocupantes de tierras en la provincia de Western Cape. Dada las condiciones de vida cercanas a la miseria, y las varias inacciones indebidas del Estado (los ocupantes, como en la Argentina, habían aplicado por vivienda pública, sin suerte y sin respuestas públicas, durante muchos años), los protagonistas del caso comenzaron a ocupar tierras de propiedad privada. El propietario de los terrenos llevó el caso a los tribunales en diciembre de 1998, y el tribunal resolvió la remoción de los ocupantes. Sin embargo, los ocupantes decidieron permanecer en su lugar, y por ello el Estado avanzó contra ellos, destruyendo muchas de las casillas instaladas, en mayo de 1999. Finalmente, el caso llegó a la Corte Constitucional, en mayo del 2000, a partir de la demanda de los ocupantes, que citaron en su favor algunas cláusulas de la Constitución sudafricana, referidas a las obligaciones del Estado para tomar medidas legislativas razonables para asegurar la realización progresiva del derecho a la vivienda digna (sec. 26 de la Constitución), y a los derechos de los niños a contar con un lugar que los abrigue (sec. 28).

En su histórica -a la vez que simple y modesta- decisión, la Corte Constitucional sudafricana se preguntó si eran razonables las medidas tomadas por el Estado en la ocasión, a los efectos de hacer aplicable la sección 26 citada. En su conclusión, dijo que el Estado NO había cumplido con sus obligaciones de asegurar vivienda digna a los residentes. Afirmó también que, dado que el programa de viviendas estatal no contenía disposiciones destinadas a aliviar la suerte de los apelantes, sus respuestas no podían considerarse razonables. Él estaba obligado, en cambio, a proveer la "infraestructura legislativa y administrativa" capaz de asegurar el acceso a la vivienda "en una base coordinada y programática, sujeta a los recursos disponibles". LA CORTE CONDENÓ LA REMOCIÓN DE LOS OCUPANTES que, conforme sostuvo en su opinión, se había llevado a cabo en forma que violaba las obligaciones constitucionales del Estado. La Constitución -mantuvo la Corte- "obliga al Estado a actuar positivamente para mejorar (las condiciones de vivienda" de los grupos desaventajados" (igualito que la Constitución nacional argentina y la Constitución de la Ciudad).

La decisión fue mundialmente conmovedora (para citar una pequeña anécdota, luego del caso, Cass Sunstein cambió décadas de pensamiento propio en la materia, y adoptó una posición más favorable al "enforcement judicial" de estos derechos sociales). La justicia demostró entonces que:

a) la ocupación de tierras no era un mero caso de derecho civil/derecho de propiedad, que debía concluir con la tradicional exclusión a la fuerza de los ocupantes
b) el poder judicial tenía mucho por decir y hacer en la materia
c) lo declarado socialmente por la Constitución no era "mera poesía"
d) se podía tomar una decisión judicial pro-activa sin imponerle un plan al legislativo, u ocupar su lugar (y así violar sus limitaciones, en términos de lo que puede hacer, dada su restringida legitimidad democrática)

Allora?