Trivializar la protesta social, trivializar el derecho penal

Mediante su fallo de ayer, la Cámara Federal de San Martín volvió a rodear de un halo delictivo a los cortes de calles. Con la pretensión de estar más alertas a argumentos en contrario, los camaristas dijeron que quienes protestaban tenían otros medios a su disposición (por ejemplo -cito- "el reparto de panfletos en las cabinas de peaje"). De este modo, los jueces quisieron anticiparse a la crítica habitual de los procesados: "cortamos porque no teníamos otra." Agradecemos mucho a los jueces su esfuerzo argumentativo, pero lo cierto es que su respuesta inscribe el fallo en la habitual tradición judicial de arrogancia y hostilidad hacia la protesta callejera.

Por lo demás, y como suele ocurrir, la realidad es inversa a lo que dicen quienes dicen el derecho. En efecto, los que protestaban sí buscaron alternativas a su protesta. Fueron los camaristas, en cambio, quienes no buscaron, como debían haberlo hecho, alternativas a su propia respuesta (la que en los hechos dieron).

Así, quienes protestaban no optaron por la versión más agresiva del corte de ruta, sino que cortaron media calle, permitiendo el paso (más lento, en ese tramo) de vehículos (dos carriles quedaron habilitados para el tránsito, mientras que otros dos quedaron bloqueados). Es decir, los manifestantes sí buscaron alternativas de protesta menos dañosas para los terceros. Por lo demás, y contra lo que suponen los jueces, SIEMPRE hay alternativas a cualquier conducta que hagamos (por lo cual es inaceptable que funden su fallo en que los manifestantes "tenían alternativas". Insisto, siempre las hay). La cuestión no es ésa, entonces, sino si la alternativa del caso es equivalente, en su efectividad, para el fin propuesto (recuperar derechos que el Estado injustificadamente deniega). Para ejemplificar lo que digo: no sería sensato, por caso, que cuando disparo y hiero a alguien en legítima defensa, un juez me diga "usted pudo saltar del segundo piso, tal vez rompiéndose la cabeza. Usted TENIA alternativas al disparo". Tenía alternativas, pero también llevaban a que yo terminase gravemente herido. Del mismo modo, sería ridículo decirle a un grupo político que "proteste pero no en la Plaza de Mayo, porque me la ensucia y hay turistas." O "hágalo pero sobre el Riachuelo." Otra vez, SIEMPRE hay alternativas, pero la justicia no debe trivializar la cuestión, como lo ha hecho, para decir que procesa a algunos porque pudieron haber actuado de otro modo: eso SIEMPRE se puede decir. Los jueces no debieron ingresar así a la cuestión, y mucho menos cuando lo que está en juego, por parte de los manifestantes no es, meramente, el deseo de "Expresar" un agravio, sino la pretensión legítima de obtener reparos frente un agravio relacionado con el incumplimiento de deberes por parte del Estado -incumplimiento que nos habla de una consecuente violación de derechos fundamentales por parte de éste.

Quienes sí tenían alternativas a mano, y no las consideraron, fueron los jueces. Son ellos quienes, sabiendo que el uso de la coerción penal puede aceptarse, en todo caso, sólo como "ultima ratio," decidieron procesar a quienes protestaban, en lugar de utilizar las decenas de alternativas con las que contaban (justificar, excusar, reprochar con medios alternativos al derecho penal, conciliar, dialogar, expresar el reproche estatal sin castigar...). Por ello es que son ellos -y nos los procesados- los que deberían dar(nos) explicaciones acerca de este acercamiento superficial, irresponsable, injusto entonces, al empleo de la violencia estatal.